En el pesadero de desperdicios industriales y reciclaje
donde labora Carlos Méndez, todos los días llegan personas a vender botellas de
pet, latas de aluminio y cartón. Incluso hasta coladeras y rejillas de metal
con logotipos de alcaldías de la Ciudad de México, pero dentro de los productos
que más se adquieren son cables y tubos de cobre de distintos calibres, algunos
obtenidos de manera ilícita. El número de carpetas de investigación por robo de cables,
tubos y otros objetos destinados a servicios públicos pasó de 427 en 2018, a
mil 998 en 2021 (367 por ciento más), y mil 439 en los primeros nueve meses de
este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP). Por lo regular, el cable de cobre es extraído del alumbrado
público y registros subterráneos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
para luego pelarlo o quemarlo antes de ofertarse. Esto termina afectando los
servicios de las poblaciones de distintas comunidades. Otro caso es el robo de
rejillas y coladeras de metal de calles o avenidas principales, ocasionando
accidentes vehiculares y de peatones que pueden ocasionar lesiones graves. Su destino es la venta a través de negocios de compra de
chatarra industrial y de reciclaje, que fungen como intermediarios, y a su vez
terminan ofreciéndolo a grandes compañías o empresas que cuentan con procesos
de fundición. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional
Ciudadano, explicó que este tipo de hurtos está relacionado con el robo de
bienes, el cual genera ganancias expeditas. “En México prácticamente no tenemos
cobre, el único país que sigue manteniendo cantidades de cobre importantes es
Chile”. Además, agrega que la contingencia sanitaria por el
coronavirus influyó en el crecimiento de este delito, mientras el robo a
transeúnte en la vía pública fue uno de los que más disminuyó, debido a que no
había gente en las calles. Por su parte, Carlos Méndez agregó que la venta de cobre es
un negocio y una manera en que las personas se ayudan y ayudaron durante la
pandemia, sobre todo las que se quedaron sin trabajo o fueron despedidas.
“Mucha gente encontró en esta práctica una manera de solventar sus deudas y de
sobrevivir, porque es un negocio o es una práctica que deja mucho dinero. Aquí
hay un muchacho que viene en una motocicleta y llega con 10, 15 o hasta 17
kilos de cobre (...) lo obtiene de una manera no lícita. En ocasiones a veces
va hasta tres veces por semana y se lleva más de mil pesos”, contó. Los datos del SESNSP muestran que Puebla, Quintana Roo,
Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán son las entidades que más registran
delitos de robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios
públicos, al sumar tres mil 902 del total de las más de cinco mil carpetas de
investigación registradas desde 2018. Sin embargo, la cifra negra por este ilícito es más alta,
debido a que al menos 10 de las entidades del país no reportaron robos de este
tipo al Secretariado. Es el caso de la Ciudad de México, donde a pesar de que se
prevé en el Art. 224 del Código Penal penas de dos a seis años de prisión, a
quienes cometan robo contra el equipamiento y mobiliario urbano, no hay
denuncias. Otras de estas entidades que no registran robos por este
delito son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Guanajuato,
Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Querétaro, a pesar de que se han
documentado algunas detenciones. Una es la de este último estado, donde en marzo de este año
detuvieron a dos sujetos por robar el cable de registros subterráneos, lo que
ocasionó que más de 20 colonias se quedaran sin luz todo un día.
