Contraloría inicia auditoría por presunto desvió de más de 6 mdp en gobierno anterior; eran para atender violencia de género
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Jueves 26 de Mayo de 2022 10:05 pm
+ -Gobernadora y Contralora informan acciones legales y jurídicas emprendidas por la actual administración
Tras asegurar
que los recursos públicos son sagrados, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva,
dio a conocer que se sospecha del presunto desvío de más de seis millones de
pesos durante la anterior administración, que debieron utilizarse en la Alerta
de Violencia de Género, un tema tan sensible en el estado y el país, y además
de que ese mal uso de recursos ya le costó a la sociedad colimense, ahora
impide que se puedan recibir más recursos en esa materia.
“Ni perdón ni
olvido, ni cacería de brujas o persecuciones políticas, pero tampoco
complicidades. Sólo la aplicación de la ley para cuidar los recursos públicos y
si alguien incumplió la aplicaremos y punto”, aseguró la mandataria, al dar a
conocer durante la conferencia semanal “Diálogos por la Transformación”, las
acciones legales y jurídicas que su administración emprende, tras seis meses de
su gestión.
La
gobernadora estuvo acompañada por la titular de la Contraloría General del
Estado de Colima (CGEC), Isela Uribe Alvarado, donde destacó que “en la visión
de este proyecto transformador, nuestra prioridad es el uso escrupuloso de los
recursos públicos, que son recursos del pueblo y por eso tenemos como prioridad
la transparencia y rendición de cuentas; y entendiendo que son las claves de
nuestro proyecto, entonces se vuelve fundamental la relevancia de esta
dependencia”.
Recordó que
entre las funciones de la Contraloría General del Estado está abrir procesos de
investigación cuando se detecta alguna presunta responsabilidad administrativa,
ya sea por presentación de denuncias, quejas o de manera oficiosa, derivado de
los procesos de auditorías propias o de organismos como la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La titular
del Poder Ejecutivo informó sobre cuatro auditorías especiales iniciadas
durante su gestión, al Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), la Secretaría
General de Gobierno, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración,
así como a la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM), por indicios de uso
no justificado de recursos federales durante el ejercicio fiscal 2021 (antes de
iniciar el actual gobierno).
Dijo que
desde la Contraloría se da seguimiento a las auditorías federales; “aquí les
adelanto que existe una preocupación, pues la pasada administración inició
diversos procedimientos, después de eso no se hizo nada más ni se movió un solo
dedo para que esos procedimientos avanzaran”, añadió.
Para la
mandataria, resulta bastante sospechoso tanto trabajo iniciado al que no se le
dio seguimiento y consideró que no hay que ser muy perspicaces para suponer que
lo que se buscaba es que eventualmente vencieran los tiempos jurídicos para que
estos procedimientos prescribieran -por así decirlo- y que los presuntos
responsables quedaran tan intactos y sus tropelías impunes, pues dijo que a esa
vieja clase política se le puede acusar de corruptos, pero no de tontos.
“Así que
dudamos que esa inacción se debiera al desconocimiento de los procesos de
auditoría; había esquemas para que las irregularidades en el ejercicio de
recursos públicos quedaran en la impunidad. Afortunadamente la ley permite que
se pueda hacer lo necesario para revisar lo hecho por administraciones pasadas,
y en eso estamos”, aclaró Vizcaíno Silva.
Refirió que
la información dada a conocer este día incluye detalles de lo observado en el
proceso de entrega-recepción y qué se está haciendo con todos esos datos
recabados, cuidando siempre los debidos procesos, pues esto es fundamental para
lograr que esto prospere. “Nosotros buscamos más que estruendo mediático, hacer
las cosas con firmeza jurídica para que estos temas tengan solidez y no se
caigan, que avancemos de manera correcta y se pueda traducir en sanciones
administrativas o penales para quienes lo ameritan”, afirmó.
La
gobernadora de Colima insistió en que no hay persecución política para nadie,
pero tampoco olvido ni complicidad con quienes violentaron la ley y que, por el
contrario, habrá mano firme para castigar cualquier irregularidad, pues la ley
es la guía y el límite. Resaltó que los recursos públicos son sagrados y así se
cuidan en esta administración, por lo que eso también implica revisar el
pasado.
Este presunto
desvío de más de seis millones de pesos durante el gobierno anterior, que debió
utilizarlo en la Alerta de Violencia de Género, impide a la actual
administración recibir más recursos del gobierno federal para este rubro tan
sensible; “en ese sentido, la afectación es doble, de ahí la necesidad y
obligación constitucional de castigar esos malos manejos”, dijo Indira Vizcaíno
Silva, al reiterar que hay temas muy interesantes en lo encontrado durante el
proceso de entrega-recepción.
Agencias
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