Nueva suspensión judicial frena tala y desmonte de selva en Tramo 5 del Tren Maya
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Martes 07 de Febrero de 2023 7:37 pm
+ -La suspensión señala que debe “paralizarse” cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden el Tramo 5 Sur y 5 Norte del Tren Maya, hasta resolver de fondo el amparo promovido por habitantes en esa región
El Juzgado Primero de
Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, concedió una suspensión definitiva para
efectos de frenar la tala y desmonte de selva realizados en el Tramo 5, de
Cancún a Tulum, del megaproyecto Tren Maya, hasta resolver de fondo, el amparo
2878/ 2022, promovido por habitantes en esa región.
El incidente de
suspensión señala textualmente que debe “paralizarse” cualquier acto que tenga
como finalidad la continuación de la tala o el desmonte en los terrenos que
comprenden el Tramo 5 Sur y 5 Norte del Tren Maya, “de modo que no se permita
la remoción o destrucción de la flora del terreno, en las áreas que se
encuentren fuera de la superficie en la que se autorizó el cambio de uso de
suelo en terrenos forestales”.
Dicha autorización se
emitió el pasado 15 de diciembre, conforme al oficio SPARN/ DGGFSOE/ 418/ 1306/
2022, por el director de Aprovechamiento Forestal, como encargado de despacho
de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico.
La obtención de esta
nueva suspensión definitiva fue dada a conocer por el colectivo Sélvame del
Tren, como una medida que frena “la obra ilegal que afecta el patrimonio de
todos los mexicanos”.
El espeleólogo, José
Urbina, recordó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –encargados del Tramo 5– desacataron
la suspensión provisional, otorgada a mitad de enero pasado por el Juzgado
Primero de Distrito.
Originalmente, dicho
juzgado se había negado a otorgar la suspensión provisional, pero terminó
emitiéndola, luego del recurso de queja –35/ 2023– presentado ante el Tribunal
Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y
resuelto a favor de los promotores del amparo.
Urbina explicó que pese
a estar vigente esa suspensión, el gobierno federal prosiguió los trabajos de
desmonte y tala, lo cual ha sido documentado mediante fotografías y videos,
fruto de los recorridos hechos por integrantes de Sélvame del Tren o de otros
ciudadanos y jóvenes activistas, de forma autónoma y voluntaria, ante la
devastación e ilegalidad de los trabajos.
“Esperamos que esta vez se respete esta
suspensión definitiva, cuya importancia consiste en que protege toda la selva y
los árboles que se pretende seguir talando, obligados por las desviaciones que
pretenden esquivar las cavernas, cenotes y los vestigios arqueológicos que
están sobre el trazo”, dijo.
Sucede que los trabajos
que iniciaron desde hace casi un año sin autorización de impacto ambiental y
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se han realizado prácticamente
en línea recta, pero han tenido que desviarse a medida en que se ha ido
confirmando lo advertido por espeleólogos, científicos, académicos,
ambientalistas y biólogos que conocen la región: La existencia de cavernas
llenas de vestigios arqueológicos; ríos subterráneos y cenotes diversos.
Lo anterior ha provocado
que se devasten extensiones aún más amplias de selva, que tampoco cuentan con
autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Ahora, como parte del
juicio, se exhibió una autorización en esa materia, expedida en diciembre
pasado y citada en el incidente de suspensión definitiva.
Al respecto, Urbina
aclaró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
estaba impedida legalmente a expedir tal permiso, pues en la zona debería
haberse declarado una veda, al ser desmontada sin autorización.
La Ley General de
Desarrollo Forestal (LGDFS) en su artículo 97 establece que no se podrá otorgar
autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida
de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan
pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal
afectada se ha regenerado.
“De respetarse el Estado
de Derecho, las obras debieron haberse parado y el proyecto debería estar
cancelado ante la imposibilidad de proseguir obras que comenzaron de forma
ilegal y siguen siendo ilegales.
“Se están hincando
pilotes a profundidad en terrenos kársticos y se pretende construir un ‘puente
atirantado’ sin que eso aparezca en la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA), ni en el resolutivo como algo autorizado; y por otro lado tenemos la
devastación de la selva sin el cambio de uso de suelo en terrenos forestales,
desde el día uno en que comenzaron las obras”, subrayó.