Piden frenar juicio a mujeres participantes de marcha del 8M
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Viernes 23 de Julio de 2021 8:33 pm
+ -Activistas denuncian que son víctimas de acoso; reciben el respaldo de Araceli Osorio. En sus redes sociales, la ONU México recordó que está prohibido criminalizar las manifestaciones
El jueves se
realizó la audiencia contra dos mujeres que son procesadas por participar en
las pintas que se realizaron durante la marcha del 8 de marzo, por lo que un
grupo de féminas se manifestó afuera de los juzgados del Poder Judicial de
Querétaro, los cuales se encuentran
junto al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto, en
la capital del estado. Durante la
protesta, las manifestantes denunciaron
que han sufrido acoso, por lo cual buscarán se les ingrese al mecanismo de
protección de periodistas y defensoras de derechos humanos.
Al actualizar
la información de los procesos penales, las protestantes aseguraron que ya son
ocho las mujeres a las que se les inició un proceso derivado de su
participación en el 8M, se les responsabiliza de realizar pintas a una maqueta,
ubicada en la Alameda Hidalgo.
Ataques a
feministas Las manifestantes comentaron que dos horas antes de la convocatoria,
al exterior del Cereso, ocurrió un incendio en una óptica del Centro Histórico
en la cual una de ellas labora; los bomberos lo apagaron y tras hacerlo se colocaron
sellos de clausura.
Consideraron
que el siniestro resulta extraño, pues
no existían elementos que se pudieran incendiar, pero en el lugar almacenaban
los elementos que utilizan para el activismo. Lo ocurrido podría formar parte
de un intento para amedrentarlas, al prenderle fuego a su lugar de trabajo.
Las
activistas denunciaron que los procesos penales que se fincaron contra
ocho mujeres se basaron en la
investigación que las autoridades realizaron sobre los videos que circularon en las redes sociales;
además, se les informó que el 9 de marzo la Fiscalía solicitaba conocer
directamente el nombre de quienes participaron en la marcha.
Las
protestantes explicaron que el pasado 7 de abril se giraron las órdenes de
aprehensión contra las procesadas pero hasta junio comenzaron a cumplimentarse;
sin embargo, acusan que a las mujeres se les citó con engaños y se les arrestó
sin darles a conocer los delitos por los que se les acusa; además, las
mantuvieron incomunicadas.
Asimismo,
dijeron que activistas y defensoras de derechos humanos plantean organizarse, a
nivel nacional, contra los procesos penales que se efectúan en el estado de
Querétaro. El respaldo de Araceli Osorio A las manifestantes las acompañó
Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín, víctima de feminicidio en mayo
del 2017, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante el
evento, Osorio Martínez alertó que criminalizar la protesta social es un crimen
de estado.
"Estamos
planteando la organización a nivel nacional, porque no es posible que nosotras
tengamos que estar luchando por nuestros derechos, exigiendo nuestros derechos
encerradas en una prisión", expuso Osorio Martínez.
Coincidió en
solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la
Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra
Mujeres y Niñas (CONAVIM).
Agregó que el
gobierno quiere utilizar a esas mujeres para un escarmiento público y dejar muy
claro su mensaje de que no las quiere en las calles exigiendo sus
derechos.
"No nos
quieren en las calles exigiendo cero tolerancia, no nos quieren en las calles
diciendo que la violencia feminicida no es un asunto aislado, sino que son
crímenes de estado", agregó Osorio Martínez.
Añadió que la
preocupación crece al analizar que en el país se cometen, en promedio, 11 asesinatos de mujeres al día, que existe
resistencia para catalogar las investigaciones como feminicidios y, por tanto,
que están sin atender exigencias tanto de prevención como de justicia.
La ONU México
se pronuncia
La
Oficina del Alto Comisionado de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, se pronunció respecto al proceso penal que se
inició en contra de las queretanas que se manifestaron en marzo.
A través de
sus redes sociales, recordó que criminalizar la protesta está prohibido y llamó
a analizar si la penalización es necesaria para el funcionamiento de una
sociedad democrática. Lo anterior en referencia a que la pena máxima contra las
mujeres podría ser de 9 años en prisión.
"El uso
del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio
del derecho a la protesta mediante el uso arbitrario, desproporcional o
reiterado de la justicia penal en contra de manifestantes por su participación
en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho
de formar parte del colectivo organizador o convocante. Sus efectos son la
sujeción a procesos, de faltas o penales, arbitrarios y prolongados…",
escribió la ONU en la publicación en sus redes sociales.
La
organización consideró que debe analizarse si la utilización de sanciones
penales se encuentra justificada bajo el estándar de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que establece la necesidad de comprobar que la penalización
resulta necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Recordó que
la criminalización de la defensa de los Derechos Humanos busca debilitar los movimientos
sociales y hacer que la población se desista de presentar denuncias por delitos
graves ante la policía.
Particularmente,
expuso su preocupación por la criminalización de las jóvenes que recién inician
en la defensa de los derechos humanos.
"Es de
especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las
cuales recién inician en la defensa de sus #DDHH. Sobre este punto hoy emitimos
un comunicado con las presencias de la ONU-DH en Latinoamérica, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para Libertad
Expresión (CIDH)", precisó.
