Diputadas y diputados aprueban que centros de rehabilitación garanticen Derechos Humanos de sus pacientes
Miércoles 06 de Julio de 2022 2:41 pm
+-
El pleno del Poder Legislativo aprobó una reforma a diversas
disposiciones de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones en el Estado de Colima, con el objetivo de que los centros de
rehabilitación, públicos o privados, garanticen los Derechos Humanos de sus
pacientes, y en caso de que se detecte lo contrario previo revisiones de las
autoridades competentes, se puedan realizar las denuncias penales o de
cualquier otra índole que corresponda. La iniciativa fue planteada por la diputada Yommira
Jockimber Carrillo Barreto, del Grupo Parlamentario Morena, dictaminada por las
comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Salud y
Deporte, presentada en el Pleno por el diputado Armando Reyna Magaña. Con ello, se estipula que los centros de tratamiento,
atención y rehabilitación contra las adicciones de los sectores privado o
social que operen en el estado deberán garantizar el trato adecuado y
respetuoso de las y los individuos que reciban sus servicios, teniendo como
base de actuación la dignidad humana y la protección de sus derechos humanos,
salvaguardando en todo momento su integridad física, psicológica y social. Así mismo, el decreto establece que los centros de rehabilitación
deberán obtener la licencia o permiso del Ayuntamiento respectivo para su
funcionamiento, por lo que los ayuntamientos, de conformidad a la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima, sus reglamentos y demás instrumentos
jurídicos aplicables, cancelarán las licencias o permisos, temporal o
definitivamente que hayan otorgado, cuando se acredite el mal uso de ellos. Por tanto, primeramente, debe hacerse el trámite ante el
Ayuntamiento para la observación y aplicaciones de las disposiciones reglamentarias
del inmueble y sus instalaciones; obtenida la licencia o permiso, se tramitará
el registro de funcionamiento de dicho centro ante la Secretaría de Salud de
Gobierno del Estado, lo que conlleva a tener una comunicación estrecha entre
estos entes, a efecto de proporcionar la información necesaria para este
servicio. Finalmente, las autoridades del sector salud a través del
área correspondiente, deberán permanentemente inspeccionar las áreas físicas de
los centros de tratamiento, verificar la implementación de los programas de
tratamiento, supervisando la rehabilitación de las y los internos, así como el
trato que se les esté otorgando; en caso de detectar violaciones a sus derechos
humanos, podrá realizar las denuncias penales o de cualquier otra índole que
corresponda. Además, cualquier persona que detecte las violaciones mencionadas,
podrá también realizar las denuncias correspondientes. El dictamen fue aprobado por mayoría, por lo que, en un
plazo no mayor a 180 días posteriores a la publicación del presente decreto,
los ayuntamientos de la entidad realizarán las modificaciones de orden
reglamentario y administrativo, necesarias para garantizar la correcta y
oportuna ejecución de las nuevas funciones.
_(1)2.jpg)
