Guardia Nacional construye cuartel sobre predio en litigio en Tlaxcala
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Lunes 23 de Enero de 2023 5:16 pm
+ -El pasado 18 de enero, la gobernadora Lorena Cuéllar dio el banderazo oficial de inicio de la construcción del cuartel militar, que implica una inversión, con presupuesto federal, de 275 mdp que erogará directamente la Sedena
La Guardia Nacional, con
presupuesto de la Sedena, inició la construcción del edificio que será sede de
la Coordinación Estatal en Tlaxcala, en un predio que legalmente es propiedad
de la Asociación Civil Guillermo Rodríguez Mendieta, la cual mantienen un
litigio para reclamar el inmueble.
A pesar de que el
terreno está en disputa y ya existe una sentencia a favor de la asociación que
lo reclama, el Gobierno municipal de Teolocholco, con respaldo del Gobierno
estatal, lo donó a la Guardia Nacional.
El pasado 18 de enero,
la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada por autoridades estatales y
federales, dio el banderazo oficial de inicio de la construcción del cuartel
militar, que implica una inversión, con presupuesto federal, de 275 millones de
pesos que erogará directamente la Sedena.
Al respecto, pobladores
del barrio Tecahuayola, del municipio de San Luis Teolocholco, donde se ubica
el inmueble, lo calificaron como un abuso de autoridad y del poder público
porque, sin tener la propiedad legalmente reconocida, las autoridades donaron
el terreno, mientras que la Guardia Nacional ya construye en él.
“Es un abuso total de
nuestro presidente y un abuso total de la Guardia Nacional, pero más del
presidente porque él es el responsable, el que debe salvaguardar las
propiedades que él está gobernando. ¿Cómo es posible que se pone la primera
piedra en un lugar que se está litigando?, se ha hecho mucho abuso de las
propiedades que tiene nuestro barrio”, apuntó Evelia Pérez Moreno,
representante de la asociación civil Guillermo Rodríguez Mendieta.
La asociación representa
a toda la comunidad del barrio Tecahuayola y a través de esta administran los
bienes públicos que posee. Fue así como en 2014 los lugareños donaron, al
Gobierno municipal, el predio de cuatro hectáreas para que construyera un
hospital, pero como no cumplió con el acuerdo, asentado por escrito y con cláusulas,
los pobladores, como legítimos propietarios, empezaron el proceso legal para
recuperar la propiedad.
El 27 de enero de 2022,
la jueza Beatriz Eugenia Hernández Bello, del Juzgado de lo Civil del Distrito
Judicial de Zaragoza, dictó una sentencia definitiva a favor la asociación
civil, en respuesta al juicio con el expediente 768/2016.
El alcalde Rodrigo
Cuahutle Salazar y la síndico Amada Espinoza, de la actual administración
municipal, interpusieron un recurso de apelación que fue resuelto en agosto de
2022 con la confirmación de la sentencia a favor de la organización y en contra
de ello.
Aun con el resolutivo
que no favorece a las autoridades municipales, éstas donaron el terreno a la GN
donde ya existen los muros de lo que será un edificio, mientras que maquinaria
pesada realiza remoción de tierra.
Pérez Moreno recordó
que, en 2014, cuando la comunidad había donado el inmueble, firmaron una
cláusula que decía que si en 18 meses no se construía un hospital, la tierra
tenía que ser devuelta a los donantes por ser los propietarios originales.
“Total que nos han
llevado ya tres administraciones, hasta ahorita que este señor Rodrigo,
presidente municipal, se atreve a donar nuestro terreno para la construcción de
la Guardia Nacional”, puntualizó.
“No nos dieron ni un
quinto, porque se donaron de buena voluntad para la construcción del hospital,
pero ahorita resulta que tenemos nuestra propiedad en litigio y pudieron
donarla a la Guardia Nacional”, agregó.
La abogada,
representante de la localidad, aclaró que no se oponen a que la Guardia
Nacional construya su cuartel, pero sí rechazan el abuso de autoridad del Gobierno
municipal y del estatal, que pasaron sobre la comunidad propietaria para
entregar el inmueble a una corporación federal.
Sostuvo que se trata de
un “despojo” que agravia a una localidad que posee los documentos oficiales y
legales para acreditar la propiedad.
“Todas estas propiedades
son del barrio, esto es un despojo, y yo espero que el presidente de la
república escuche nuestra petición”, acotó.
