El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, hizo un llamado para que en la entidad se respete y garantice la libre manifestación. Al rendir su informe anual de labores en el Congreso del Estado, el Ombudsman local afirmó que la posibilidad de manifestarse en condiciones de seguridad es una obligación del estado, “lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser condicionado y mucho menos reprimido”. De igual manera, en su discurso ante los diputados, el titular de la CDHEC solicitó a los gobernantes que muestren empatía con las víctimas indirectas de las desapariciones. Inicialmente, Roberto Ramírez explicó que el año pasado se abrieron 539 expedientes por quejas relacionadas con probables violaciones a los Derechos Humanos. Señaló que de ese total de asuntos, 426 se resolvieron de manera satisfactoria, sin necesidad de abrir un expediente de queja y seguir el proceso establecido para esos casos. Mencionó que los principales derechos trasgredidos fueron el Derecho a la Legalidad, Derecho Humano a la Integridad y Seguridad Personal, Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho al Debido Proceso, Derecho de Acceso a la Justicia. Refirió que las autoridades estatales más señaladas por presuntas violaciones a derechos fueron la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Estatal Penitenciario, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. En cuanto a las víctimas que presentaron quejas, precisó que 82 se identificaron como menores de edad, 60 víctimas de delito, 44 privadas de su libertad, 39 adultos mayores. Igualmente fueron víctimas 26 mujeres de violencia de género, 19 personas con discapacidad, 10 personas de la comunidad LGBTTTIQA+, así como seis periodistas. Luego manifestó que en 2022, la CDHEC realizó 74 inspecciones, 95 visitas a centros penitenciarios, 173 domiciliarias; además que promovió nueve recursos de inconformidad y emitió 12 recomendaciones. Por otro lado, recordó que hace un año destacó la necesidad de atener las condiciones en que opera el Centro de Readaptación Social de Colima; “hoy, 12 meses después, se ha atendido de manera extraordinaria el tema, es la primera vez que se tiene este periodo de medición sin que ocurra un hecho lamentable”. Destacó que en ese centro penitenciario han cambiado las condiciones, “desde la limpieza del lugar, la higiene, las revisiones, supervisiones y la clasificación de internos, todo, desde la perspectiva de respeto a los Derechos Humanos”. Tocante a las recomendaciones emitidas, enfatizó que las autoridades más señaladas son el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Subsecretaría de movilidad y Ayuntamiento de Comala. Roberto Ramírez hizo un llamado “para que se deje de revictimizar y criminalizar, desde las oficinas gubernamentales, de manera indiscriminada y con evidente intensión de dañar la dignidad del o la ausente, cuando son víctimas de violaciones a Derechos Humanos o del delito”. También pidió a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que se fortalezcan e intensifiquen las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas. Solicitó empatía con las víctimas indirectas, “para que nos pongamos en el lugar de las personas y nos imaginemos su dolor y desesperación, ya que están buscando a un hijo, hija, padre, madre, hermano o hermana. “Hago un llamado, para que logremos localizar a todas las personas que se encuentren desaparecidas, de manera especial, en este momento, al abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y el maestro Antonio Díaz Valencia”, dijo. Subrayó que no se puede decir que un Estado es democrático, si existen violaciones a Derechos Humanos, si concurren restricciones a la libertad, si hay vulneraciones a la propiedad y seguridad jurídica, si prevalece la incertidumbre de la protección a la salud y a la vida.
