Exmunicipes afirman que el Juicio político fue venganza; acusan a la Gobernadora

Jueves 09 de Noviembre de 2023 7:00 am

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Señalan que no afectaron a nadie, “tampoco nos robamos dinero o desviamos recursos; no existió por lo tanto una afectación a la hacienda pública”: Felipe Cruz

De Visita en Diario de Colima, los exintegrantes del Cabildo de Villa de Álvarez durante el periodo 2018-2021, afirmaron que fueron víctimas de una venganza política, en la que los diputados de Morena y sus aliados procedieron por órdenes del Poder Ejecutivo.

Así lo manifestaron los propios exmunícipes, quienes también sostuvieron que procedieron de buena fe al aprobar la operación de mototaxis en el municipio villalvarense, lo que no afectó a la hacienda pública ni a los ciudadanos.

En la entrevista estuvieron presentes el exalcalde Felipe Cruz Calvario, las exregidoras Perla Vázquez Montes y Mayrén Polanco Gaitán, así como los diputados Héctor Magaña Lara, Miguel Ángel Galindo Barragán y Rigoberto García Negrete.  

El pasado viernes 3 de noviembre, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) archivó el juicio político en contra de los exintegrantes del Cabildo, por lo que no procedieron las sanciones propuestas por el Congreso del Estado, consistes en la inhabilitación de los imputados.

En primer término, el exalcalde Felipe Cruz Calvario recordó que 11 de 13 integrantes del Cabildo villalvarense fueron emplazados a un juicio político por parte del Congreso del Estado.

Mencionó que de los dos regidores no contemplados en este proceso uno falleció, en tanto que el otro siempre se abstuvo de participar en el caso de la autorización de los mototaxis.

Recordó que el juicio político en el Poder Legislativo inició a partir de una demanda interpuesta por agrupaciones de taxistas en ese municipio, “nosotros creímos que no prosperaría, dado que no cubría los requisitos”.

Precisó que, con su decisión, los exmunícipes no afectaron a nadie, “tampoco nos robamos dinero o desviamos recursos; no existió por lo tanto una afectación a la hacienda pública”.

Mencionó que al avanzar el proceso, el aspecto jurídico quedó de lado y se ponderó el tema político, “en mi caso fui notificado por unas siete personas que me llevaron los documentos”.

Agregó que “por las formas, nos dimos cuenta que esto era una cacería, pues incluso a Héctor Magaña lo notificaron cuando ofrecía una rueda de prensa sobre las denuncias de ciudadanos a la Ciapacov”.

Perla Vázquez Montes indicó que ella también fue notificada de manera intempestiva, mientras se disponía a iniciar una sesión del Cabildo de Villa de Álvarez, “casi me obligaron a sentarme para firmar”.

El resto de los integrantes del Cabildo mencionó que de igual forma fueron notificados de manera poco adecuada, con actitudes que incluso lindan con el acoso.

Luego, Héctor Magaña refirió que este juicio político se trató en realidad de una persecución y una venganza de carácter político, “yo en su momento lo alerté y efectivamente así sucedieron las cosas”.

Cuestionó que en el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, el diputado Armando Reyna Magaña, quien preside la Comisión de Responsabilidades, fue delegado de Transporte en Tecomán.

Añadió que como funcionario del gobierno anterior tiene una responsabilidad jurídica, pues no se excusó en este asunto del juicio político, aun cuando es propietario, junto con su familia, de al menos 15 concesiones de taxi.

Remembró que además recientemente, un familiar directo del diputado participó en un accidente estando alcoholizado, “en tal choque una persona falleció, pero se menciona que el legislador movió sus influencias para que no se castigara”.

Sobre el tema del juicio político, Héctor Magaña precisó que desde el origen estuvo mal, “pues la decisión autorizar los mototaxis respondió a una necesidad social de movilidad”.

Afirmó que más de 2 mil 500 firmas respaldaron la regulación de los mototaxis en Villa de Álvarez, “por lo tanto, nosotros actuamos de buena fe al interior del Cabildo, no hubo corrupción ni afectación a nadie”.

Responsabilizó a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva de instruir a sus diputados afines para que procedieran en este juicio político, “se trata de perseguir a quien expone la corrupción y señala la falta de resultados”.

Consideró que uno de los motivos de esa persecución es la denuncia que hicieron los diputados del PRI acerca del caso de la adquisición de residencias en el fraccionamiento Bosque Real por parte de funcionarios estatales.

Subrayó que incluso presentaron una denuncia penal por el probable delito de enriquecimiento ilícito, “en cuanto salimos de la Fiscalía, nos informaron que el juicio político procedería en nuestra contra”.

En este sentido, el líder de la bancada priista apuntó que la oposición se ha comportado de una manera responsable en el Congreso local, “hemos presentado exhortos para que comparezcan la Gobernadora y otros funcionarios”.

Agregó que también han empujado otros temas, como la adecuada integración del órgano garante de la transparencia en Colima, “pero nada de esto ha tenido éxito debido a que existe una mayoría entregada al Poder Ejecutivo”.

Ejemplificó que desde el Congreso del Estado podría darse una coordinación en materia de seguridad, para apoyar con mayor presupuesto, “pero eso no existe porque ni siquiera se toma en cuenta a los diputados”.

