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Vecinos que compraron de buena fe sus casas exhiben a Cártel Inmobiliario en Edomex



Martes 16 de Mayo de 2023 12:26 pm

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Con el pretexto de cumplir con el plan de desarrollo de vivienda, en el año 2004 comenzó un proceso de urbanización en el Estado de México en donde inmobiliarias y desarrolladoras, apoyadas con dinero público, iniciaron la construcción de “viviendas dignas y accesibles”, un concepto que atrajo a miles de mexiquenses que vieron en sus manos la posibilidad de hacerse de un patrimonio, sin imaginarse que “los materiales con los que construyeron sus casas serían de mala calidad, carecerían de agua y otros servicios”, denunciaron vecinos del fraccionamiento Hacienda Balboa.

El fraccionamiento, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, fue denunciado por este grupo de vecinos en un primer reportaje publicado en SinEmbargo, en el que también señalaron a expresidentes municipales como Alfredo Durán Reveles (PAN), David Ulises Guzmán Palma (PAN) y Alejandra del Moral Vela (PRI), a quien acusan de un presunto fraude por más de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de 1,049 casas a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi.


El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna es una asociación que empezó denunciando formalmente la corrupción inmobiliaria en Tecámac y luego vecinos de otros municipios se unieron. Actualmente tienen dos denuncias –una del fuero común y otra federal– en las que aparecen los nombres de exfuncionarios mexiquenses como el expresidente Enrique Peña Nieto, el Senador Eruviel Ávila y Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México.

También están empresas como Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo y Ara; además de sofoles como Patrimonio, Hipotecaria su Casita, Ing hipotecaria, Hipotecaria Money, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBVA Bancomer, Crédito y Casa, Deutsche Bank México, el Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal.


SinEmbargo buscó a la empresa Urbi para una opinión respecto a las denuncias de los vecinos sobre el estado de sus viviendas y el presunto fraude que cometieron en colusión con exfuncionarios, pero al cierre de esta edición no hubo comentarios.


“Desde hace muchos años mi esposa Rosy González y yo adquirimos de buena fe una casa con todo el deseo de formar un patrimonio, pero nos vendieron con engaños. Por ejemplo, las casas están construidas en ejidos violando la Ley Agraria, además de que no contaban con pólizas de seguro, tenían materiales de baja calidad y las cisternas se colapsaban”, denunció el señor Carreño, quien fue desalojado de su vivienda el 19 de abril del año pasado sin una notificación previa.

El señor Carreño y su esposa dejaron de pagar su vivienda luego de interponer una denuncia por fraude contra la empresa Urbi y exfuncionarios. Se suponía que mientras no se resolviera la denuncia, los procesos bancarios se frenarían, pero no fue así.

“Me sacaron de mi casa, yo nunca recibí un aviso o notificación, incluso el día que lo hicieron yo no estuve, ni mi esposa, abrieron mi casa, sacaron mis cosas y los vecinos me ayudaron a guardarlas”, recordó Javier Carreño y aclaró sobre su situación: “No somos personas que no queramos pagar, nosotros queremos pagar nuestras viviendas, pero bajo esas condiciones estábamos pagando algo ilegal”.


Víctor Manuel Viveros, otro de los vecinos de Hacienda Balboa, vive un proceso similar al del señor Carreño, pero con la diferencia de que a él no lo han desalojado.


“Sigo viviendo en el fraccionamiento, pero estoy en un proceso de demanda por parte del banco que nos quiere desalojar”, contó. “Nosotros no estamos negados a pagar, pero queremos pagar lo justo porque lo que nos ofrecieron no es lo que estamos pagando”.

Al escuchar los testimonios de cada vecino hay dos constantes: las viviendas que Urbi les vendió fueron construidas con materiales de mala calidad y el precio de la vivienda no fue accesible.

Fermín Antonio Lugo, residente de Hacienda Balboa, mencionó que en el año 2011 reclamaron a Urbi y al banco por este engaño y les advirtieron que si no cumplían, iban a dejar de pagar sus créditos. La advertencia fue inútil porque los amenazaron con quitarles sus casas y no tuvieron más remedio que seguir pagando.

UN FRACCIONAMIENTO CONSTRUIDO EN UN EJIDO

La construcción de Hacienda Balboa se planeó desde el año 2004 cuando Arturo Montiel Rojas era Gobernador (1999-2005) y Alfredo Durán Reveles Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli (2003-2006).

El 2 de julio de ese año, la mayoría de los ejidatarios de Tultitlán, otro de los 125 municipios del Estado de México, vendieron sus parcelas a la Empresa Constructora de Vivienda CYD Desarrollos Urbanos, la cual sin tener el dominio pleno logró que se expidiera la Escritura Pública No. 1476, de fecha 02 de julio de 2004, otorgada ante la fe del Notario Público 119 de la entidad.

Teniendo estos premisos avalados por notarios, el 10 de mayo de 2006 se publicó en la Gaceta del Estado de México la autorización del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa para la compra y venta de créditos de 1,049 casas que valían alrededor de 2 millones de pesos cada una.

No obstante, a la par que se otorgaban estos permisos y se realizaba la construcción del fraccionamiento, en la Procuraduría Agraria caminaba una demanda en contra de la empresa Urbi y del Notario Público 119 de Tultitlán promovido por la señora María del Carmen Hernández Ceroni, quien se opuso desde el principio a la venta de sus terrenos.

Los vecinos recuerdan que para el año 2007 los agentes inmobiliarios de Urbi comenzaron a vender las viviendas a través de su página web y ofrecían recorridos a las personas interesadas en comprar, sin informarles que una parte importante de ese fraccionamiento (el vaso regulador) estaba en litigio.

En los límites del fraccionamiento Hacienda Balboa se encuentra ubicado este vaso regulador, que por estar en litigio, Urbi no pudo construir 24 casas de las 1,049. Estas viviendas están en obra negra y no cuentan con ventanas ni puertas, están abandonadas. Detrás de éstas se observa un terreno que es propiedad de la señora Carmen, a quien le tomó 11 años ganar el juicio y ahora la empresa debe pagarle si desea terminar de construir estas casas.


Agencias



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