La presentación del dictamen correspondiente a diversas reformas constitucionales en materia de revocación de mandato en Colima fue frenado por diputados integrantes del Congreso del Estado. Tal dictamen, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos, estaba enlistado entre los documentos a presentarse en la sesión del martes pasado, sin embargo, a última hora ya no fue incluido en el orden del día. El dictamen, todavía disponible en la página oficial del Poder Legislativo, avala los términos propuestos por la bancada de Morena en la iniciativa presentada el 4 de abril, para realizar ese ejercicio ciudadano en el estado de Colima. Sin embargo, a diferencia de esa iniciativa, el dictamen que se presentaría el martes y fue retirado, no contempla que el primer ejercicio de revocación de mandato se realice hasta la mitad del sexenio 2027-2033. El dictamen recuerda que en Colima ya se había aprobado la revocación de mandato en 2019, antes de que se instaurará a nivel nacional, por la que muchas disposiciones locales están desfasadas. Añade que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión establece, en uno de sus artículos transitorios, la obligatoriedad de que las legislaciones estatales se armonicen con el texto federal. “Por ese motivo, es necesario que en Colima se adecue nuevamente la Constitución, incorporando preceptos que no habían sido incluidos en la reforma de 2019”, menciona. Así, la fracción de Morena en el Congreso local propone que se modifiquen los artículos 16, 18, 52, 55, 86 y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Precisa el documento que la consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo en el estado será convocada por el Instituto Electoral del Estado (IEE), a petición de al menos el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (actualmente equivalente a unas 55 mil personas). La consulta se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del gobernador en turno. Agrega que la consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos, 90 días después de la convocatoria emitida por el IEE y en una fecha no coincidente con las jornadas electorales federales o locales. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, debe haber una participación de al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, equivalente a 220 mil personas. En caso de que se revoque el mandato del titular del Poder Ejecutivo, asumirá provisionalmente el cargo quien se encuentre al frente de la Secretaría General de Gobierno. Precisa que el Congreso del Estado, en un plazo máximo de 30 días, nombrará a quien concluirá el periodo constitucional por una mayoría de votos de los presentes. Señala el dictamen que la propuesta para el nombramiento deberá ser presentada por el grupo parlamentario del gobernador o gobernadora que falte. El cuarto de los artículos transitorios de la iniciativa original especifica que el ejercicio de revocación de mandato “podrá efectuarse a partir de la gobernadora o gobernador electo para el periodo 2027-2033”. Sin embargo, el dictamen que se presentaría en la sesión del martes ya no incluye dicho artículo transitorio, dado que solamente existe hasta el numeral tres en este apartado del documento. DEMANDA CIUDADANA ANTE EL TEE Los diputados integrantes de la 59ª Legislatura aprobaron diversas reformas constitucionales para establecer en Colima la figura de la revocación de mandato para el Poder Ejecutivo. Tales modificaciones fueron publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Colima, el 18 de mayo de 2019, estableciendo un periodo de 6 meses para emitir una ley reglamentaria. Sin embargo, ya no se realizó ninguna adecuación legal, a pesar de que a nivel federal fue aprobada la enmienda constitucional y la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato. Por ese motivo, el ciudadano Romualdo García Mejía promovió ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) un juicio para la defensa ciudadana electoral, en el que se queja por la omisión del Congreso del Estado en la adecuación de las normas locales a la norma federal en materia de revocación de mandato. Tal recurso fue interpuesto desde el pasado 28 de marzo en el órgano jurisdiccional y fue el 20 de abril cuando los magistrados lo admitieron para su análisis de fondo y admisión resolutiva.
