Peña compró gas para 17 termoeléctricas que nunca existieron
Miércoles 26 de Enero de 2022 12:42 pm
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Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en
cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen,
confirmaron fuentes involucradas en la reunión que sostuvo la secretaria de
Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de
México. Los datos que se dieron a conocer advierten que se realiza
una investigación para saber a quién se suministró el gas comprado y a dónde
fue a parar el capital de la transacción. Las fuentes consultadas aseguran que
la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que
realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Energía del gabinete del presidente Joe
Biden no mostró alguna oposición a la reforma eléctrica, aunque expresó su
preocupación por algunos de los proyectos del plan de desarrollo de energía. Se enteró de que el gobierno de Peña Nieto compró una gran
cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas,
pero nunca las hicieron, porque el negocio era comprar el gas, muy posiblemente
para las empresas de la iniciativa privada. También se puso sobre la mesa la estrategia de quienes desde
las empresas privadas que producen energía eléctrica y que se dicen de
autoabasto, en realidad han hecho un negocio de la venta de energía eléctrica. Granholm expresó durante la reunión dos preocupaciones
principales del gobierno estadunidense, y las señaló, aunque fue muy cuidadosa
al hacerlo. Primero, la reducción de la participación privada de 62 a 36 por
ciento en la generación de la energía, lo que llevaría al cierre de algunas
empresas que podrían ser compradas por la CFE en una transición de tres años.
La adquisición y el periodo de pago no fueron resueltos en la discusión. Algunos observadores establecieron que la “disolución” de
las empresas llamadas de “autoabasto” traería consigo numerosos recursos
legales y paneles de arbitraje, porque al parecer no se pueden disolver las
empresas ya existentes. No obstante, la idea es evitar la simulación, es decir, que
las empresas tengan lo suficiente para el autoabasto, pero sólo para ese
propósito. Esa situación obligaría a disminuir sensiblemente su presencia en el
mercado porque no habría “excedentes” que poner a la venta, como se hace ahora. El segundo tema es el cierre de terminales de almacenamiento
de gasolinas, sin otro motivo (por más válido que sea), que el de reducir
importaciones, lo que se considera, por parte de Estados Unidos, una medida
arbitraria. Estas reglas han sido propuestas, según información de la
secretaria de Energía nacional, Rocío Nahle, bajo el argumento de que en ellas,
en las terminales, hay huachicol. Ese posible cierre, según se expresó en la
reunión, provocaría fuertes pérdidas a las empresas, pues se considera una
acción unilateral sin mayor sustento, y advierten que no tiene sentido porque
ahora Pemex importará gasolina por la compra de Deer Park, como lo hacen otras
empresas. La opinión que han dejado sentir desde Washington es que la
competencia entre las empresas tendría que dar por resultado la permanencia de
unas y otras en el mercado, es decir, dejar a la eficiencia, la subsistencia de
las terminales de gasolina y diésel. Aunque para todos fue muy grato observar
el cuidado de la funcionaria estadunidense al tratar los temas, no pasó
inadvertido para nadie que, cuando menos en esos dos puntos, habrá
discrepancias difíciles de salvar. Por lo demás, todos, los de un lado y otro, están de acuerdo
en que la reforma eléctrica mexicana no será mal vista por el gobierno de
Biden, y consideran muy acertado el establecimiento de un mecanismo en el que
las partes puedan exponer sus razones. Todos serán escuchados, aseguro el
presidente López Obrador. Es posible que muy pronto se dé a conocer qué fue lo que
sucedió con la compra masiva de gas que se utilizaría para 17 termoeléctricas
que nunca se construyeron. Al parecer los datos de las operaciones ya se tienen
pero se espera tener más información y no faltar a los principios legales que
cuidan la secrecía de las investigaciones.
