Juicio político fue venganza, señalan exmunícipes de VdeA; acusan a la Gobernadora
Señalan que no afectaron a nadie, “tampoco nos robamos dinero o desviamos recursos; no existió por lo tanto una afectación a la hacienda pública”: Felipe Cruz
Jueves 09 de Noviembre de 2023 7:51 am
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De Visita en Diario de Colima, los
exintegrantes del Cabildo de Villa de Álvarez durante el periodo 2018-2021,
afirmaron que fueron víctimas de una venganza política, en la que los diputados
de Morena y sus aliados procedieron por órdenes del Poder Ejecutivo.
Así lo manifestaron los propios
exmunícipes, quienes también sostuvieron que procedieron de buena fe al aprobar
la operación de mototaxis en el municipio villalvarense, lo que no afectó a la
hacienda pública ni a los ciudadanos.
En la entrevista estuvieron presentes
el exalcalde Felipe Cruz Calvario, las exregidoras Perla Vázquez Montes y
Mayrén Polanco Gaitán, así como los diputados Héctor Magaña Lara, Miguel Ángel
Galindo Barragán y Rigoberto García Negrete.
El pasado viernes 3 de noviembre, el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) archivó el juicio político en
contra de los exintegrantes del Cabildo, por lo que no procedieron las
sanciones propuestas por el Congreso del Estado, consistes en la inhabilitación
de los imputados.
En primer término, el exalcalde Felipe
Cruz Calvario recordó que 11 de 13 integrantes del Cabildo villalvarense fueron
emplazados a un juicio político por parte del Congreso del Estado.
Mencionó que de los dos regidores no
contemplados en este proceso uno falleció, en tanto que el otro siempre se
abstuvo de participar en el caso de la autorización de los mototaxis.
Recordó que el juicio político en el
Poder Legislativo inició a partir de una demanda interpuesta por agrupaciones
de taxistas en ese municipio, “nosotros creímos que no prosperaría, dado que no
cubría los requisitos”.
Precisó que, con su decisión, los
exmunícipes no afectaron a nadie, “tampoco nos robamos dinero o desviamos
recursos; no existió por lo tanto una afectación a la hacienda pública”.
Mencionó que al avanzar el proceso, el
aspecto jurídico quedó de lado y se ponderó el tema político, “en mi caso fui
notificado por unas siete personas que me llevaron los documentos”.
Agregó que “por las formas, nos dimos
cuenta que esto era una cacería, pues incluso a Héctor Magaña lo notificaron
cuando ofrecía una rueda de prensa sobre las denuncias de ciudadanos a la
Ciapacov”.
Perla Vázquez Montes indicó que ella
también fue notificada de manera intempestiva, mientras se disponía a iniciar
una sesión del Cabildo de Villa de Álvarez, “casi me obligaron a sentarme para
firmar”.
El resto de los integrantes del
Cabildo mencionó que de igual forma fueron notificados de manera poco adecuada,
con actitudes que incluso lindan con el acoso.
Luego, Héctor Magaña refirió que este
juicio político se trató en realidad de una persecución y una venganza de
carácter político, “yo en su momento lo alerté y efectivamente así sucedieron
las cosas”.
Cuestionó que en el gobierno de
Ignacio Peralta Sánchez, el diputado Armando Reyna Magaña, quien preside la
Comisión de Responsabilidades, fue delegado de Transporte en Tecomán.
Añadió que como funcionario del
gobierno anterior tiene una responsabilidad jurídica, pues no se excusó en este
asunto del juicio político, aun cuando es propietario, junto con su familia, de
al menos 15 concesiones de taxi.
Remembró que además recientemente, un
familiar directo del diputado participó en un accidente estando alcoholizado,
“en tal choque una persona falleció, pero se menciona que el legislador movió
sus influencias para que no se castigara”.
Sobre el tema del juicio político,
Héctor Magaña precisó que desde el origen estuvo mal, “pues la decisión
autorizar los mototaxis respondió a una necesidad social de movilidad”.
Afirmó que más de 2 mil 500 firmas
respaldaron la regulación de los mototaxis en Villa de Álvarez, “por lo tanto,
nosotros actuamos de buena fe al interior del Cabildo, no hubo corrupción ni
afectación a nadie”.
Responsabilizó a la gobernadora Indira
Vizcaíno Silva de instruir a sus diputados afines para que procedieran en este
juicio político, “se trata de perseguir a quien expone la corrupción y señala
la falta de resultados”.
Consideró que uno de los motivos de
esa persecución es la denuncia que hicieron los diputados del PRI acerca del
caso de la adquisición de residencias en el fraccionamiento Bosque Real por
parte de funcionarios estatales.
Subrayó que incluso presentaron una
denuncia penal por el probable delito de enriquecimiento ilícito, “en cuanto
salimos de la Fiscalía, nos informaron que el juicio político procedería en
nuestra contra”.
En este sentido, el líder de la
bancada priista apuntó que la oposición se ha comportado de una manera
responsable en el Congreso local, “hemos presentado exhortos para que
comparezcan la Gobernadora y otros funcionarios”.
Agregó que también han empujado otros
temas, como la adecuada integración del órgano garante de la transparencia en
Colima, “pero nada de esto ha tenido éxito debido a que existe una mayoría
entregada al Poder Ejecutivo”.
Ejemplificó que desde el Congreso del
Estado podría darse una coordinación en materia de seguridad, para apoyar con
mayor presupuesto, “pero eso no existe porque ni siquiera se toma en cuenta a
los diputados”.
