Aprueban matrimonio igualitario en Yucatán
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Miércoles 25 de Agosto de 2021 7:17 pm
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Luego de tres
intentos, el Congreso del Estado aprobó el matrimonio igualitario en Yucatán.
Esta reforma
tiene como objetivo replantear los términos: en vez de considerar el matrimonio
como exclusivo "entre un hombre y una mujer", plantea que sea una
"unión entre dos personas".
Entre las
disposiciones aprobadas se establece:
Artículo
Único.- Se modifican los párrafos segundo y tercero del Artículo 94, de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:
El matrimonio
es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica libre y
voluntaria de dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones
para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua.
El Estado
reconoce que es de vital interés para la sociedad que en la unión de dos
personas establezcan límites en cuanto a la edad, salud física y psíquica.
Hace unos
días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había invalidado la
votación con la que el Congreso de Yucatán rechazó la legalización del
matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad, por lo que los
legisladores deberían realizarla otra vez.
En el año
2015, la SCJN declaró que era inconstitucional prohibir el matrimonio a parejas
del mismo sexo por ir en contra del principio de no discriminación, por lo que
la única solución era que los congresos locales modifiquen su legislación.
No obstante,
hay 11 Congresos locales que se han negado a corregir sus códigos civiles y familiares.
Las parejas del mismo sexo que desean casarse en estas entidades solo tienen
como opción demandar un juicio de amparo, para que un juez federal ordene el
matrimonio, caso por caso.
En el año
2019, luego de que el Congreso de Yucatán rechazara una iniciativa para
permitir el matrimonio igualitario, el Colectivo PTFY presentó una demanda de
amparo en contra del Poder Legislativo yucateco por ir en contra de lo señalado
por la SCJN y por incumplir su deber de adecuar su legislación con los tratados
internacionales de derechos humanos.
