Incumplen gobiernos con acciones para erradicar violencia de género: UNAM
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Sábado 12 de Diciembre de 2020 3:37 pm
+ -El estudio de la UNAM señala que no se han cumplido recomendaciones emitidas por organismos internacionales desde 2018; se ha politizado el delito de feminicidio, lamenta el estudio
Las
autoridades federales, estatales y municipales incumplen con las
recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW son sus siglas en inglés), en
materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres.
Así lo determinó
el Informe Sombra Cedaw 2020 que se dio a conocer el pasado jueves y fue
elaborado en coordinación por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
con la Red Nacional de Alertistas, integrada por solicitantes y promoventes de
17 estados del país.
Tal documento
recuerda que en 2018, México recibió una serie de recomendaciones del CoCEDAW,
respecto al cumplimiento de medidas y acciones como la Alerta de Violencia de
Género, vigente en varios estados, entre ellos Colima.
Ese año, se
determinó que en nuestro país se debía tipificar el feminicidio en todos los
códigos penales, agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas,
mitigar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo
forzoso.
Además se
pedía de evaluar el mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de
garantizar la coordinación de las dependencias federales, estatales y
municipales.
Dos años
después de las recomendaciones, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la
UNAM y la Red Nacional de Alertistas, elaboraron el Informe Sombra CEDAW
Intermedio, en el que se recopiló y se sistematizó información correspondiente
a sus estados.
Los hallazgos
de dicho estudio realizado por catedráticas y activistas en materia de
violencia de género señalan que “el Estado mexicano no solo no ha cumplido con
la homologación del feminicidio, lo ha politizado”.
Abundan que “los principales obstáculos que se encontraron en la aplicación del tipo penal de feminicidio y del Protocolo de Investigación incluyen asimetrías legislativas, así como dificultad en la reclasificación de los homicidios dolosos como feminicidio”.
Destacan en
su informe que en los casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas
con el crimen organizado, generalmente no son considerados casos de
feminicidios.
Refieren que
“el Estado mexicano tampoco ha cumplido con la simplificación y armonización en
las entidades federativas de los procedimientos de activación del Programa
Alerta AMBER y el Protocolo Alba, ni con la agilización de la búsqueda de las
mujeres y niñas desaparecidas”.
Mencionan que
a pesar de que las 17 entidades analizadas, entre ellas Colima, cuentan con los
mecanismos del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, éstos no son
aplicados de forma correcta en ningún estado de la República.
Lo anterior,
debido a que la activación de las fichas de búsqueda tarda hasta las 72 horas
luego de ocurrida la desaparición; también enfatizan que falta difusión, actualización y de seguimiento a
las investigaciones, no existen campañas de información sobre la activación de
los protocolos y no hay coordinación en la aplicación efectiva de los
mecanismos.
El estudio
subraya que “el Estado mexicano ha incumplido con la recomendación de
garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ya que no hay una coordinación
en los tres planos de gobierno”.
Precisa que
no hay ninguna participación de los municipios en dicho mecanismo de
protección, ya que existe desconocimiento de los funcionarios públicos respecto
a las acciones que corresponden a los gobiernos locales.
También se
encontró que en la mayoría de las entidades revisadas no existe una
armonización entre los Programas y Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres a nivel estatal y municipal.
De igual
forma se detectó que “no existe un mecanismo que permita que las acciones y
programas se mantengan con los cambios en el gobierno municipal, cada tres
años”.
“Además no
existe una plena coordinación de los tres poderes de gobierno y organismos
autónomos, para garantizar políticas públicas con perspectiva de género que
hagan efectivo el derecho de una vida libre de violencia para niñas y mujeres
de nuestro país”, dice el informe.
También
refiere que no se ha garantizado la participación de organizaciones no
gubernamentales en los esfuerzos por erradicar la violencia de género, además
de que falta información sobre la situación que guarda la violencia feminicida
en los estados donde no se aceptó la Alerta de Violencia de Género.
En general,
el informe concluye que “las recomendaciones vinculantes emitidas por el
CoCEDAW no han sido cumplidos en su totalidad por el Estado mexicano, se
observa una falta de compromiso y responsabilidad con los gobiernos federal,
estatal y municipal, así como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
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