Diputados avalan desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos
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Miércoles 13 de Diciembre de 2023 5:14 pm
+ -Con 230 votos a favor los diputados aprobaron proceder penalmente en contra del fiscal
El pleno de la Cámara de Diputados,
como Jurado de Procedencia, avaló el dictamen de la Sección Instructora que
declara la procedencia de desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal general de
Morelos, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito
del servicio público, así como asumir el cargo sin acreditar exámenes de
control de confianza.
El desafuero fue aprobado por 230
votos en favor de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo; 22 en
contra de Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones del PAN, PRI y PRD.
Dicha resolución se remitirá al
Congreso de Morelos, para que ponga a disposición del Ministerio Público al
fiscal general del estado, para ejercer la acción penal correspondiente en el
momento en que lo determine; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
¿Por
qué se inició proceso de desafuero de Uriel Carmona?
El proceso de desafuero contra el
fiscal inició desde el año 2020, cuando la FGR pidió retirarle la inmunidad
para proceder en su contra por presuntamente asumir el cargo sin acreditar
exámenes de control de confianza; sin embargo, la Cámara de Diputados determinó
en 2021 que el fiscal no tenía fuero y, en consecuencia, se podía sujetar a
proceso penal.
Tras esa resolución, el Congreso de
Morelos presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, bajo el
argumento de que Carmona Gándara goza de fuero constitucional, y los ministros
les dieron la razón. Por lo anterior, se le ordenó a la Cámara baja reiniciar
el proceso, el cual revivió el pasado mes de octubre.
En la fase de alegatos del Juicio de
Procedencia realizado hoy, Juan Gabriel Hernández Morales, agente del
Ministerio Público de la Federación, acompañado de Emiliano Villa Caballero,
fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones, Terrorismo, Acopio y
Tráfico de Armas, de la FGR, refirió que en 2018, cuando fue designado como
fiscal general de Morelos, Uriel Carmona no tenía vigentes sus exámenes de
control de confianza.
Detalló que cuando asumió el cargo,
el 15 de febrero de 2018, no contaba con la certificación para desempeñar el
cargo; y designó a varios funcionarios de la Fiscalía General de Morelos que
tampoco contaban con los exámenes de control de confianza.
“Estos hechos, señores y señoras
diputadas, son constitutivos del delito de ejercicio ilícito del servicio
público, previsto y sancionado en el Código Penal Federal”, expresó en la
tribuna de la Cámara de Diputados.
“Es
cierto que el fiscal no tiene los exámenes de control de confianza, pero eso no
es delito”, reconoce defensa del fiscal
En su turno, Gabriel Alejandro Regino
García, defensor del fiscal general Uriel Carmona, advirtió que desde 2014 se
han hecho abdicar a 17 fiscales estatales por motivo de los cambios
transexenales de gobiernos, y que su defendido es una víctima de dicho fenómeno,
por no comulgar con las peticiones del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
“En 2018 hubo cambio de poderes en el
Estado de Morelos, desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco se
le pidió a la Fiscalía proceder en contra de la administración anterior, sin
más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas
indecibles”, señaló.
Subrayó que por ello se presentó una
denuncia anónima, para ligar al fiscal general con organizaciones delictivas,
pero no encontraron pruebas; y por ello lo acusan de no tener los exámenes de
control de confianza.
Aseguró que es cierto que el fiscal
no tiene los exámenes de control de confianza, pero eso no es delito, porque la
ley no se lo exige, y además es un asunto que ha prescrito.
“Estamos, diputadas y diputados, ante
una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de
procedencia. Van a votar sobre hechos ya prescritos. El fiscal del estado de
Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito”, dijo.
En la réplica, Hernández Morales
aseguró que los servidores públicos sí deben cumplir con los exámenes de
control de confianza al momento de asumir el cargo, porque de lo contrario, la
ciudadanía no puede confiar en ellos.
Y dijo que el artículo 105 del Código
Penal establece que la prescripción tiene un periodo de tres años, pero cuando
inició el proceso, en 2020, había pasado apenas un año de la denuncia.
En el mismo momento procesal, Regino
García advirtió que el supuesto delito fue cambiado por la parte demandante, y
primero pidió que se castigara que al momento de asumir el cargo no tenía los
exámenes de control de confianza, pero después señaló que actualmente no están
vigentes, por lo que modificó la acusación.
“No estamos aquí para defender
ideologías ni posiciones partidistas, sino principalmente una Estado de Derecho
que cada día sigue siendo presionado por intereses externos a la Constitución.
Rogamos su racionalidad y reflexión en el voto correspondiente”, añadió.
El dictamen de la Sección Instructora
advierte que su resolución no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia de
Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, y el dictamen sólo
constituye el ejercicio de una facultad soberana de la Cámara de Diputados.
