Revela estudio que gobiernos incumplen con acciones para erradicar violencia de género

Domingo 13 de Diciembre de 2020 7:16 am

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Señala el documento que no se han cumplido recomendaciones emitidas por organismos internacionales desde 2018; se ha politizado el delito de feminicidio, lamenta el estudio

En México, las autoridades federales, estatales y municipales incumplen con las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cocedaw son sus siglas en inglés), en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres.
Esto lo revela el Informe Sombra Cedaw 2020 que se dio a conocer el pasado jueves y fue elaborado en coordinación por la Cátedra Unesco de derechos humanos de la UNAM con la Red Nacional de Alertistas, integrada por solicitantes y promoventes de 17 estados del país.
En 2018, México recibió una serie de recomendaciones del Cocedaw, respecto al cumplimiento de medidas y acciones como la Alerta de Violencia de Género, vigente en varios estados, entre ellos Colima.
Ese año, se determinó que en nuestro país se debía tipificar el feminicidio en todos los códigos penales, agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, mitigar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.
Además, se pedía evaluar el mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar la coordinación de las dependencias federales, estatales y municipales.
Dos años después de las recomendaciones, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM y la Red Nacional de Alertistas, elaboraron el Informe Sombra CEDAW Intermedio, en el que se recopiló y se sistematizó información correspondiente a sus estados.
Los hallazgos de dicho estudio realizado por catedráticas y activistas en materia de violencia de género señalan que “el Estado mexicano no solo no ha cumplido con la homologación del feminicidio, lo ha politizado”.
Abundan que “los principales obstáculos que se encontraron en la aplicación del tipo penal de feminicidio y del Protocolo de Investigación incluyen asimetrías legislativas, así como dificultad en la reclasificación de los homicidios dolosos como feminicidio”.
Destacan en su informe que en los casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado, generalmente no son considerados casos de feminicidios.
Refieren que “el Estado mexicano tampoco ha cumplido con la simplificación y armonización en las entidades federativas de los procedimientos de activación del Programa Alerta Ámber y el Protocolo Alba, ni con la agilización de la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas”.
Mencionan que a pesar de que las 17 entidades analizadas, entre ellas Colima, cuentan con los mecanismos del Programa Alerta Ámber y el Protocolo Alba, éstos no son aplicados de forma correcta en ningún estado de la República.
Lo anterior, debido a que la activación de las fichas de búsqueda tarda hasta las 72 horas luego de ocurrida la desaparición; también enfatizan que falta difusión, actualización y de seguimiento a las investigaciones, no existen campañas de información sobre la activación de los protocolos y no hay coordinación en la aplicación efectiva de los mecanismos.
El estudio subraya que “el Estado mexicano ha incumplido con la recomendación de garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ya que no hay una coordinación en los tres planos de gobierno”.
Precisa que no hay ninguna participación de los municipios en dicho mecanismo de protección, ya que existe desconocimiento de los funcionarios públicos respecto a las acciones que corresponden a los gobiernos locales. 
También se encontró que en la mayoría de las entidades revisadas no existe una armonización entre los Programas y Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a nivel estatal y municipal.
De igual forma se detectó que “no existe un mecanismo que permita que las acciones y programas se mantengan con los cambios en el gobierno municipal, cada tres años”.
“Además no existe una plena coordinación de los tres poderes de gobierno y organismos autónomos, para garantizar políticas públicas con perspectiva de género que hagan efectivo el derecho de una vida libre de violencia para niñas y mujeres de nuestro país”, dice el informe.
También refiere que no se ha garantizado la participación de organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos por erradicar la violencia de género, además de que falta información sobre la situación que guarda la violencia feminicida en los estados donde no se aceptó la Alerta de Violencia de Género.
En general, el informe concluye que “las recomendaciones vinculantes emitidas por el Cocedaw no han sido cumplidos en su totalidad por el Estado mexicano, se observa una falta de compromiso y responsabilidad con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

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