Decenas declarados, 8 detenidos, millones en juego y una generación del PAN vinculada al Cártel Inmobiliario
Viernes 05 de Mayo de 2023 11:33 am
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Christian Von Roehrich de la Isla, exdiputado de la Ciudad de México y exalcalde panista, su hermana, y 10 personas más, la mayoría exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, son los presuntos involucrados que ha dejado hasta ahora la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por el Cártel Inmobiliario, la trama de corrupción en la que se ha visto involucrada el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital.
Por este caso, seis servidores públicos han sido detenidos –incluido el exdelegado Christian Von Roehrich de la Isla–, así como la hermana del exalcalde Sofía “N” y otro empresario de nombre Roberto “N”, mientras que otros cuatro están en calidad de evadidos, indicó en entrevista con SinEmbargo el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Además está el caso de un exfuncionario detenido por enriquecimiento ilícito cuyo papel en esta trama ha sido investigado.
Christian Von Roehrich se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Norte, misma figura que fue aplicada a Adelaida “N”, exdirectora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el actual Gobierno de Santiago Taboada. La Fiscalía también detuvo a la hermana del exalcalde Sofía “N” y al exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Nicias Aridjis Vázquez, quien se desempeñó en el cargo a lo largo de cuatro administraciones que incluyen los gobiernos de Jorge Romero y Christian Von Roehrich. Ambos están en prisión domiciliaria.
Además han sido detenidos Ismael Isauro Chalico García, quien ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de Director General de Administración; José Ramón “N”, supervisor de trabajos de la Alcaldía, Alejandro “N”, extrabajador de la demarcación, y el empresario Roberto “N”. Se encuentran evadidos Victor Mendoza, Director de planeación, Emilio Sordo, Director de Desarrollo Urbano; y Elvia “N” y César “N”, este último trabajador por honorarios. De igual forma ha sido detenido por enriquecimiento ilícito Luis Vizcaíno, exdirector general Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, cuyo papel en la trama, según se ha informado, estaba bajo investigación.
“Tenemos, además, a otros más que están señalados, que era el director de Participación Ciudadana, el Director de Servicios Urbanos, la directora de Planeación y dos personas más que hacían las veces de gestores [de las cuales una ya fue detenida]”, expuso Lara. “¿Van a aparecer más personas vinculadas? Es probable que sí, que vamos a tener otros empresarios, porque hemos estado investigando más de 130 inmuebles”.
“Es probable que tengamos que seguir la ruta del dinero y encontrar esos vínculos [entre empresarios, exfuncionarios y sus allegados], y por eso, lo quería señalar, lo que se nos está abriendo es otra posibilidad con los funcionarios hacia otro tipo de operaciones de mayor envergadura, y si hablamos de esto entonces es probable que tengamos que pedir la intervención de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, puedan llevar este tema a sus consecuencias”.
El Vocero explicó que, en caso de hallarse una relación entre los administradores de las empresas involucradas, los funcionarios y personas cercanas a ellos, tendrá que comprobarse que se trata de probable lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues al momento se han observado intercambios y movimientos con grandes sumas de dinero que han despertado el interés de la Fiscalía.
“Si hay estos vínculos pues tendrá que probarse, pero lo que sí puedo decir es que nace de esta investigación, de la investigación de empresas de operaciones que hicieron ellos de estos intercambios y de estos movimientos, así que para nosotros no está sino apenas encontrándose un hilo de una madeja, quizás mucho más grande”.
Además de los funcionarios de la demarcación, apuntó Lara, actualmente se están entablando diálogos con servidores públicos de otras instancias para determinar posibles responsabilidades en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la capital, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC) y las notarías que participaron.
EL MODUS OPERANDI
Son cinco las empresas involucradas, mientras que otras dos están bajo análisis por su probable involucramiento. Las que forman parte de la carpeta de investigación actualmente son: City Coyoacán 6, Grupo Comercial Díaz Mendoza, Diseños y Construcciones JP, Constructora Tesaval, y Construcciones y Desarrollos Virtuales. Esta última tiene como apoderada legal a Sofía “N”, hermana del exalcalde Von Roehrich.
