Casa de subastas pone a puja documentos fundamentales para entender la Independencia de México
Miércoles 09 de Septiembre de 2020 11:55 am
+ -El Archivo General de la Nación denunció a la casa de subastas Morton ante la FGR por la subasta de documentos que podrían ser Patrimonio Documental de la Nación
El Archivo General de la Nación (AGN) presentó ante la
Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra la casa
subastadora Morton y otras personas que resulten responsables por la probable
comercialización de Patrimonio Documental de la Nación.
A pesar de la denuncia, la subasta se realizó y algunos de
los documentos se vendieron, de acuerdo con los resultados de las pujas.
La subasta inició este martes a las 17:00 h con el nombre de
‘Libros y Documentos sobre la Independencia de México, el Primer Imperio y la
Primera República‘.
El Archivo General de la Nación solicitó a la FGR la
intervención para detener la subasta y decomisar los bienes.
Los documentos en cuestión tratan sobre testimonios de
diversa correspondencia que intercambiaron líderes del movimiento de
Independencia, edictos relacionados con la formación del Primer Imperio
Mexicano y bandos sobre la instauración del gobierno republicano tras el
efímero Primer Imperio, documentos que pueden ser considerados como monumentos
históricos y que adoptan la categoría de Patrimonio Documental de la Nación.
Aclaró que bajo este entendido, independientemente de quién
tenga la posesión, no se puede lucrar con este tipo de documentos; aunque
particulares pueden poseer y custodiarlos para su preservación.
El AGN advirtió que la casa de subastas podría incurrir en
otra falta al no informar sobre la intención de poner a la venta documentos
históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional.
La Ley General de Archivos establece en su artículo 77 que
el AGN debe ser informado cuando se realicen o se tenga la intención de
realizar traslados de dominio de documentos históricos de interés público, y en
caso de omitirse dicha notificación, el AGN podrá anular la transacción o, en
su caso, solicitar la expropiación de dichos documentos.
“Resulta indispensable que se dé cuenta al Archivo General
de la Nación sobre dichos movimientos, con el propósito de que el AGN esté en
condiciones de identificar probables actos constitutivos de tráfico ilícito de
patrimonio documental de la nación, ya que realizar la transferencia de
propiedad o posesión de estos bienes considerados patrimonio documental de la
nación constituye un delito conforme al artículo 121, fracción II de la Ley
General de Archivos“, manifestó la institución.
