El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, dijo que la propuesta de 3 por ciento de incremento salarial es inadmisible. Informó que están abiertos al diálogo para encontrar un acuerdo en la negociación del incremento salarial. Al dar su posicionamiento respecto al acuerdo que signaron Gobierno del Estado y Ayuntamientos para la revisión salarial de trabajadores, acusó que con este acuerdo intergubernamental están “sacrificando” a los trabajadores para cubrir el quebranto financiero. Añadió que con eso se deja de lado la investigación, el enjuiciamiento y la acción resarcitoria sobre quienes hayan sido los verdaderos responsables del quebranto de las arcas estatales. “Nosotros estamos para construir acuerdos, esta negociación salarial concluirá cuando se llegue a un convenio, así lo establece la Constitución, la Ley Burocrática Federal, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores”, afirmó. Insistió en que lucharán por un salario digno y en el caso que se les haga una propuesta formal de incremento salarial de manera integral, “será sometida a consulta de los 3 mil 347 agremiados al STSGE”. Flores Castañeda expresó que la consulta será de manera libre y secreta para que “emitan a favor o en contra de la propuesta de incremento salarial y por supuesto de este ejercicio será notificada la titular del Poder Ejecutivo y los titulares de los poderes y el TAE”. Apuntó que los agremiados del STSGE serán responsables de que el incremento se ajuste a los alcances y proyecciones que se tienen en la Ley de Ingresos en el Presupuesto de Egresos del Estado. Sobre una fecha de cuándo se hará la consulta, respondió que será de 10 a 15 días después de haber recibido la propuesta de parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Añadió que en caso de no llegar a un acuerdo, se mantendrán abiertos al diálogo haciendo contrapropuestas hasta lograrlo. Advirtió que no están descartadas algunas otras acciones, sin embargo, la línea será el diálogo. Finalmente, aclaró que ninguna de las acciones que asuman por acuerdo en el Sindicato será en contra o por encima de la ciudadanía a la que se deben como gremio.
Como un insulto calificó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados la propuesta de incremento salarial de 3 por ciento, acordado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y los 10 alcaldes de la entidad. La Federación solicitó al Congreso del Estado un exhorto para que el Poder Ejecutivo y los representantes de los municipios paguen los adeudos que tienen con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos porque están en riesgo las jubilaciones de los burócratas. Lo anterior, durante una reunión que sostuvieron ayer líderes sindicales de diversos municipios y organismos descentralizados con los diputados Héctor Magaña Lara, Crispín Guerra Cárdenas, Jesús Dueñas García, Roberto Chapula de la Mora y Miguel Ángel Galindo Barragán. En el encuentro, al que no asistió ningún diputado de Morena, los trabajadores que forman parte de la Federación de Sindicatos expusieron diversas inquietudes sobre la situación laboral que impera en la entidad, debido al impago de diversas prestaciones. Los dirigentes burócratas pidieron la realización de mesas para analizar y reformar la Ley de los Burócratas aprobada por la anterior legislatura, por considerar que está causando perjuicio a los trabajadores sindicalizados. En su pliego de demandas a los diputados locales, la Federación instó a que se revise el trabajo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, debido a que existen denuncias penales en contra de exalcaldes por el desvío de recursos de las cuotas de los trabajadores, pero ninguna ha prosperado. El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alama, consideró “una mentada de madre” que el Gobierno del Estado y los alcaldes hayan determinado el incremento salarial de hasta el 3 por ciento, cuando la inflación superará el 7 por ciento. Manifestó que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha desplomado y en el caso de Colima, los burócratas no recibieron el incremento laboral desde 2018. “A muchos no les alcanza lo que están ganando y eso afecta la economía del estado, porque no hay circulación de dinero”, dijo. Pidió a los diputados revisar la nómina de los Ayuntamientos para que se percaten que la mayoría de los recursos se destinan a contrataciones que hacen las nuevas administraciones y no a los trabajadores de base. También solicitó la intervención de los legisladores para que se revise el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, “nosotros tenemos demandas penales en contra de Héctor Insúa, Leoncio Morán Sánchez y un juicio político y nada ha pasado”. Refirió que hace unos días, con la actual administración capitalina, presionaron para que el tesorero entregara al Ipecol 9 millones de pesos; “estamos hablando de que en esa administración, la deuda llegó a casi 53 millones. Lo que pedimos es que se inhabilite a los alcaldes que han hecho uso indebido del dinero de los trabajadores”. Por su parte, el integrante del sindicato de Tecomán, Alejandro Flores López, sostuvo que siempre se ha querido poner a los burócratas como los malos y los que ponen en riesgo las administraciones, “pero que se revisen las nóminas y que se vea dónde se está yendo el dinero”. Añadió que “nosotros hemos visto que llegan presidentes municipales con deudas y salen como prósperos empresarios, con caballos pura sangre y metidos en los negocios portuarios o inmobiliarios”. Mientras que la lideresa sindical de Comala, Irma González Pedraza, consideró urgente la intervención del Poder Legislativo para revisar la Ley de Pensiones y la Ley de los burócratas, “porque nos dijeron que la Ley de Pensiones garantizaría el pago de las pensiones y ahora vemos que eso está en riesgo”. Recordó que en los últimos 3 años, se adeudan poco más de 500 millones de pesos a Ipecol, “hay municipios que no llegan ni al 37 por ciento del cumplimiento”. Precisó que “en la Ley de Pensiones se estableció del adeudo que se tenía con la antigua dirección de pensiones por 980 millones de pesos, ese dinero tendría que estar en las cuentas institucionales, pero también tendríamos que saber dónde quedó el dinero”, dijo. En el mismo tenor se pronunció la secretaria general del Sindicato de Villa de Álvarez, Teresa Ramírez Guzmán, quien alertó que el consejo de Ipecol no ha sesionado desde enero, cuando la ley marca que deben hacerlo cada mes. “Tenemos listas de compañeros que están a la espera de su jubilación y pensión y no se sabe cuándo sesionarán. Creemos que esta situación es porque el instituto ya tiene problemas para pagar pensiones”, dijo. Los diputados locales que asistieron al encuentro se comprometieron a establecer una agenda de trabajo para revisar las demandas de los sindicatos. El diputado Roberto Chapula de la Mora sentenció que un primer paso será revisar las denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción.
Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA/ Hugo VELÁZQUEZ ROQUE
