Diputados y Gobierno del Estado violaron procesos legislativos; aprobaron y publicaron modificación a Ley y resultó inconstitucional: Griselda
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Martes 16 de Agosto de 2022 6:24 pm
+ -El máximo tribunal del país validó la controversia constitucional presentada por la alcaldesa en octubre de 2019
La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la controversia constitucional
que promovió la presidenta Griselda Martínez, el 10 de octubre de 2019, en
contra de la LIX Legislatura y de la pasada administración estatal, quien
mediante el Decreto 138 invalidó que las escuelas públicas dejaran de pagar los
derechos de incorporación a las redes de agua y drenaje de la CAPDAM, así como
el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento al organismo operador de
agua local (CAPDAM).
Es de
mencionar que este máximo Tribunal, consideró que la LIX Legislatura violó el
respectivo proceso legislativo, ya que la reforma a la Ley que establece las
cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos del agua
potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, fue llevado
de manera unilateral por el Congreso local, pues de acuerdo con la fracción IV
del artículo 115 de la Constitución General exige a las legislaturas de los
Estados que se les dé participación a los municipios, pues son éstos los
facultados para proponerles las cuotas y tarifas aplicables a los derechos que
deban cobrarse en sus territorios.
Lo aprobado
por diputados y diputadas de la pasada Legislatura fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 3 de septiembre de 2019, lo cual adicionaba
tales consideraciones en la fracción IV del artículo 10 y la fracción III, del
artículo 11, de la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de
derechos por los servicios públicos del agua potable, alcantarillado y
saneamiento sólo para el municipio de Manzanillo.
En ese
sentido y con dispensa de todo trámite, en la Sesión Pública Ordinaria No. 22,
celebrada el 22 de agosto de 2019, se presentó la iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, a través de la diputada Rosalva Farías Larios, misma que
fue aprobada con la votación mayoritaria de las y los legisladores:
Vladimir
Parra Barragán; Ana Karen Hernández; Blanca Livier Rodríguez; Araceli García
Muro; Arturo García Arias; Julio Anguiano Urbina; Martha Meza Oregón; Rogelio
Rueda Sánchez; María Guadalupe Berver Corona; Lizet Rodríguez Soriano; Ma
Remedios Olivera Orozco; Francisco Javier Rodríguez García; Luis Fernando
Antero Valle y Gretel Culin Jaime.
Es de
recordar, que luego de que la alcaldesa Griselda Martínez, junto con el
director de Asuntos Jurídicos, Alejandro Sandoval, acudieran a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el 10 de octubre de 2019 a presentar la controversia
constitucional, la cual fue notificada de admitida el 26 de octubre por el actuario
judicial del Juzgado 2° de Distrito, Sergio Díaz; 18 días después, el 28 de
octubre de 2019, durante la 27ª Sesión Extraordinaria del Consejo de
Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Manzanillo expuso su rechazo ante una franca violación al artículo 115
Constitucional, específicamente en su fracción III inciso a), al aprobar el
Decreto 138 que exentaba del pago de derechos de conexión de agua potable,
drenaje y saneamiento a inmuebles de domino público, en menoscabo de la
hacienda pública municipal, sin tomar en cuenta al ayuntamiento, además de
haberlo hecho de manera exclusiva para el municipio de Manzanillo.
En sesión de
CAPDAM a la que acudieron las y los
diputados, de la LIX Legislatura, por Manzanillo e integrantes de dicho
Consejo: Luis Fernando Escamilla, Ana María Sánchez, Ana Karen Hernández,
Gretel Culin, Martha Alicia Meza y Rogelio Rueda, la alcaldesa al motivar esa
inconstitucionalidad, pidió a las y los tribunos, presentaran sus respectivas
renuncias por la aprobación de esas condiciones en contra de la recaudación
manzanillense, en caso de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
fallara a su favor.
No obstante,
casi tres años que duró el proceso legal, la presidenta Griselda Martínez, dijo
que esta resolución del máximo órgano del Poder Judicial de la Nación, le da la
razón y protege al municipio dando todas las facultades para cobrar los
servicios de agua, drenaje y saneamiento a los inmuebles públicos.
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