Gobierno de Puebla mantiene acoso contra prensa crítica
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Jueves 18 de Noviembre de 2021 9:20 pm
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El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas inició, el 10 de noviembre, un proceso de hostigamiento administrativo en contra de los medios de comunicación e-consulta, dirigido por Rodolfo Ruíz y El Popular, a través de su directora Carolina Fernández.
Los medios de
comunicación y periodistas recibieron un citatorio, para fines de ejecución de
una auditoría, por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno
de Puebla, misma que les exigía más de 20 documentales desglosadas en un plazo
de 15 días; a e-consulta de los años 2018 y 2019 y para El Popular de 2019
y 2020.
En el
documento se estipula que "el no proporcionar en forma completa, correcta y
oportuna, los informes, datos y documentos solicitados…dentro del plazo
otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del
artículo 85 fracción I del Código citado (Código Fiscal de la Federación), la
cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86 fracción I,
del propio ordenamiento; asimismo se le informa que, en caso de impedimento en
el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá
aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido
Código".
Al respecto,
los artículos citados refieren que, en caso de no suministrar los datos e
informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, la autoridad podrá
imponer sanciones que van desde los 19 mil 350 a los 58 mil 70 pesos; asimismo, podrán
existir medidas de apremio consistentes en solicitar el auxilio de la fuerza
pública, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes, entre otras.
Estos
requerimientos se suman a una serie de acciones que se traducen en acoso judicial y
administrativo, que representa una estrategia de ataques, hostigamiento
y desgaste contra ambos medios informativos y que, además, desde septiembre de
2019 han sido objetos de diversas agresiones, tales como descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos
informativos y agresiones digitales.
De la misma
manera, ARTICLE 19 documentó, durante enero y febrero de 2020, un acoso judicial contra los citados
medios y otros, a través de demandas por daño moral, presentadas por diversas
autoridades del Gobierno de Puebla.
En el caso de
e-consulta el acoso se reproduce por medio de la vía civil, pues se mantienen siete demandas por daño moral en contra del director del medio,
las cuáles se encuentran en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían un total
de 37 millones de pesos en indemnizaciones que pretenden obtener del medio. Es
importante señalar que dichas demandas han tenido en común una misma estructura
de argumentación y un mismo cuerpo de abogados.
Por su parte,
el 4 de noviembre de 2021, se inició una campaña de desprestigio contra
Carolina Fernández, directora de El Popular a quien se señaló públicamente, a través de un medio de
comunicación, que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado
acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para denunciarla por lavado de
dinero. Es importante mencionar que por diversas vías, se ha buscado conocer si
efectivamente existe esta investigación, sin embargo, hasta el día de hoy no se
tiene conocimiento de que la FGE efectivamente tenga abierta una carpeta contra
la periodista. Estas acciones, tienen como objetivo restar credibilidad a la
periodista, además de infundir miedo y censura.
Es importante
mencionar que estos medios han mantenido una postura crítica frente al gobierno
de Miguel Barbosa. Entre los distintos temas que han abordado se ha denunciado
el aumento de actividades de huachicol, así como otros temas relacionados con violencia
y posibles fraudes dentro del gobierno estatal.
Al respecto, ARTICLE 19 recuerda al gobierno de
Puebla que con base en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos
Humanos se establece que se debe valorar que las figuras públicas o
funcionarios públicos deben soportar un nivel de crítica mucho más amplio y en
consecuencia perseguir a la prensa crítica constituye una violación a dicha
obligación.
Por lo
anterior, ARTICLE 19 exige a la
Secretaría de Planeación y Finanzas frenar el hostigamiento administrativo en
contra de los medios de comunicación como represalia por su postura crítica
frente al gobierno encabezado por Miguel Barbosa.
También se
exige nuevamente al gobierno del estado de Puebla, cumplir de su obligación de
garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado, debiendo generar las
condiciones para que esta labor sea realizada de manera segura y libre, sin
obstáculos ni cualquier tipo de coacción. Particularmente, se conmina a la
autoridad local a cesar cualquier estrategia o conducta tendente a desgastar o
paralizar la labor periodística del medio e-consulta y su directora, así como
del medio El Popular y su directora Carolina Fernández.
Finalmente, ARTICLE 19 hace otro exhorto al Poder
Judicial del Estado de Puebla, a aplicar los estándares internacionales y
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en
materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y
resolución de los procesos civiles que por supuesto daño moral se encuentran
abiertos contra el Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta.
