Mañana está previsto en una corte de Nueva York la presentación de los últimos cargos y pruebas de la fiscalía en contra de Genaro García Luna, en tanto que el martes la defensa también haría lo propio. Ello con el fin de terminar anticipadamente el proceso en contra del exfuncionario mexicano. El viernes, los abogados del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna, solicitaron al juez Brian Cogan de la corte que lo juzga en Nueva York que en caso de que el acusado testifique la próxima semana, no pueda ser interrogado por la fiscalía. La respuesta del juez fue que eso no se puede, que no hay temas prohibidos. "Dado que ambas partes saben mucho más que la Corte sobre los detalles de las preguntas que el gobierno podría hacerle al acusado en el contrainterrogatorio, el tribunal no puede dar al acusado las garantías que busca”, señaló el juez. Esto quiere decir que el tribunal no podría darle al exfuncionario mexicano las garantías que busca, por lo que la fiscalía tendría prácticamente la puerta abierta para realizar cuestionamientos, incluso relacionados con la acumulación de la riqueza del imputado después del año 2012, cuando ya no fungía como servidor público. Es decir, la puesta estaría abierta a cualquier tipo de preguntas de la fiscalía. Al parecer, la defensa está sondeando el terreno para evaluar si García Luna sube o no al estrado el próximo lunes, por lo que cualquier escenario podría presentarse. El viernes pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que informará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre tres contratos que la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina firmó con García Luna. "Estamos dándole la información a la UIF, porque ellos hablaron de un contrato y son en realidad tres contratos. Y hay algún otro contrato que también estamos haciendo investigación de las otras empresas que se han mencionado”, señaló Sheinbaum. Los contratos tienen que ver con una presunta red de corrupción tejida por García Luna que operó durante 20 años y consistía en el cobro de extorsiones, sobreprecios en contratos, y cobro de contratos inexistentes, que eran cobrados en México, llevados a Barbados y de ahí a Florida, según Pablo Gómez, titular de la UIF.
