Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
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Jueves 20 de Enero de 2022 6:21 pm
+ -La FGR detalló que también existe una ficha roja para su detención por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía
General de la República informó que se giró una orden de aprehensión contra
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, además de otras siete
personas, implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
La
dependencia federal detalló que tres de los implicados ya se encuentran
recluidos y que se giró una ficha roja para detener a los otros cuatro,
incluida la conductora y su esposo.
En un
comunicado, la FGR detalló que “a través de la Fiscalía Especializada en
materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en
contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”,
Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible
participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita”.
Agregó que
según la indagatoria los implicados se “coludieron para simular operaciones y
dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y
ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos
recursos”.
La FGR
detalló que “la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e
Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales.
Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo
formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes
realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”.
“Presuntamente
celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando
comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas
y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban;
todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de
ganancias lícitas que eran inexistentes”.
“El siguiente
grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron
ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y
en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús
“P” y Jorge “N”, explicó en un comunicado.
Además,
agregó que con una de las empresas intervenidas, se verificó la recepción de
más de 2 mil 500 millones de pesos. También enfatizó la detección de “dos
contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950
millones de pesos”.