Christian Von Roehrich, quien gobernó la Alcaldía Benito Juárez entre 2015 y 2018, es acusado por la FGJ-CdMx de encabezar la red de corrupción denominada Cártel Inmobiliario, que consistía en otorgar permisos a constructoras e inmobiliarias a cambio de departamentos y otros favores. De acuerdo con la dependencia, el también exdiputado habría pedido a un empresario facilitarle departamentos en el complejo residencial City Towers a cambio de que avanzara la construcción de esos edificios.
“No aparecen como figuras directas quienes son los probables responsables, o los articuladores, de esta trama”, explicó Lara. “Hay un núcleo que va pensando las maneras mediante las cuales van realizando acciones que les benefician y pueden ir encubriendo sus propios pasos para no ser descubiertos. Para nosotros entonces resultaba muy obvio que si alguien estaba de Director General de una área tan sensible como es la de Obras, que apareciera como propietario de un bien inmueble, el cual le había autorizado, pues hay una relación causal directa”.
El exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano en la demarcación entre 2006 y 2018 fue Nicias Aridjis Vázquez, quien fue detenido el 19 de octubre por presunto enriquecimiento ilícito, pues habría actuado según la Fiscalía junto con el exdirector general Jurídico y de Gobierno de la Benito Juárez, Luis Vizcaíno –actualmente también detenido–, para obtener recursos de manera irregular. Vizcaíno, anunció la FGJ-CdMx en agosto del 2022, estaba bajo investigación por su presunta relación con el Cártel Inmobiliario.
Al momento, las autoridades capitalinas han entrevistado a un centenar de testigos y afectados que proporcionaron información para las diligencias y permitió dar cuenta del modus operandi de la red.
“Pareciera tan simple, que también cuando lo demostramos en su declaración patrimonial si este servidor público tiene un nivel de ingresos determinado, y lo que está reportando como un bien patrimonial está por encima de eso, tenemos una incongruencia, que puede llamarse al delito que conocemos como enriquecimiento ilícito. Si fueran además otros los ingresos, o más los bienes, tendríamos que preguntar si esta persona cuenta con otra fuente de ingresos, como podrán ser empresas, pertenencias, etcétera, pero también tendrían que estar declaradas”, detalló Lara sobre cómo se fue fincando la investigación desde la Fiscalía.
“Por ejemplo, nos narra el empresario que declaró: ‘Me pidieron ayudar en la instalación de la pista de patinaje en la explanada principal de Benito Juárez, y participamos pagando en principio 800 mil pesos y luego un millón de pesos en efectivo, que entregamos al Director General de Obras'”, profundizó el Vocero. “Una de las cosas que llamó la atención en ese momento fue si podían esto probarlo ellos con un documento que pudiera por lo menos dar cuenta de que pagaron ese dinero en efectivo nos dijeron que sí, que ellos tienen una para para formalizar los recursos que pagan en efectivo llevan una cuenta, y dan unos recibos que ellos le llaman azules para distinguirlos de los otros colores con los cuales ellos manejan sus pagos, entonces dicen, ‘Sí, entregamos este dinero en efectivo, se los dimos a ellos y sabemos que no fueron a los únicos que le solicitaron'”.
En ocasiones anteriores, el Vocero de la Fiscalía ya había asegurado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de Sin Embargo Al Aire que el llamado Cártel Inmobiliario había utilizado empresas fachadas para ocultar sus operaciones ilícitas dentro de la Alcaldía.
“Empezamos a buscar y nos encontramos que no sólo había bienes de ellos no declarados, algunas empresas, empresas fachada, empresas que cubrían algunos elementos básicos como son pagos de impuestos, pero no necesariamente estaban cumpliendo con todo lo que hace una empresa formal […] Hoy sabemos que las empresas que ellos (el “Cártel Inmobiliario”) estaban operando no estaban actuando de forma legal, estaban teniendo mecanismos que no respondían a la operación formal de empresa, estamos investigando todo eso, eso nos va a arrojar más información, hay más inmuebles”, dijo Lara en agosto del año anterior.
