Siete de cada 10 mujeres detenidas en México sufren tortura
Foto Internet
Lunes 27 de Junio de 2022 7:04 pm
+ -El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad
En México, 7
de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrió de tortura, tratos crueles o
degradantes, al menos en una etapa de su proceso, y de ellas 3 de cada 10
refirió haber sido víctima de tortura sexual.
La autoridad
que más comete el delito son los policías de investigación en un 40 por ciento,
seguidos por los municipales en un 20 por ciento y estatales en un 16 por
ciento, en tanto, elementos de las fuerzas armadas (Sedena y Semar) un 13 por
ciento. Esto de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual
cometida contra mujeres privadas de libertad, dado a conocer este lunes por el
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas.
“Digo que más
allá de los datos y de las estadísticas que este diagnóstico arroja da cuenta
de la verdad de un problema que existe en nuestro país, que no ha sido posible
erradicar y que lamentablemente se presenta en todas las fases del proceso en
que las mujeres expuestas a una condición de violación a la ley están
expuestas”, agregó.
Según el
documento, en nuestro país hasta noviembre del año pasado, cuando se elaboró el
estudio, había 12 mil 625 mujeres privadas de su libertad distribuidas en 21
centros penitenciarios femeniles y 124 cárceles mixtas.
La muestra
para el estudio se basó en mil 280 entrevistas e información proporcionada por
fiscalías estatales, las comisiones de derechos humanos locales y la nacional,
así como las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y el Instituto
Nacional de Migración.
“De las
conclusiones en este diagnóstico se van a encontrar 31 recomendaciones a 10
instituciones públicas que, más allá de que se tenga autonomía o no por parte
de las fiscalías, deben ser atendidas como corresponde a una sentencia de la
Corte, desde los temas básicos para que las fiscalías de los estados y la
General de la República emprendan acciones penales contra los servidores
públicos que han cometido estos ilícitos hasta la obligación de las fiscalías
de garantizar que existan médicos legistas con perfil de género”, subrayó.
CASO
ATENCO, ANTECEDENTE Y SIN JUSTICIA
La
construcción de este diagnóstico nacional tiene como antecedente los hechos
ocurridos en mayo de 2005 durante un operativo de elementos de la policía del
Estado de México en San Salvador Atenco y Texcoco, que fueron del conocimiento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de una denuncia de 11
mujeres víctimas.
En su
sentencia de 2018, la Corte responsabilizó al Estado mexicano por las
violaciones de los derechos a la integridad personal y a la vida privada, en
perjuicio de estas mujeres contra quienes agentes policiales utilizaron
ilegítima e innecesariamente la fuerza para reprimir las manifestaciones contra
la construcción del aeropuerto internacional.
El Tribunal
también concluyó que 7 de ellas fueron sometidas a diversas formas de abuso
sexual, incluyendo violación por lo que ordenó la reparación del daño y el
acceso real a la justicia.
Presente en
la conferencia ofrecida en la dependencia federal, Bárbara Italia Méndez,
sobreviviente de tortura sexual por el caso Atenco, advirtió que a más de tres
lustros de los hechos no ha llegado la justicia para ella y sus compañeras
víctimas.
Demandó que
sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso para llegar
hasta los responsables del operativo y los elementos que cometieron estos
delitos.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció al respecto, tenemos 16 años
en lucha en la exigencia de justicia y la justicia que no llega en su momento
es injusticia.
“El Estado de
México a través de su fiscalía no ha dado ninguna luz de una investigación
imparcial, diligente que nos haya dado acceso a la justicia, por eso nuestra
insistencia de la Fiscalía General de la República atraiga el caso y lleva a
cabo la investigación”, señaló.
Por su parte,
Norma Jiménez Osorio, también víctima de tortura sexual durante el caso Atenco,
lamentó que a 15 años de estos hechos sigan ocurriendo este tipo de agresiones.
“Y la cosas
aquí que me parece es muy importante señalar es que no tenemos idea de la
magnitud del daño que puede causar la tortura sexual y lo grave que es que esta
práctica haya seguido todos estos años porque no nació el día que nos
detuvieron, esto ya estaba ocurriendo”, dijo.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos resaltó que la violencia sexual fue
utilizada como un arma más en la represión de la protesta, y concluyó que el
trato que las y los médicos dieron a las 11 mujeres víctimas del presente caso
constituyó un elemento adicional de la violencia sexual a la que fueron
sometidas, que a su vez constituyó un trato cruel y degradante.
DIAGNÓSTICO
Las etapas
que estudia Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres
privadas de libertad, son el arresto y el traslado, la estancia en el
Ministerio Público, el arraigo y la estancia en el centro penitenciario, así
como el juicio.
Los estados
donde más se han registrado estas denuncias son: Estado de México, Veracruz,
Guerrero, Nuevo León y Chihuahua.
Las
agresiones más comunes fueron las patadas, manoseos, golpes en senos, glúteos o
genitales y la violación, además de agresiones psicológicas e insultos.
En el caso de
las edades de las víctimas, el 68% tenían de 20 a 39 años de edad, el 62%
contaban con educación básica, el 95% estaban ocupadas previo a su detención,
en tareas del hogar y/o estudiando. 73% eran jefas de familia, el 84% tienen
hijos, 12% eran mujeres indígenas.
El 50% de las
mujeres fueron detenidas en espacios públicos, el 36% en sus hogares y el 10%
en sus trabajos.
Elevado el
porcentaje de mujeres que no fueron informadas de sus derechos con el 81% y el
65% no fue informada del delito por la que la detuvieron.
Los delitos
por las que las acusan: homicidio, secuestro, robo y delitos contra la salud.
Sobre el
tiempo entre la detención y la presentación ante el MP el 33 por ciento tardó
entre 4 a 24 horas.
