El contralmirante Salvador González Guerrero, ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Chihuahua, fue vinculado a proceso penal ayer por la tarde y permanecerá en prisión, acusado de homicidio doloso, lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público.
Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, el juez Juan José Chávez Montes determinó que Salvador González es probable responsable de la muerte de 40 migrantes y las lesiones de otros 28 a causa del incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de esta localidad.
El contralmirante en retiro y ex delegado del INM en Chihuahua continuará, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3 de esta urbe fronteriza, donde ingresó desde el lunes 17 de abril pasado.
Permanecerá en el Cereso durante un plazo de por lo menos cuatro meses, lapso que el juez federal fijó para la investigación complementaria y presentación de pruebas.
Cambio de abogados
Al inicio de la diligencia judicial, González Guerrero pidió cambiar a su abogado Daniel Álvarez Correa y presentó un equipo de seis nuevos litigantes, encabezados por José Manuel Arciniega Robles.
La defensa pidió desechar el caso, argumentando que la persona responsable de la estación migratoria de Ciudad Juárez no era Salvador González, sino un empleado del INM identificado como Daniel G., quien ya fue vinculado a proceso el 4 de abril pasado; enfrenta la causa penal 2016/23, también en prisión preventiva, por homicidio y lesiones.
Los abogados indicaron que la Ley de Migración y su reglamento no establecen como responsabilidades del delegado del INM en las entidades federativas las actividades de guardia y custodia de los indocumentados.
Sin embargo, el juez resolvió que González Guerrero sí es probable responsable del homicidio y las lesiones de los extranjeros, pues fue omiso en verificar las estaciones migratorias e instalaciones del INM, temporales y fijas, ubicadas en el estado, y no garantizó la seguridad de los indocumentados recluidos en el inmueble del puente internacional Lerdo.
Hasta el momento son seis los funcionarios y empleados del INM con procesos penales abiertos por este caso, y quedan pendientes las audiencias del director de Control y Verificación Migratoria nacional, Antonio Molina, y del comisionado del INM, Francisco Garduño, programadas para el martes.
