Canciller Bárcena señala en Corte Interamericana “situación de emergencia” ante tráfico de armas
Martes 28 de Noviembre de 2023 2:09 pm
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Ante la
violencia armada y el tráfico de armas, la canciller Alicia Bárcena señaló que
en América “nos encontramos ante una situación de emergencia”, compartida por
varios países de la región, que debe de ser atendida y enfocarse en el papel
que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de
derechos humanos.
Ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) declaró que la región americana ha sufrido de forma
particular las consecuencias de la violencia armada con la proliferación de
armas de fuego en manos de civiles, “que sólo puede entenderse a raíz de un
tráfico transfronterizo desregulado y que tiene consecuencias de seguridad
pública que se traducen en vulneraciones del derecho humano a la vida y a la
integridad personal”.
En audiencia
pública “Las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los
derechos humanos”, la secretaria de Relaciones Exteriores indicó que existe
amplia evidencia sobre la forma en la que la disponibilidad de armas influye en
el aumento de la violencia.
Las
estimaciones nos indican que cada año se trafican ilegalmente a México 200 mil
armas de fuego: “Y este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo,
pues en mi patria, la adquisición de armas de fuego por particulares está
sumamente controlada”. Destacó que en nuestro país solamente existe un
distribuidor y una tienda de armas situada en la Ciudad de México que es administrada
por el Ejército, la cual vende, en promedio, 38 armas al día a civiles.
“La
disponibilidad de armas adquiridas ilegalmente es mucho mayor, y tiene
incidencia directa en la comisión de crímenes violentos. Las empresas que
fabrican y distribuyen armas en el continente americano lo hacen sin prácticas
que aseguren su trazabilidad, o que eviten de alguna forma el desvío hacia
segundos propietarios.
“Esta
información es conocida e ignorada por las empresas de armas, quienes se
abstienen de tomar medidas para prevenir que los productos que fabrican y
distribuyen terminen en manos de grupos criminales y, más aún, tienen
estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos”, señaló Bárcena.
“No debemos
dejar de considerar, además, el impacto diferenciado que tiene la violencia
armada en grupos vulnerables, tales como las mujeres, los niños, las niñas, los
adolescentes y la población LGBTI+”, agregó.
La canciller
refirió que la disponibilidad indiscriminada de armas de fuego afecta la
situación social y económica de muchas familias, “al hacer que niños, niñas y
adolescentes pierdan a sus padres y a sus madres”.
“El Estado
mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerada por la Corte
Interamericana para que, con un enfoque de universalidad e interseccionalidad,
analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tiene en el
disfrute de los derechos humanos en los Estados americanos”, declaró.
Ante esta
situación, indicó que en los últimos años, México ha implementado diversas
acciones legales, Dijo que si bien es importante que las jurisdicciones
nacionales garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño en favor
de las víctimas, esto de ninguna manera obstaculiza las posibilidades de un
tribunal internacional de derechos humanos.
“El Estado
mexicano solicita a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre la
posibilidad de que las actividades -negligentes o intencionales- de las
empresas de armas puedan derivar en vulneraciones a los derechos humanos, como
es el caso del derecho a la vida y a la integridad personal.
“De la misma
forma, se solicita a la Corte señalar si puede existir responsabilidad por la
falta de la debida diligencia de las empresas de armas en sus actividades, y
determinar cuáles son las obligaciones tanto de los actores privados como de
los Estados en cuyas jurisdicciones realizan sus actividades para proteger y garantizar
los derechos humanos”, externó Alicia Bárcena.
“El Estado
solicita a la Corte pronunciarse sobre los recursos idóneos que los Estados
deben incorporar para garantizar que las personas víctimas de estas prácticas
negligentes o intencionales, puedan contar con recursos judiciales que permitan
la reparación del daño causado”, dijo.
Mencionó que
México sostiene que las empresas de armas deben actuar con debida diligencia en
la ejecución de sus actividades comerciales, para evitar efectos negativos en
el goce y disfrute de los derechos humanos.
Existen
diversos casos judiciales y arbitrajes en el continente americano, en los que
se ha determinado que las empresas sí pueden vulnerar derechos humanos, y se
han ordenado reparaciones en consecuencia, comentó Bárcena.
EL UNIVERSAL