Fue a través de estas terceras partes que lograron una “cobertura de paraguas que evitaría [que las operaciones] fueran visible en algún momento a los ojos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a los ojos de las auditorías que podían presentarse” sobre los orígenes de dinero, sumó. Al indagar más sobre estas empresas, dijo el Vocero en esta ocasión, se percataron que había algunas en liquidación a pesar de haber simulado operaciones tan exitosas, o una falta de reparto de utilidades a los trabajadores.
A partir de ese momento, la FGJ-CdMx recibió declaraciones de trabajadores que indicaron que habían ido ante notarías a firmar que ellos formaban parte de una empresa, pero jamás se les volvió a dar información al respecto. “Algunas de estas empresas, sus domicilios son casas que nunca han operado como empresas, son domicilios privados y bueno, todo esto ya forma parte también de una investigación que se está integrando y se va a desglosar hacia la propia Fiscalía General de la República, quien tiene las atribuciones formales para indagar sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Apenas este martes, la Fiscalía de Ernestina Godoy indicó que Santiago Taboada, actual dirigente de la Alcaldía Benito Juárez, fue mencionado por un testigo clave en la presunta red de corrupción del esquema, junto con el exdiputado local Christian Von Roehrich.
Posterior al término de la administración de Von Roehrich, indicó el empresario que declaró por el caso, fue citado en un edificio delegacional con motivo de los daños en inmuebles que se registraron tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando el Alcalde en turno ya era Santiago Taboada. Según la información proporcionada, una obra rehabilitada tras los sismos ocurridos en 2017 fue cobrada a través de una empresa fachada cercana a funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez ya en la administración del actual dirigente en la demarcación.
Después de los señalamientos, la cúpula de la coalición Va por México –de la cual forma parte Acción Nacional– expresó su respaldo a Taboada y acusó una persecución política en su contra, mientras que el mismo Alcalde aseguró que alistó una denuncia contra la FGJ-CdMx porque “no tiene nada que esconder”.
“Ni me voy a doblar, ni me voy a rajar. Acá está la prueba de cómo este Gobierno de mentiras ha ocupado recursos de temas tan delicados como el secuestro y la desaparición forzada para buscar tener el control de mis comunicaciones, la geolocalización y el registro de mis llamadas. No una vez, sino 15 ocasiones desde agosto de 2021 porque perdieron la elección en junio [2021]”, apuntó este miércoles.
En la conferencia de prensa que realizaron con motivo de las acusaciones, tomaron la palabra en defensa del Delegado Marko Cortes, dirigente del PAN; la Alcaldesa Sandra Cuevas; las senadoras Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez, y Kenia López Rabadán; Alejandro Moreno, dirigente del PRI; y el Diputado Santiago Creel. De ellos, tres son aspirantes a la candidatura de la alianza para la Presidencia de la República en 2024; mientras que Gálvez, López Rabadán y Taboada han hecho públicos sus deseos de ser candidatos a la Jefatura de Gobierno capitalina.
La investigación ha involucrado incluso al exalcalde de Benito Juárez Jorge Romero Herrera, actualmente coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), aunque la Fiscalía no le ha hecho ninguna imputación específica en el esquema que involucra, hasta ahora, a 10 funcionarios y un empresario.
“Es probable que en algunos casos se pueda ir avanzando [en las investigaciones] para bien, y tal vez nos dé para iniciar otro proceso, pero por lo pronto ahora mismo estamos cerrando un primer capítulo con más información y se están abriendo nuevos con otros hallazgos que son valiosos para darlos a conocer a los ciudadanos”, concluyó Ulises Lara sobre el tema. “Esto es una madeja muy compleja, muy llena de de recovecos que tenemos que desentrañar y presentar porque, por el bien de todos, es mejor que esto jamás vuelva a repetirse”.
