Murillo Karam condena prisión preventiva en su contra; dice que se derrotó la presunción de inocencia
Domingo 21 de Agosto de 2022 10:30 am
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Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República,
condenó la resolución del juez Marco Antonio Fuerte Tapia a través de la cual
impuso la prisión preventiva justificada en su contra. Ayer, tras 10 horas de audiencia en el Centro de Justicia
Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez federal impuso la reclusión
preventiva contra el exprocurador al considerar riesgo de fuga. Murillo Karam es señalado por los delitos de desaparición
forzada, tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al conocer la resolución del juez el exprocurador acusó que
“se derrotó la presunción de inocencia“. Durante la audiencia Jesús Murillo adelantó que en la
audiencia del próximo 24 de agosto, en la que se definirá su posible
vinculación a proceso, presentará documentos que desvirtuarán las acusaciones
en su contra. En tanto, los abogados del exfuncionario apelaron a su
estado de salud e intentaron que la prisión preventiva justificada fuera en su
domicilio con la entrega de su pasaporte. En la audiencia de este sábado en el Reclusorio Norte, se
apuntó que el exprocurador tiene cinco domicilios, recursos económicos por 85
millones de pesos, así como relaciones personales que podrían ocasionar su fuga
y evadir a la justicia. Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la
Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de
Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, ocurrida en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron
involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén
vivos. Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto
(2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los
estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e
incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. La Administración de López Obrador ha desmentido esa
“verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en
ese lugar. De acuerdo con este último informe “existen elementos” para
que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33
personas.
