Tras dictar medidas cautelares contra Enrique Alfaro, gobierno de Jalisco acusa violación a sus derechos
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Sábado 11 de Diciembre de 2021 8:32 pm
+ -La administración estatal afirma que las medidas serán atendidas, pero señala que la Comisión de Derechos Humanos sustenta la emisión en 24 supuestas agresiones contra periodistas que nunca fueron notificadas
Después de
que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas
cautelares al gobernador del estado, Enrique Alfaro, por la agresión a una
periodista de los medios de la Universidad de Guadalajara, y diera cuenta de 24
agresiones contra reporteros registradas en este año, el gobierno estatal acusó
a la defensoría de violar sus derechos humanos.
El titular de
la Comisión, Alfonso Hernández Barrón, precisó que las medidas cautelares se
emitieron porque no funciona el mecanismo estatal para la protección de
personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; además, han
detectado 24 agresiones contra periodistas en Jalisco durante 2021, que van
desde descalificaciones hasta hostigamientos y amenazas.
“Esto habla
de una falta de política de estado para garantizar el ejercicio periodístico y
el respeto a la dignidad de la y los periodistas”, dijo.
Recordó que a
pesar de que existen una ley nacional y otra estatal de protección a
periodistas, éstas no se aplican y ni siquiera existen mecanismos de denuncia.
Por su parte,
la administración estatal informó que fue notificada sobre las medidas
cautelares y serán atendidas “con la debida diligencia”, pero señaló que la
Comisión sustenta la emisión de las medidas cautelares en 24 supuestas
agresiones contra periodistas que nunca fueron notificadas al gobierno del
estado, “lo cual constituye una violación flagrante al derecho humano al debido
proceso, en lo relativo a la garantía de audiencia y defensa”.
En un
comunicado, el gobierno de Jalisco desestimó la documentación del organismo
defensor de derechos humanos porque se percató de las agresiones a periodistas
a través de un monitoreo de medios: “es decir, a través de notas periodísticas
(las cuales, legalmente como pruebas solo pueden tener un valor indiciario) y
no a través de quejas formales presentadas por personas que ejercen el oficio
periodístico”.
En opinión de
la administración alfarista, lo anterior es mayormente preocupante porque con
con base en esas notas se afirma que “se denota un patrón de hostilidades
dirigido a minar la legitimidad y condición psicoemocional de quienes ejercen
el periodismo”.
“Es decir,
sin conocer de manera directa los probables casos de agresión contra
periodistas y sin haberlos documentado o si quiera investigado, la Comisión
prejuzga sobre un contexto específico y atribuye responsabilidades sin el menor
sustento legal, lo cual, paradójicamente, constituye una violación a los
derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución”, respondió el
gobierno estatal.
