Mañana GIEI presenta conclusiones del informe de Encinas y define si continúa
Domingo 30 de Octubre de 2022 12:01 pm
+-
Gracias a la coordinación pactada entre las distintas
instancias responsables del esclarecimiento y justicia del caso Ayotzinapa a
principios del sexenio –Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj),
la Unidad Especial de Investigación y Litigación (Ueilca) y la Fiscalía General
de la República (FGR)– se logró en los últimos tres años acceder a indicios
cruciales que el gobierno anterior había ocultado. Frente a estos avances, las
familias de los 43 normalistas llegaron a expresar su esperanza de que “ahora
sí” llegarían a saber la verdad sobre el paradero de sus hijos. En agosto de este año aparecieron señales de que ese acuerdo
interinstitucional empezaba a resquebrajarse. En palabras de los integrantes
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “en las últimas
semanas hubo acontecimientos apresurados”. Agregan –en un artículo publicado
por The Washington Post el 10 de agosto, firmado por los cuatro: Ángela
Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain y Francisco Cox– que la
investigación enfrenta ahora “una disyuntiva crucial entre la verdad y el
ocultamiento”. Esas señales afloraron el 18 de agosto, durante la reunión
convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los organismos
investigadores, el gabinete en pleno, padres y madres de las víctimas, sus
defensores y el GIEI. En esa ocasión, Alejandro Encinas, cabeza de la Covaj,
presentó nuevos elementos de la indagatoria, impresionantes y dolorosos. Las familias, sus representantes y los expertos del GIEI
escucharon atónitos, porque no conocían esa información: indicios de cómo
asesinaron y ocultaron los cuerpos de los 43, que habían sido separados en al
menos tres grupos y llevados a distintos lugares, después del 26 y 27 de
septiembre, incluso seis de ellos al 27 Batallón de Infantería en Iguala. Todo
ello, derivado de capturas de texto de celular, entregadas por “una fuente”. El comandante del batallón, en ese momento coronel y hoy
general José Rodríguez Pérez, está preso en el Campo Militar 1. Los otros tres
militares involucrados y detenidos son el capitán José Martínez Crespo, el
subteniente Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mora Esquivel. El 13 de
octubre un juez les concedió un amparo. Cinco semanas después, The New York Times publicó una
versión de declaraciones de Encinas en las que supuestamente admite que,
después de un segundo análisis de los textos entre criminales, tuvieron que
desechar algunos. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Al día
siguiente, el subsecretario de Gobernación respondió que “no fue así” lo
declarado al diario, que las capturas de texto aludidas son sólo una parte de
150 elementos considerados relevantes y que 12 “fuentes complementarias” dieron
testimonios coincidentes. “Hay algunos tan consistentes que quitando la captura
siguen vigentes”. ¿FINALIZA O CONTINÚA? Entre estas dudas y contradicciones, este 31 de octubre
expira la prórroga del GIEI, que tenía un objetivo preciso: corroborar las
evidencias presentadas el 18 de agosto por Encinas para determinar “la
fiabilidad de esta prueba de acuerdo con los estándares internacionales”. Si continúa o concluye el trabajo del grupo, esencial para
contar con la confianza del colectivo de papás y mamás de los 43, se sabrá
mañana, en la conferencia de prensa que ofrecerán sus integrantes. Hace un mes, durante la presentación del tercer informe del
GIEI, el grupo denunció la “injerencia indebida” de la FGR en la investigación.
Sin embargo, consideró que aún había condiciones para seguir la búsqueda de
verdad. En esos días todavía reverberaba el desconcierto generado por el
repentino retiro del fiscal especial Omar Trejo, los tres ministerios públicos
y los 15 policías que tenía asignada su unidad, lo mismo que el traslado de
todas las carpetas de investigación, todo por órdenes de la FGR. El GIEI había respaldado los expedientes que trabajó la
Ueilca con evidencias diversas de la participación de las 83 personas (21 de
ellas militares) contra quienes se pidieron inicialmente órdenes de aprehensión
por los hechos de la noche de Iguala y en la conexión de tráfico de heroína
Iguala-Chicago. También son chats de comunicaciones por celular, las famosas
Blackberries de Guerreros Unidos, pero a diferencia de los pantallazos de la
Covaj, estos fueron aportados en julio de este año por la fiscalía en Illinois,
a petición del ex fiscal Gómez Trejo (y con la ayuda de una gestión
presidencial). Desde 2015, cuando dio a conocer su primer informe, el GIEI
estableció la siguiente recomendación: “Investigar como línea prioritaria del
desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado
de estupefacientes”. Esa es, justamente, la línea de investigación que
profundizan los mensajes facilitados por Chicago. CHATS Y PANTALLAZOS Los chats de Blackberry son parte de una investigación del Departamento
de Justicia de Chicago sobre el trasiego de heroína desde Iguala hasta esa
ciudad. Son 12 mensajes que contienen menciones específicas de “jales” que
realizaban los narcotraficantes con complicidad de militares de la zona, donde
se mencionan “niños”, “floreros” o “regalos” como claves para los paquetes de
droga y “comidas” y “sopa de cangrejo”, en alusión a la entrega de dinero
(soborno) a quienes protegen la red de traslado vía autobuses de línea
modificados. A los miembros de la Marina se les identifica como marinela. Entre
los militares mencionan a “Crespo” –comentan “es a toda madre”– y un Hernández
Nieto. También a un “Nava” y a “Valla”, en alusión a Vallarta, jefe de la
policía de Iguala. Parte de esta averiguación, incompleta y tardía, permaneció
guardada en los cajones de la Siedo y la PGR de Jesús Murillo Karam. Del nuevo enfoque que imprimió el ex fiscal a estos mensajes
se derivaron los 83 pedidos de arresto de la Ueilca, cancelados casi
inmediatamente a solicitud de la FGR. Estaban sustentados en otros elementos:
peritajes, escuchas telefónicas y declaraciones ministeriales de testigos
protegidos.
