Rechazan en Quintana Roo reducción de zona federal marítimo terrestre
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Miércoles 05 de Mayo de 2021 8:47 pm
+ -Empresas del sector turístico y organizaciones civiles en materia de seguridad solicitaron a la Cámara de Diputados escuchar a especialistas sobre las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales que busca ampliar 10 metros las playas marítimas
Una treintena
de empresas del sector turístico y organizaciones civiles en materia de
seguridad se pronunciaron en contra de las reformas a la Ley General de Bienes
Nacionales que reducen a la mitad la zona federal marítimo terrestre para
ampliar 10 metros las playas marítimas, lo que impacta negativamente a 165
municipios costeros en 17 entidades de México y solicitó a la Cámara de
Diputados legislar bajo parlamento abierto para escuchar a especialistas,
científicos, autoridades e iniciativa privada.
En un
desplegado publicado en periódicos impresos en Quintana Roo, el Consejo Consejo
Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), la Coparmex, la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias (AMMJE), la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI), Asociados Náuticos, la Canadevi, la Barra de Abogados,
organizaciones como Cancún Observa o México SOS, entre otros, reclamaron al
senador quintanarroense, José Luis Pech Várguez, el haber impulsado la
iniciativa, sin mediar consulta alguna.
El 29 de abril
pasado, por mayoría de votos, el Senado de la República aprobó el dictamen que
propone reformar los artículos 7 y 19 de la Ley General de Bienes Nacionales
(LGBN), para efectos de reducir la zona federal marítimo terrestre de 20 a 10
metros, con la finalidad de ampliar la superficie de la playa marítima 10
metros más y que sea transitable libremente y sin reservas, lo que para Pech
Várguez se traduce en "decir adiós a la privatización de playas".
"Lo que no se ha dado cuenta usted, por no conocer el problema de fondo,
es de que las playas -en el caso de Quintana Roo- han sido tomadas por la
delincuencia y el comercio informal, quienes son los que limitan y usufructúan
con esa denominada restricción de la libertad del disfrute de las playas",
cuestionaron.
Ocurre que,
desde más de una década, en playas de Quintana Roo, especialmente en destinos
como Cancún, el crimen organizado se ha ido apoderado de espacios de playa no
concesionados para colocar sombrillas y camastros en renta, camas de masaje,
motos acuáticas u otras actividades recreativas e incluso a usurpado el propio
espacio de las concesiones formales.
A ello se
suma la ilegal actuación de algunos hoteles o clubes de playa que acordonan lo
que asumen como "su playa" e impiden o dificultan el libre tránsito y
disfrute para cualquier persona, en algunos puntos específicos de las
playas.
Ambas
situaciones dieron pie a un espectacular operativo realizado el siete de abril
en Playa Gaviota Azul, mediante el cual la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Fiscalía General
del estado y policías locales, desmontaron mobiliario que obstaculizaba e
invadía ilegalmente la zona federal marítimo terrestre concesionada a
particulares y retiraron el acordonamiento montado por el club de playa del
Mandala, que impedía el libre tránsito.
Los empresarios y organizaciones civiles y de seguridad celebraron el
operativo como una primera acción contundente, tendiente a reponer el orden en
las playas de este destino.
A casi un mes
de aquello, en el desplegado antes citado, reclamaron que la iniciativa de
Pech, que se tradujo en un dictamen aprobado en el senado, no se tomó en cuenta
que al reducir a la mitad la zona federal marítimo terrestre, disminuirá a la mitad
la recaudación por el uso, goce y aprovechamiento de esa faja de 20 metros.
Esto impactará negativamente la recaudación de los municipios y la obtención de
los recursos que financian la vigilancia, inspección, limpieza, conservación y
protección de las playas.
"Tampoco
sabe Senador Pech, que los concesionarios son quienes realizan la vigilancia y
mantenimiento de las playas, las que aun cuando son un bien nacional. El
gobierno federal no destina ningún recurso para la realización de estas tareas
y con esto aún se va a agravar más. ¿Conoce usted qué recursos destina la
Semarnat y la Profepa para esto? Seguramente no", reprocharon.
La semana
pasada, en el pleno del Senado, el legislador federal admitió que, al menos en
lo que están vigentes las concesiones actuales no habrá impactos financieros
para los municipios, porque debido a que la ley no es retroactiva, hay un
transitorio que establece que la reducción de la zona federal les aplicará
hasta que tengan que renovar sus concesiones. Cálculos de la organización
México Legal, los primeros impactos financieros se resentirán a través de las
concesiones por ornato, cuya vigencia es apenas de 5 años; mientras que, en las
otras, se dejarán sentir en unos 10 o 12 años, cuando los recursos en pleno
disminuyan a la mitad, de forma uniforme.
Las cámaras empresariales y organizaciones civiles afirmaron que la
iniciativa de Pech, que se vendió como un tema de "justicia social",
busca generar simpatía, sin considerar los problemas financieros a los
municipios, que las playas seguirán a merced de la delincuencia y que se
provocará mayor incertidumbre legal a los concesionarios, entre los cuales se
preparan ya amparos para contrarrestar las reformas aprobadas, hasta el
momento, en el Senado. "Señores diputados del Congreso de la Unión, les
pedimos que escuchen a todas las voces y se reconsidere lo que a nuestro juicio
es un error", concluyeron.
