ONG ve manipulación de evidencia en caso de brutalidad policial en Nuevo León
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Martes 29 de Septiembre de 2020 9:10 pm
+ -Policías habrían asesinado a dos albañiles y lesionado a tres por negarse a una revisión. Defensores de los derechos humanos dicen que es producto del racismo y clasismo.
Agrupaciones
defensoras de la población indígena y migrante exigieron una investigación
imparcial y transparente de la muerte a balazos de dos indígenas de la
comunidad Tenek a manos de elementos de Fuerza Civil, pues advirtieron
aparentes intentos de manipulación de evidencias para exculpar o atenuar el
castigo a los presuntos responsables.
Los
activistas por los derechos humanos señalaron que el ataque es producto del
clasismo y racismo que padece en la entidad la población indígena migrante y
exigieron una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del Estado,
Aldo Fasci Zuazua, por declarar que estaba "enojado porque un pleito de
borrachos terminó en la muerte de dos personas", mostrando una total falta
de sensibilidad para desempeñar el cargo. En el presunto ataque también
resultaron lesionadas otras tres personas.
Carmen
Farías, en representación de la agrupación Zihuame Mochilla (Mujeres con
esperanza), y Galileo Hernández Reyes, de Procuración y Justicia Étnica,
recalcaron que los elementos de Fuerza Civil que ultimaron a balazos por la
espalda a Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez, integrantes
de la comunidad indígena Tenek, de Aquismón, San Luis Potosí, actuaron con
total incumplimiento de los protocolos que se supone que conocen, pues su
capacitación cuesta mucho al estado.
Farías agregó
que es totalmente inadmisible que los policías estatales mataran y lesionaran a
los albañiles, que habrían incurrido en una falta administrativa que amerita un
arresto de 36 horas, mientras convivían pacíficamente en el interior de una
quinta en la colonia Los Cristales al sur de Monterrey donde realizaban
trabajos de construcción y supuestamente se negaron a una revisión.
A su vez
Hernández Reyes expresó que el hecho es altamente preocupante porque podría ser
indicativo de que los efectivos de Fuerza Civil actuaron de esa forma porque
pensaron que estaban en un lugar solitario y el uso arbitrario y excesivo de la
fuerza no se iba a conocer, por lo que tal vez estén presentándose casos
similares que terminan en ejecuciones extrajudiciales en lugares donde no hay
testigos.
Carmen Farías
expuso que los familiares de los dos albañiles que murieron acribillados y de
los tres heridos, además de exigir justicia con castigo a los culpables y
reparación de daños, están solicitando donación de sangre para Venancio
Santiago Margarito, guía de turistas certificado en el Sótano de las
Golondrinas, en Aquismón, San Luis Potosí, que había llegado a Monterrey hace
dos semanas, por falta de trabajo en su tierra natal, ya que no hay visitantes
debido a la pandemia de Covid-19.
Asimismo,
Farías y Hernández Reyes señalaron que los familiares están batallando para que
se les de atención en el Hospital Universitario porque carecen de recursos
económicos, por lo cual demandaron que el gobierno estatal a través de la
Secretaría de Seguridad Pública se haga cargo de los gastos médicos y los que
resulten por la agresión registrada el pasado 26 de septiembre.
Galileo Hernández
dijo sospechar que las autoridades manipulan evidencias para proteger a los
agresores, pues mientras el lunes afirmaron que un policía había reaccionado en
forma indebida y realizó trece disparos, hoy señalaron que fueron dos los que
dispararon por la espalda.
El defensor
de derechos humanos comentaron que la policía municipal "hace un
despliegue alarmante" los fines de semana en la alameda Mariano Escobedo,
en el centro de Monterrey, un lugar donde se concentra la población indígena
migrante. Reclamaron que "ahí se requiere una policía cercana a la gente,
no elementos militarizados que andan robando a los compañeros".
"Hay
muchos testimonios y denuncias. Ya queremos que acabe esto porque están
ocasionando pérdida de vidas", dijo Hernández.
Carmen Farías
destacó que, detrás de estos incidentes, hay un tema de racismo y de clasismo.
"Lo
vemos de manera continua en este y otros hechos. La ciudadanía denuncia
revisiones injustificadas por la apariencia, el color de piel y según el lugar
donde se encuentren", dijo.
El
representante de Procuración y Justicia Étnica recordó que el 11 de mayo de
2011, cinco indígenas otomíes, coincidentemente también albañiles, fueron
acribillados a balazos, al ser confundidos con miembros del crimen organizado
cuando se transportaban en una modesta camioneta al regresar de su trabajo.
En principio,
las autoridades estatales informaron a los deudos que un comando de sicarios
los confundió con integrantes de un grupo contrario, pero a 40 días del
asesinato no les habían permitido acceso al expediente para saber si las balas
que los privaron de la vida eran efectivamente de civiles armados o de fuerzas
de seguridad.
Al final, los
familiares de los otomíes originarios de Santiago Mexquititlán, Querétaro,
pidieron a las organizaciones que los apoyaran para exigir justicia, que por
favor ya no insistieran en eso, porque habían recibido amenazas de muerte,
aunque tal vez ahora sea momento de retomar el caso.
Galileo
recalcó que por lo pronto se mantendrán atentos y vigilantes porque este nuevo
ataque contra la comunidad indígena migrante no quede impune.
En la rueda
de prensa donde se exigió justicia y transparencia sobre la agresión a los
cinco indígenas de la comunidad Tenek, estuvieron también Gloria Zapata, en
representación de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y Celestina
Francisca Hernández Magdaleno, de la comunidad náhuatl de Veracruz, quien
trabaja en la Zihuacalli Casa de las Mujeres Indígenas en Monterrey.