Incluso ofreció una disculpa por la
actual Legislatura, “nosotros no tenemos el control del Congreso del Estado
para hacer las cosas de manera correcta, pero la gente se debe dar cuenta de la
importancia de tener un Poder autónomo”.
Argumentó que eso debe analizar la
sociedad de cara al proceso electoral del próximo año, “deben reflexionar sobre
el Congreso que quieren y la forma en que desean que actúen sus representantes.
Resumió que en una democracia, los
contrapesos son fundamentales, “vivimos en una República y ese mensaje
importante enviaron los magistrados del Poder Judicial que votaron en contra de
sancionarnos”.
Señaló que en cambio los magistrados
que votaron a favor de las sanciones no pudieron argumentar a su favor, “la
magistrada Ana Lilia Hernández se quedó sola con su proyecto, nadie la
respaldó”.
Agregó que el magistrado José Alfredo
Jiménez tenía un conflicto de interés en este tema, por lo que debió excusarse
de conocer el asunto y de votar, “al no hacerlo, violó la ley”.
También se dijo extrañado de la
posición de René Rodríguez Alcaraz, por su voto a favor de la sanción, “cuando
no había elementos y él lo sabía como catedrático de la Facultad de Derecho,
donde ganó premios como el mejor profesor”.
Apuntó que la población puede sentirse
confiada, pues en el Poder Judicial hay magistrados que defienden su autonomía
y hacen valer la Constitución y otras leyes.
Héctor Magaña también denunció que la
persecución continúa, ahora en contra de la secretaria del Ayuntamiento de
Manzanillo, Martha Zepeda, “a quien denunciaron penalmente”.
Pidió a las instituciones que en ese
caso procedan con apego a derecho, “pues no deben ser utilizadas para venganzas
o cuestiones electorales; los impartidores de justicia deben cumplir con esa
función y dejar la política a quienes se dedican a ella”.
Ofreció su solidaridad a la funcionaria
de Manzanillo, “pues nosotros vivimos en carne propia la persecución; esperamos
que las instituciones se encuentren a la altura de las circunstancias”.
Señaló que ese caso tiene la evidente
intención de desprestigiar el trabajo en el Ayuntamiento de Manzanillo, “el
cual se reconoce, eso lo hemos dicho de manera pública”.
Al retomar la palabra, Felipe Cruz
agradeció el respaldo que recibieron de diputados locales y federales, “esto ha
permitido que este caso trascienda en el ámbito estatal”.
Criticó al diputado Armando Reyna
Magaña, por cuestionar la filiación partidista de los cinco magistrados que
votaron en contra de sancionar a los exmunícipes, “se le olvida al Diputado que
en el Poder Judicial no hay bancadas”.
“Este juicio político desnudó las
cosas que se hicieron mal y también las que se han dejado de hacer en el caso
de los mototaxis, pues en todos los municipios se ofrece este servicio y no se
ha reglamentado”, dijo.
El diputado Rigoberto García Negrete
afirmó que resulta evidente la intención de “sacar de circulación a los
compañeros, es una intentona fallida del Gobierno del Estado”.
Refirió que algunos casos, como el de
los exmunícipes, son resueltos de manera rápida, “mientras que en otros, como
el del exalcalde Leoncio Morán, actúan de manera incorrecta, al responsabilizar
al extesorero del desvío de 50 millones de pesos”.
Indicó que esa persona (Armando
Zamora) actualmente es tesorero del municipio de Tecomán, gobernado por Morena,
“lo extraño es que nadie lo ha llamado a cuentas, si en realidad es el
culpable”.
También comentó que el diputado
Armando Reyna no tiene 15 concesiones, “él tiene un derecho, pero también
tienen sus hijos, su esposa, sus hermanos, la empleada doméstica y también
Cleopatra, que es su mascota”.
Perla Vázquez Montes agradeció el
apoyo de las personas que confiaron en ellos, “pues la gente sabía que no
existió ninguna afectación al municipio; hemos realizado una política limpia”.
Asentó que los magistrados que votaron
en contra de sancionarlos actuaron con ética profesional y apego a la justicia,
“por eso es importante agradecerles su actuación”.
Mayrén Polanco Gaitán señaló que en
este caso ganó la justicia y el Estado de Derecho, “pues los magistrados
argumentaron y analizaron los hechos para determinar que nosotros teníamos la
razón”.
Recordó que además, luego de una
resolución jurisdiccional, los propios exmunícipes cancelaron el reglamento de
la operación de mototaxis que habían aprobado.
Por su parte, el diputado priista
Miguel Ángel Galindo Barragán consideró que debe existir un equilibrio entre
los Poderes, “con el objetivo de que uno no se encuentre supeditado a otro”.
Esgrimió que actualmente el Poder
Legislativo se encuentra sometido al Ejecutivo, “lo que resulta lamentable,
porque eso está generando atropellos como los que estamos viendo”.
REVOCACIÓN DE MANDATO, PENDIENTE EN LA
CORTE
Por otro lado, Héctor Magaña señaló
que el tema de la revocación de mandato sigue pendiente a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, luego de que diputados de oposición promovieron una
acción de inconstitucionalidad en contra de la ley en la materia que posterga
ese ejercicio hasta 2031.
Informó que en tres ocasiones, este
asunto se ha postergado en las sesiones del Pleno de la Corte, “están pateando
el tema y vemos que existe un cabildeo entre el gobierno estatal y la
magistrada Loretta Ortiz, afín a Morena”.
Sentenció que el tema de la revocación
de mandato sigue vivo y cualquier momento tendrá que resolverse, “pues es un
derecho constitucional que tienen los colimenses”.
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