Contadores temen por reforma que los lleve hasta la cárcel
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Lunes 04 de Octubre de 2021 3:43 pm
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La reforma al
artículo 52 fracción segunda al Código Fiscal de la Federación (CFF) que
propone castigar con severas sanciones y hasta cárcel por seis años a los
auditores privados que no informen de incumplimientos de los contribuyentes,
afectará gravemente el quehacer profesional, advirtió el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP).
Dichos
cambios se plantean en el proyecto de miscelánea fiscal como parte del paquete
económico 2022 que comenzará a discutirse esta semana la Cámara de Diputados.
Se propone
una nueva obligación para el contador público auditor para que informe al
fisco, a partir del próximo año, cuando un contribuyente o empresa no cumpla
las disposiciones fiscales o cuando lleve a cabo una conducta que pueda
constituir la comisión de un delito fiscal.
"La
omisión de estos de estos casos, puede acarrear severas sanciones al auditor,
que van desde la suspensión por tres años del su registro de contador público
hasta prisión de tres a seis años", advirtió el IMCP.
Acusó que con
esta reforma la autoridad hacendaria transfiere a la contaduría pública una
responsabilidad del contribuyente, que es el que está obligado a implementar el
control interno de su empresa para generar información financiera y evitar
cualquier incumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.
Consideró que
al mismo tiempo se le atribuye al contador de manera errónea, facultades
propias de los profesionistas en derecho, cuando no son abogados.
De aprobarse
esta iniciativa de reforma al CFF, alertó que el contador público que funge
como auditor, perderá la imparcialidad e independencia que se necesita para
elaborar un dictamen fiscal, porque estaría ejerciendo tareas gerenciales
ajenas a su profesión.
"El
contador público no está calificado como perito en el Código Aduanero, lo que
imposibilita cumplir con la labor de detectar incumplimientos de obligaciones
en esta materia", ponderó.
Por lo que
pidió al Congreso de la Unión evitar afectaciones graves al quehacer de la contaduría
pública especializada en auditorías que provocarían injusticias y distorsiones
en el desempeño de su labor profesional.
