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Rechaza Sala Superior del TEPJF petición de Diputados de la 4T



Lunes 10 de Agosto de 2020 8:35 am

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Remite a la Sala Regional Toluca la solicitud de juicio de protección de derechos político-electorales


La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que le corresponde a la Sala Regional Toluca resolver el juicio para la protección de los derechos políticos electorales promovido por siete Diputados locales, que se oponen al crédito autorizado al Gobierno Estatal.
El pasado 5 de agosto, los magistrados resolvieron el expediente SUP-JDC-1631/2020. 
El 13 de julio de 2020, siete diputados locales presentaron la demanda de juicio ciudadano para controvertir la realización de las sesiones públicas ordinarias 11 y 12, y solicitaron que se emitan medidas de protección por actos de violencia política.
Se trata de los legisladores de Morena, Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, así como las petistas Mayra Yuridia Villalvazo Heredia y Ana Karen Hernández Aceves.
Por mayoría, los integrantes de la TEPJF aprobaron el acuerdo que señala que los legisladores refieren agravios, porque la sesión 11 fue virtual, pese a haber sido convocada para ser presencial, y la sesión 12 se dio de forma presencial en un recinto diverso al legislativo. Fue cuando se aprobó el crédito de 740 millones de pesos solicitado por el Ejecutivo.
El acuerdo establece que la Sala Regional de este Tribunal con sede en Toluca, Estado de México, es competente para conocer y resolver el medio de impugnación, y se le remitió el expediente para que resuelva lo que conforme a derecho corresponda.
También emitieron tres medidas de cautelares, aunque aclararon que no están prejuzgando el fondo del asunto ni la certeza de la existencia de las pretensiones.
La primera, se ordena al Congreso del Estado de Colima que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia en perjuicio de las personas promoventes.
La segunda, que las personas señaladas como responsables y cualquier miembro del Congreso local deberán abstenerse de impedir a la parte actora el ingreso a las instalaciones legislativas, sea el acceso presencial o virtual.
La tercera se ordena al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia u obstrucción en perjuicio de los promoventes.
Dieron de plazo a las autoridades responsables para que, dentro del plazo de 24 horas a partir de la notificación del acuerdo, rindan a este órgano jurisdiccional un informe sobre el cumplimiento que den a las medidas cautelares otorgadas.
Indica que las medidas otorgadas estarán vigentes hasta que la Sala Regional Toluca asuma el conocimiento del asunto y se decida, conforme a sus atribuciones, sobre las medidas solicitadas por la parte actora.

Elena DEL TORO



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