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Ponen candado los diputados a juicios contra Nacho Peralta



Martes 28 de Marzo de 2023 7:24 am

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El Congreso del Estado dejará de ofrecer información sobre el juicio político que se le sigue al exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para no vulnerar su presunción de inocencia.
Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Armando Reyna Magaña, quien reveló que todos los expedientes de juicio político en contra de exfuncionarios ya fueron declarados reservados.
Tal decisión se convierte en la más relevante del caso en contra del exmandatario, desde que comenzó el proceso en la Comisión de Responsabilidades hace más de un año.
Inicialmente, el diputado Armando Reyna afirmó que “ya es poca la información que vamos a dar porque no podemos violar la presunción de inocencia, esa es una de las premisas que debemos respetar”.
Afirmó que “los expedientes son reservados, así que no quisiera violar una garantía que tienen los denunciados de contar con la presunción de inocencia”, señaló.
“Prácticamente ya no puedo dar información, nada más lo que ya saben, es decir que el Juzgado de Distrito otorgó los amparos solicitados por quienes están denunciados”, dijo.
Lo anterior incluye al exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien obtuvo el amparo provisional en contra de la resolución del juicio político que le sigue el Congreso del Estado.
También han obtenido amparos contra juicios políticos el exalcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, así como regidores de ese Ayuntamiento durante el trienio 2018-2021.
Destacó Armando Reyna que en tanto no se resuelvan de fondo esos amparos, la Comisión de Responsabilidades no puede resolver, aunque sí seguir adelante con los procesos.
Insistió el legislador que la comisión legislativa “reservó todos los expedientes para no violar las garantías; los mismos quejosos están haciendo valer esta garantía de que no se dé a conocer mucha información”.
La Ley de Juicio Político del Estado de Colima, en su artículo 34 establece que, en esta materia, los acuerdos y resoluciones del Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia se tomarán por regla general en sesión pública.
Exceptúa “alguno de los supuestos contemplados en el artículo 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado”, en ese caso puede acordarse de que la sesión se lleve a cabo en privado y su información deba mantenerse con el carácter de reservada.
Algunos de los supuestos de ese artículo son que se comprometa la seguridad pública; ponga en riesgo la vida; obstruya la persecución de los delitos; afecte los derechos del debido proceso; entre otros.
Sin embargo, la propia ley señala que en los casos de documentos reservados, “los sujetos obligados deberán elaborar versiones públicas y sin que esta disposición comprenda la información que esté considerada como de publicación obligatoria”.

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA



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