Se disparan denuncias por trata de personas
Miércoles 21 de Diciembre de 2022 7:32 am
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En este 2022, en Colima se han presentado siete denuncias por el delito de trata de personas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), según el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las estadísticas correspondientes al mes de noviembre refieren que en agosto se presentaron cuatro denuncias penales por este delito, las otras tres se repartieron en abril, mayo y junio de este año.
Es importante señalar que por primera vez en 3 años se presentan casos de trata de personas en Colima, pues en 2020 y 2021 se registraron cero casos de este delito de alto impacto.
El último registro de un caso de este tipo en la entidad se remonta al año 2019, cuando se denunciaron dos casos ante la instancia procuradora de justicia de la entidad.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de personas consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción.
Igualmente al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no se han pronunciado sobre estos delitos, ni explicado a qué modalidad de trata se refieren las siete denuncias existentes.
En marzo de 2015, autoridades federales rescataron a 48 indígenas mixtecos originarios de Guerrero que eran explotados laboralmente en un campo del ejido El Diezmo, en esta capital.
En ese entonces, la Secretaría del Trabajo determinó que en el lugar se practicaba “trabajo infantil en su modalidad de trabajo forzoso; trabajo agrícola expuesto a sustancias peligrosas como plaguicidas y pesticidas, sin ningún equipo de protección, y carencia de seguridad social”.