Emplaza sindicato a concluir proceso penal contra Peralta

Martes 12 de Diciembre de 2023 7:28 am

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La Fiscalía Anticorrupción del Estado tendrá que concluir el procedimiento judicial en contra del exgobernador Ignacio Peralta Sánchez, para que se le cobren más de 310 millones de pesos por concepto de retenciones a los burócratas estatales, que desde 2019 no enteraron al Instituto de Pensiones del Estado (Ipecol).

Así lo manifestó el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, quien recordó que desde septiembre de 2021 se interpuso una denuncia penal en contra del exmandatario, por el posible desvío de las retenciones salariales no enteradas al órgano pensionario.

Refirió que dicho procedimiento tiene que ser concluido por la Fiscalía Anticorrupción, para que se siga el trámite legal y se le requiera al exgobernador la reparación del daño, es decir, el pago de poco más de 300 millones de pesos que fueron descontados a los trabajadores, pero que no se entregaron al Ipecol.

Inicialmente, Martín Flores detalló que tras las primeras reuniones de autoridades pensionarias, el gobierno estatal y el sindicato, se revisó un primer monto por 672 millones de pesos, correspondiente al adeudo oficial con la antigua dirección de Pensiones, contraído en gobierno anterior al de Ignacio Peralta.

Anticipó que una vez signado por las partes, el convenio de pago se enviará al Congreso del Estado, para que ese adeudo se registre como deuda pública, afectando las participaciones federales, en caso de que el gobierno estatal no cumpla con la mensualidad estipulada.

Descartó que tal esquema sea similar al Fobraproa, “pues es un dinero que ya se debía y se tiene que pagar, pero ya no se va a dejar a la voluntad del gobierno, sino que se establecerá en la ley, a un plazo de 20 años, como deuda pública”, argumentó.

Luego, el dirigente sindical explicó que otro concepto de adeudo corresponde a los 610 millones de pesos que Ignacio Peralta dejó de pagar al Ipecol desde junio de 2019, “ese monto corresponde a las aportaciones que le correspondían, pero también a las cuotas y retenciones de los trabajadores”.

Abundó que sólo por ese último concepto, se acumuló un pasivo de 310 millones de pesos, “lo grave es que ese dinero ya no era del gobierno estatal, sino que correspondía a recursos del bolsillo de los trabajadores, pues ya se había descontado de la nómina”.

Mencionó que este último asunto se abordó con claridad en la reunión con autoridades gubernamentales y del Ipecol, “pedimos que se haga justicia y se repare el daño, pues existe una denuncia penal que interpuso el Ipecol en septiembre de 2021 ante la Fiscalía Anticorrupción”.

Afirmó que en tal querella también se reclamaron los 310 millones de pesos que no se enteraron el órgano pensionario y que ya habían sido descontadas a los trabajadores, “pero no se pagó nada, en lugar de eso el Gobernador declaró el quebranto del gobierno”.

Enfatizó que por ese motivo se pedirá a la Fiscalía Anticorrupción que ya concluya la carpeta de investigación y la consigne al Poder Judicial, con la finalidad de que se determine la procedencia del delito y se ordene la reparación del daño, “es decir, que le cobren al exgobernador”.

Esgrimió que “pedimos lo anterior porque ya vienen las elecciones y seguramente van a tener que apretar, mi olfato me lo dice, pero también es un asunto de voluntades”.

Martín Flores subrayó que en un acuerdo por separado, se establecerá el convenio de pago para que el actual gobierno cubra las aportaciones patronales que no realizó en todo 2022 y 2023, “mismas que, según nuestras cuentas, ascienden a 440 millones de pesos”.

Refirió que sobre ese último adeudo ya existe el compromiso gubernamental para que en este diciembre se cubran 2 meses de aportaciones atrasadas, “pero también se acordó que una vez conciliado el adeudo, se pagará la deuda en mensualidades, para no heredar este adeudo”, finalizó.

Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA

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