En 9 años han asesinado a 37 activistas rarámuris en Chihuahua
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Viernes 11 de Marzo de 2022 5:06 pm
+ -Datos de Amnistía Internacional y de Alianza Sierra Madre han desenmascarado una realidad oculta en Chihuahua: el exterminio sistemático de activistas rarámuri en la sierra tarahumara
Datos de
Amnistía Internacional y de Alianza Sierra Madre (ASMAC), han desenmascarado
una realidad oculta en Chihuahua: el exterminio sistemático de activistas
rarámuri en la sierra tarahumara, principalmente en la región conocida como el
triángulo dorado.
Tan solo de
la familia Baldenegro, tres activistas han perdido la vida defendiendo los
bosques tarahumaras, Julián Baldenegro padre, y sus hijos Isidro y hace 4 días
José Trinidad.
La causa, ha
sido identificada como la presencia y control de grupos criminales,
principalmente narcotraficantes, en la explotación forestal, en el desmonte
para la siembra de marihuana y amapola, y la lucha entre los cárteles de la
droga para controlar la zona.
La mayoría de
los homicidios (31), se perpetraron en el municipio de Guadalupe y Calvo, El
Triángulo Dorado, zona de riqueza, impunidad y paraíso para los
narcotraficantes.
ASMAC, ha
seguido de cerca su activismo en este municipio tarahumara, y ha revelado que
no solamente los narcotraficantes asedian a los rarámuri, sino que también
políticos y caciques locales para desarrollar el turismo, la ganadería o la
minería.
“Choréachi
(Guadalupe y Calvo), es una comunidad rarámuri del estado de Chihuahua, México,
sin reconocimiento legal del Estado sobre la propiedad de su territorio
ancestral. Un grupo de personas mestizas de la comunidad vecina busca el
control de la zona, con violencia consistente en homicidios, amenazas con armas
de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, violación de mujeres,
desplazamiento forzado”.
Añade que las
autoridades tienen conocimiento de la problemática desde 2013 y que desde marzo
de 2017 existe una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) para que se implementen medidas de protección a la comunidad, sin que a
la fecha se haya atendido adecuadamente”.
Desde finales
del 2021 y lo que llevamos de este año, el éxodo de cientos de habitantes de
este municipio ha sido constante, a tal grado que la policía estatal, apoyada
por la Guardia Nacional, han escoltado y protegido a los migrantes para que no
sean masacrados en su huida.
El dato más
grave, es que, en solamente 9 años, 37 activistas han sido asesinados a tiros,
porque se oponían al despojo, al desplazamiento forzado, a la tala ilegal y la
explotación de sus bosques.
En acciones
recientes en este mes de febrero, la Fiscalía del Estado reportó el
aseguramiento de pinos cortados y trasladados ilegalmente.
La impunidad
ha generado incluso un tipo de moderna esclavitud. Por ejemplo, en julio del
2019, la Fiscalía del Estado dio a conocer el rescate de 21 hombres que habían
sido esclavizados dos años en el municipio de Ocampo, para labores de siembra
de amapola. Eran alimentados con agua, harina y frijoles y dormían en cuevas,
vigilados, amedrentados y golpeados por sus captores.
Un hombre de
33 años fue rescatado el pasado mes de enero en la comunidad de Yoquivo, del
mismo municipio de Ocampo, donde fue obligado a trabajar en campos de cultivo
de narcóticos desde octubre del 2021
Sin embargo,
la violencia asesina por el control y explotación ilegal de los bosques
tarahumaras, se ha concentrado en el municipio de Guadalupe y Calvo, justo en
la zona conocida como El Triángulo Dorado, donde convergen las regiones más
agrestes de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Amnistía
Internacional lleva una cuenta de 36 activistas indígenas asesinados, la
mayoría en Guadalupe y Calvo, a la que se suma la más reciente, el 7 de marzo,
de José Trinidad Baldenegro.
La lista de
activistas indígenas asesinados por los narcos empieza en 2013, con Jaime Subía
Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en Choreachi, Guadalupe y Calvo.
Le siguen en
2014, Ayala Ramos, Irineo Meza Solís; en 2015 Santiago Quiñones Cruz, Cresencio
Molina de Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo, en 2016, y ese mismo año
Elpidio Torres, Víctor Carrillo Carrillo, Guadalupe Carrillo Polanco, Julián
Baldenegro; en 2017, Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Alberto Quiñones
Carrillo.
En 2018
Francisco Chaparro Carrillo y Julián Carrillo Martínez. El siguiente año fue
asesinada Otilia Martínez Cruz, Cruz Soto Caraveo y en el 2020 Juan Zamarón
Torres y Antonio Montes Enríquez, en el municipio de Bocoyna.
Alianza
Sierra Madre consignó en uno de sus comunicados, que “la inseguridad y
violencia que prevalece en la Sierra Tarahumara a raíz del combate al narcotráfico
emprendida por el expresidente Felipe Calderón en el 2006 y adoptada por el
actual presidente Enrique Peña Nieto en el 2012, ha dejado un saldo de muerte,
desolación y desplazamiento forzado de familias”.
Ante esta
violencia de asesinatos, desplazamientos forzados, destrucción de propiedades y
despojo, la respuesta de la Fiscalía de Chihuahua ha sido un lacónico, “hay
operativo permanente coordinado con Sedena, ese sigue desde hace un mes, más o
menos”, según declaración de Enrique Rodríguez.
