Condenan a expresidente de Guatemala, Otto Pérez, a 16 años de prisión por corrupción
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Miércoles 07 de Diciembre de 2022 10:17 pm
+ -Tribunal lo encuentra culpable de asociación ilícita y defraudación aduanera
Un tribunal encontró
culpable de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera al
expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana
Baldetti. Les impuso una condena de 16 años en prisión y una multa de poco más
de un millón de dólares.
El caso fue uno de los
más emblemáticos de la extinta comisión contra la impunidad de las Naciones
Unidas en Guatemala y obligó a Pérez Molina a renunciar al cargo en 2015 antes
de finalizar su período. Desde entonces ha estado preso.
El expresidente enfrentaba
tres cargos por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y por
enriquecimiento ilícito. El tribunal absolvió a Pérez Molina y a la
exvicepresidenta de este último, aludiendo que la fiscalía no había probado
cómo se incrementó el patrimonio de los acusados.
Al conocer el
pronunciamiento judicial condenatorio, el expresidente negó los hechos y se
mostró contrariado con la decisión.
“Es mentira. Nunca nadie
dice que yo haya dado una orden ilegal y nunca la di, nunca dicen que a mí me
entregaron dinero. Me siento decepcionado y frustrado”, dijo Pérez Molina a
periodistas en un intermedio de la audiencia judicial en su contra por
corrupción.
El caso, llamado “La
línea”, fue una investigación conjunta de la entonces Fiscalía Especial Contra
la Corrupción (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG).
Se trata de una
estructura que defraudaba al Estado a través de tres aduanas y que según los
investigadores hacía “descuentos” a los importadores para que pagaran menos
impuestos a cambio de sobornos. El tribunal los encontró culpables de liderar
dicha estructura.
Pérez Molina, de 72
años, así como los casi 30 acusados han dicho que son inocentes de los cargos
de asociación ilícita, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito que
les imputan.
En un intermedio de la
audiencia dijo a periodistas que se va a probar que le habrían fabricado un
caso. “Yo soy inocente”, dijo. Al cuestionarlo sobre su futuro mencionó que aún
no ha resuelto sus problemas legales ya que hay otros casos pendientes.
Durante la audiencia que
lleva ya más de seis horas de iniciada, el tribunal de las juezas Janeth
Valdés, Katty Sarceño y Marling Gonzálezyo ya ha absuelto a siete de los
acusados, mientras lee las acusaciones de cada uno de los procesados.
En abril de 2015 miles
de ciudadanos guatemaltecos salieron a las calles a protestar indignados por
los supuestos actos de corrupción que involucraban a todo el gabinete. Las
protestas pacíficas llevaron a la renuncia de los funcionarios.
En mayo de ese año la
vicepresidenta Roxana Baldetti fue la primera en renunciar al cargo por el caso
“La Línea”, por el que está acusada. La exfuncionaria ha sido condenada por
otros casos de corrupción y Estados Unidos ha solicitado su extradición para
juzgarla por presunto narcotráfico.
El 2 de septiembre, en
su tercer año de gobierno, Pérez Molina renunció junto a su gabinete.
La Fiscalía había
aportado no sólo pruebas documentales de la defraudación sino también
testimonios de testigos protegidos, colaboradores eficaces y escuchas
telefónicas en las que se hablaba de la repartición de lo defraudado.
En allanamientos que
ordenó la Fiscalía se incautaron computadoras que contenían cuadros de
distribución de lo defraudado y que en parte era entregado a Pérez Molina y
Baldetti.
Pérez Molina ha estado
en prisión desde 2015, con algunas excepciones y permisos para salir. El fallo
se demoró por la gran cantidad de personas que son parte del proceso y que han
presentado peticiones a los tribunales.
El exmandatario también
está acusado en otros dos casos de corrupción que aún no han llegado a juicio.
La CICIG era un ente de
las Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló más de 60 estructuras del
crimen organizado y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado
guatemalteco y llegó a su fin en 2019 tras la decisión del entonces presidente
Jimmy Morales de no renovar su mandato.
Tras la salida de la
CICIG de Guatemala gran parte de los casos que investigó se revirtieron y los
acusados de corrupción fueron puestos en libertad o liberados de los cargos. El
fiscal que dirigió las investigaciones, Juan Francisco Sandoval, debió
exiliarse tras denunciar persecución por su trabajo contra la corrupción.