Incluso ofreció una disculpa por la actual Legislatura, “nosotros no tenemos el control del Congreso del Estado para hacer las cosas de manera correcta, pero la gente se debe dar cuenta de la importancia de tener un Poder autónomo”.

Argumentó que eso debe analizar la sociedad de cara al proceso electoral del próximo año, “deben reflexionar sobre el Congreso que quieren y la forma en que desean que actúen sus representantes.

Resumió que en una democracia, los contrapesos son fundamentales, “vivimos en una República y ese mensaje importante enviaron los magistrados del Poder Judicial que votaron en contra de sancionarnos”.

Señaló que en cambio los magistrados que votaron a favor de las sanciones no pudieron argumentar a su favor, “la magistrada Ana Lilia Hernández se quedó sola con su proyecto, nadie la respaldó”.

Agregó que el magistrado José Alfredo Jiménez tenía un conflicto de interés en este tema, por lo que debió excusarse de conocer el asunto y de votar, “al no hacerlo, violó la ley”.

También se dijo extrañado de la posición de René Rodríguez Alcaraz, por su voto a favor de la sanción, “cuando no había elementos y él lo sabía como catedrático de la Facultad de Derecho, donde ganó premios como el mejor profesor”.

Apuntó que la población puede sentirse confiada, pues en el Poder Judicial hay magistrados que defienden su autonomía y hacen valer la Constitución y otras leyes.

Héctor Magaña también denunció que la persecución continúa, ahora en contra de la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Martha Zepeda, “a quien denunciaron penalmente”.

Pidió a las instituciones que en ese caso procedan con apego a derecho, “pues no deben ser utilizadas para venganzas o cuestiones electorales; los impartidores de justicia deben cumplir con esa función y dejar la política a quienes se dedican a ella”.

Ofreció su solidaridad a la funcionaria de Manzanillo, “pues nosotros vivimos en carne propia la persecución; esperamos que las instituciones se encuentren a la altura de las circunstancias”.

Señaló que ese caso tiene la evidente intención de desprestigiar el trabajo en el Ayuntamiento de Manzanillo, “el cual se reconoce, eso lo hemos dicho de manera pública”.

Al retomar la palabra, Felipe Cruz agradeció el respaldo que recibieron de diputados locales y federales, “esto ha permitido que este caso trascienda en el ámbito estatal”.

Criticó al diputado Armando Reyna Magaña, por cuestionar la filiación partidista de los cinco magistrados que votaron en contra de sancionar a los exmunícipes, “se le olvida al Diputado que en el Poder Judicial no hay bancadas”.

“Este juicio político desnudó las cosas que se hicieron mal y también las que se han dejado de hacer en el caso de los mototaxis, pues en todos los municipios se ofrece este servicio y no se ha reglamentado”, dijo.

El diputado Rigoberto García Negrete afirmó que resulta evidente la intención de “sacar de circulación a los compañeros, es una intentona fallida del Gobierno del Estado”.

Refirió que algunos casos, como el de los exmunícipes, son resueltos de manera rápida, “mientras que en otros, como el del exalcalde Leoncio Morán, actúan de manera incorrecta, al responsabilizar al extesorero del desvío de 50 millones de pesos”.

Indicó que esa persona (Armando Zamora) actualmente es tesorero del municipio de Tecomán, gobernado por Morena, “lo extraño es que nadie lo ha llamado a cuentas, si en realidad es el culpable”.

También comentó que el diputado Armando Reyna no tiene 15 concesiones, “él tiene un derecho, pero también tienen sus hijos, su esposa, sus hermanos, la empleada doméstica y también Cleopatra, que es su mascota”.

Perla Vázquez Montes agradeció el apoyo de las personas que confiaron en ellos, “pues la gente sabía que no existió ninguna afectación al municipio; hemos realizado una política limpia”.

Asentó que los magistrados que votaron en contra de sancionarlos actuaron con ética profesional y apego a la justicia, “por eso es importante agradecerles su actuación”.

Mayrén Polanco Gaitán señaló que en este caso ganó la justicia y el Estado de Derecho, “pues los magistrados argumentaron y analizaron los hechos para determinar que nosotros teníamos la razón”.

Recordó que además, luego de una resolución jurisdiccional, los propios exmunícipes cancelaron el reglamento de la operación de mototaxis que habían aprobado.

Por su parte, el diputado priista Miguel Ángel Galindo Barragán consideró que debe existir un equilibrio entre los Poderes, “con el objetivo de que uno no se encuentre supeditado a otro”.

Esgrimió que actualmente el Poder Legislativo se encuentra sometido al Ejecutivo, “lo que resulta lamentable, porque eso está generando atropellos como los que estamos viendo”. 

REVOCACIÓN DE MANDATO, PENDIENTE EN LA CORTE 

Por otro lado, Héctor Magaña señaló que el tema de la revocación de mandato sigue pendiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que diputados de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley en la materia que posterga ese ejercicio hasta 2031.

Informó que en tres ocasiones, este asunto se ha postergado en las sesiones del Pleno de la Corte, “están pateando el tema y vemos que existe un cabildeo entre el gobierno estatal y la magistrada Loretta Ortiz, afín a Morena”.

Sentenció que el tema de la revocación de mandato sigue vivo y cualquier momento tendrá que resolverse, “pues es un derecho constitucional que tienen los colimenses”.

Mario Alberto Solís Espinosa

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