Denuncian deforestación de más de 144 hectáreas por el Tren Maya
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Miércoles 20 de Octubre de 2021 8:51 pm
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El Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) ha deforestado más de 144 hectáreas de terrenos
forestales y han abierto caminos y bancos de material sin autorización, como
parte de las obras del mega proyecto Tren Maya, de acuerdo con los resultados
de un sobrevuelo realizado sobre Yucatán, Campeche y Quintana Roo por el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en abril pasado.
El desmonte
de la selva maya, sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales, además de constituir una violación a la ley ambiental mexicana,
contraviene medidas cautelares concedidas por Juzgados de Distrito, derivadas
de juicios promovidos desde enero de 2020 por comunidades indígenas,
campesinas, urbanas y costeras en la región, en reclamo a sus derechos humanos a
la consulta previa, libre e informada; a un medioambiente sano, a la salud y a
la vivienda.
La admisión y
resolución de esos amparos también ha sido obstaculizada por el Poder Judicial
de la Federación, afirmó hoy el Cemda, junto con las asociaciones civiles de
Indignación, Kanan Derechos Humanos, el Consejo Regional Indígena y Popular de
Xpujil (Cripx) y la activista Kalycho Escoffié, quienes advirtieron que se está
contraviniendo el Convenio de Escazú, firmado por el gobierno mexicano, al
negar o dilatar el acceso a la justicia.
En
conferencia de prensa, explicaron que los amparos son diversos y se han
promovido en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y algunos de ellos han
generado suspensiones que han sido desacatadas por el Fonatur.
Entre las
suspensiones obtenidas por el Cemda, está la de las obras que van de Calkiní a
Escárcega; Kanan obtuvo otra, para el tramo en donde se ubican Izamal, Chocholá
y Mérida; y el Cripx, una aplicable para el municipio de Calakmul, por ejemplo.
En otros
casos, después de un año y tres meses de presentadas las demandas, no han sido
admitidas, pues los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro.
Uno de estos
amparos transitó de los juzgados de la Ciudad de México a Campeche y de ahí,
una parte se envió a Quintana Roo y a Yucatán, pretextando que esos juzgados no
podían conocer del asunto y correspondía resolver a otro juzgado.
Cuando se
definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura federal -a petición
de Nacional Financiera- decidió en julio pasado que todos los asuntos
judiciales relacionados con el Tren Maya serían vistos por el Juzgado Primero
de Distrito, localizado en Mérida, Yucatán, y no en las entidades en donde
radican las personas afectadas.
Para Xavier
Martínez Esponda, director técnico operativo del CEMDA, es extraño que Nacional
Financiera, que no forma parte de los litigios, haya hecho la solicitud de
concentrar los juicios relacionados con el Tren en un solo Juzgado y, más aún,
que el Consejo de la Judicatura lo admitiera y aceptara.
Las
implicaciones de ese acto, estriban en que a más de un año de presentados los
amparos, se sigue a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen a ese
juzgado para tener una admisión completa de la demanda, generando una situación
de denegación de justicia, ahondó.
También se
han presentado pruebas periciales, solicitud de medidas cautelares y
ampliaciones de demanda, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de
Distrito se haya pronunciado.
"Esta
situación hace evidente que el Poder Judicial de la Federación se está
limitando a sí mismo en su actuar, en violación al estándar fijado por el
Acuerdo de Escazú", indicó Martínez Esponda.
Proyecto
Tren Maya no es solo un tren
El Tren Maya
-recordaron- forma parte de un plan de reordenamiento, que rebasa la simple
construcción de un ferrocarril, cuya ruta cruza cinco estados -Campeche,
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán- impactando más de 14 mil hectáreas de
la región.
Además de la
renovación de 547 kilómetros de vías existentes, se construirán nuevas vías en
otros mil kilómetros para el paso de un ferrocarril de pasajeros y de carga; se
edificarán estaciones de tren, dos libramientos carreteros y nueve centros de
población.
Los riesgos
de la magna obra van desde la deforestación de dos mil 500 hectáreas de selvas
húmedas y secas, pasando por conflictos sociales derivados de la tenencia de la
tierra en 53 por ciento de la ruta del Tren Maya, situada sobre terrenos
ejidales e impactos en Áreas Naturales Protegidas (ANPs), expusieron las organizaciones.
También la
pérdida y fragmentación del hábitat, atropellamiento y bloqueos de paso de
fauna, así como generación de ruido que afectará particularmente la orientación
de murciélagos en Calakmul, localidad de Campeche que verá agudizado el
desabasto de agua y resentirá la presión en su zona arqueológica, debido al
aumento de visitantes, de 40 mil en la actualidad a 3 millones, según el
cálculo del propio Fonatur.
Deforestación
ilegal
El conjunto
de obras que integran el proyecto -que sigue modificándose- requiere de una
serie de autorizaciones que el Fonatur obtuvo y se han judicializado o que ni
siquiera ha tramitado o conseguido, aun cuando los trabajos ya iniciaron.
El argumento
del Fondo es que las obras han iniciado en los derechos de vía ya adquiridos o en
tramos en donde solo se desarrollan trabajos de rehabilitación.
Sin embargo,
el Cemda logró documentar en dos sobrevuelos realizados en Yucatán, Campeche y
Quintana Roo -el 24 y 25 de abril- la deforestación de 144 hectáreas de
cobertura vegetal, sin la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat)
Las imágenes
tomadas se contrastaron con imágenes satelitales del 2020, lo que permitió
cuantificar el daño, relató Aarón Siller, del Cemda-Sureste. Se observó además
la apertura de caminos y de bancos de materiales pétreos en la zona.
El activista
agregó que la propia Semarnat al dar respuesta a solicitudes de información,
precisó que las zonas impactadas "no cuentan con permisos de cambio de uso
del suelo en terrenos forestales vinculados al proyecto Tren Maya".
Lo anterior
constituye una violación directa al Procedimiento de Evaluación del Impacto
Ambiental (PEIA) contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA), y al derecho constitucional a un medio
ambiente sano, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la
viabilidad de desmontar terrenos forestales.
Los
sobrevuelos arrojaron que el Fonatur sigue trabajando en toda la ruta del
proyecto, realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las
obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los
Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las
comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las
autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al proyecto
Tren Maya.
Desalojos
forzados
Sobre las
violaciones al derecho a la vivienda, Kalycho Escoffié indicó que, aunque se ha
modificado el trazo del proyecto en algunas poblaciones como Campeche y Mérida,
para evitar desalojos, estos persisten de manera forzada en comunidades mayas.
La abogada
especialista en derechos de la vivienda remarcó que, incluso, se está
presionando a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus
terrenos bajo la promesa de recibir casas nuevas, en la mayoría de los casos
sin garantías o convenios que les den certeza jurídica.
"Lo han
nombrado como reubicación, pero es un verdadero desalojo forzado; se les
hostiga y presiona para dejar sus viviendas y renunciar al amparo, si es que lo
hay", sostuvo.
