Gobierno de Colima presentará denuncias por irregularidades en manejo del crédito por 740 mdp
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Viernes 06 de Mayo de 2022 6:53 pm
+ -Consejero Jurídico expuso avances del tema de basificados, Insuvi y otras denuncias
Roberto Rubio
Torres, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en Colima, dio a conocer que en
los próximos días se presentará una denuncia sobre irregularidades detectadas
en montos ejercidos en el crédito que el Congreso del Estado aprobó a la
anterior administración estatal por 740 millones de pesos, con los que se
atenderían temas de seguridad (C5i), salud y la remodelación del Palacio de
Gobierno, pues se analizan diversas irregularidades.
Durante los
“Diálogos por la Transformación” que encabezó la gobernadora, Indira Vizcaíno
Silva, este viernes en Manzanillo, el Consejero Jurídico expuso que se están
haciendo cruces de información entre Planeación, Finanzas y Administración, y
C5i, recabando elementos de prueba, “de los cuales se advierten irregularidades
en montos ejercidos; que en próximos días daremos a conocer a detalle, porque
se estará presentando la denuncia correspondiente”.
Dijo que se
ha privilegiado recabar la mayor información posible y no presentar denuncias
sólo por presentarlas, sino que tengan sustento sólido, se corrobore la
situación que se señala y no vayan a quedar impunes las actuaciones que en su
momento llevaron a cabo diversas personas; “vamos con paso firme para evitar
cualquier revés jurídico y evitar que la impunidad vuelva a nuestro estado”,
puntualizó.
Rubio Torres
explicó el seguimiento a diversos temas que fueron denunciados y acciones por
parte de la Consejería Jurídica, apoyada por personal técnico de la propia
administración estatal, para detectar irregularidades y establecer las acciones
que correspondan.
Recordó que
el pasado 10 de diciembre se presentaron diversas demandas de nulidad de un
convenio en el que se basificaba de manera irregular 227 trabajadoras y
trabajadores de la anterior administración estatal y derivado de ello se
presentó denuncia ante la Contraloría General del Estado y ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
En
cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se
analiza caso por caso de cada una de las y los trabajadores, qué funciones
realizaban y cuál era su actividad al interior del gobierno, antes de que
surgiera esta irregularidad por parte de la anterior administración.
“Ya hay muchos trabajadores (80) que se han
reincorporado a la administración en los cargos que venían desempeñando, ya sea
por contrato o confianza, y algunos de ellos todavía están tramitando los
procedimientos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), los cuales se ha
gestionado su celeridad; de los que fueron dados de baja, la mayoría ha estado presentando
sus demandas de reinstalación y será el propio TAE el que establecerá si la
administración estatal actuó conforme a legalidad o si ellos tienen la razón;
es un tema que compete sólo al tribunal”, señaló.
El
funcionario detalló que se han hecho gestiones con el propio tribunal, para que
agilice los procedimientos; en su momento, por una estrategia se esperó a que
fueran vencidos los plazos, para que ellos pudieran presentar su demanda, a fin
de conocer qué acciones están entablando “y que nosotros también pudiéramos
solicitar la acumulación de esas demandas a las que nosotros presentamos, pues
todo dependerá de que se determine la nulidad de dicho convenio, que es el que
ellos argumentan que tienen un sustento para esa basificación, que consideramos
irregular”.
Añadió que la
denuncia ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción sigue su avance, ya
están en pláticas con el propio titular de la misma y en breve dará avances
dentro de las posibilidades que la ley permita, para cuidar el debido proceso y
señalar dichos avances; se ha estado recabando información.
El Consejero
Jurídico expuso que en el tema de irregularidades del Instituto de Suelo,
Urbanización y Vivienda (Insuvi), que en su momento se presentaron denuncias
ante la misma Fiscalía Anticorrupción, se da seguimiento, se recaban elementos
de prueba para incorporarlos a las carpetas de investigación y debido al sigilo
en que debe tramitarse, se ha pedido a la Fiscalía que puedan darse a conocer
los avances que se tengan, igualmente cuidando el debido proceso y se vea si
realmente se está haciendo alguna actividad al respecto, para tener certeza
jurídica y las personas que se encuentren involucradas, conozcan su situación
actual.
Expuso que
como Consejería Jurídica lleva la representación de la titular del Poder
Ejecutivo, por ello se ha enterado de varias demandas tanto en el Tribunal de
Justicia Administrativa, como en el TAE, por acciones u omisiones de la
anterior administración, independientemente de la excepciones legales que se
han realizado, se analiza el contenido de la demanda, documentos e información
que se tiene en las áreas, para corroborar si existió alguna negligencia o
irregularidad, que haya provocado falta de pago o incumplimientos, y determinar
si hay cabida a alguna denuncia, ante Contraloría del Estado o la Fiscalía
Anticorrupción.
Finalmente, a
pregunta de periodistas, Rubio Torres aseguró que no se descarta ninguna
denuncia contra el exgobernador ni contra cualquier otro servidor o servidora
pública de la anterior administración; “se revisan a detalle los procedimientos
y trámites administrativos, y en la medida que se detecte alguna irregularidad,
y se establezca que intervino determinada persona, hay una instrucción muy
puntual de que se lleven a cabo las acciones que correspondan, respecto a esos
temas. Entonces, no está descartada ninguna persona”, indicó.
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