Detrás de la empresa israelí NSO, desarrolladora del
software Pegasus utilizado para espiar a 15 mil personas en el país, operó una
red de transferencias financieras a través de empresas fachada, que se
extendieron a Israel, Italia y Estados Unidos. En el gobierno de Enrique Peña
Nieto, se pagaron 32 millones de dólares por ese instrumento. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP, expuso que por orden del presidente Andrés Manuel López
Obrador la información recabada en diversas instituciones de la actual
administración, será entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) y el
Sistema de Administración Tributaria (SAT). En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el
mandatario expuso que el espionaje tiene que ver “con el antiguo régimen, fue
un distintivo del régimen neoliberal. Que bueno que se ventile este asunto
porque fue un gran negocio de las empresas y de los funcionarios.” El tabasqueño recordó que en su etapa de opositor, allá por
1990 se reunió con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios en
su oficina de Bucareli. Observó una fuente de agua, escuchó música y vio
-también- una caseta telefónica blindada, para evitar la intercepción de las
llamadas de aquel. Y entonces dijo con ironía, hay que desarrollar una
tecnología “para que no puedan escuchar”. En su turno, Santiago Nieto describió que alrededor de los
contratos que firmó Tomas Zerón -hoy escondido en Israel, pues pesa sobre él
una orden de extradición de la autoridad mexicana-, con la empresa israelí NSO
se desplegó una amplia operación financiera, cuyos recursos del pago con
recursos del gobierno mexicano, recalaron en cuentas de esa corporación en
Israel, Italia y Estados Unidos. Así participaron empresas fachada como KBH Track, y Balam
Seguridad, y detrás de ellas Proyectos y Diseños MCE, Grupo Comercial Micra,
Constructora del Centro Bajío y Coordinadora de Imagen y Servicios
Estratégicos. El funcionario también expuso que para la operación de
actividades de espionaje en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto, se establecieron contratos a sobre precio para beneficiar a la operadora
del sistema de escuchas por montos de 5 mil 915 millones de pesos y 7 mil 96
millones de pesos.
