Evaluará gobierno a magistrados de STJE para decidir ratificación
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Sábado 13 de Enero de 2024 8:37 am
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El Poder Ejecutivo evaluará el desempeño de los cuatro
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que este año
concluyen su periodo, con el objetivo de determinar si propone o no su
ratificación en ese cargo al Congreso local.
Así lo establece el acuerdo que se publicó este jueves
en el Periódico Oficial El Estado de Colima, en el que se precisan las
etapas, fechas y procedimientos que utilizará el Poder Ejecutivo, a través de
la Consejería Jurídica, para valorar la actuación de los magistrados.
El próximo 13 de julio concluye el periodo de la
magistrada Lilia Hernández Flores, en tanto que el 10 de septiembre finalizará
la gestión de 6 años de los magistrados Sergio Marcelino Bravo Sandoval, René Rodríguez Alcaraz y Leticia Chávez Ponce.
El acuerdo publicado establece los lineamientos
conforme a las cuales se efectuará el procedimiento de evaluación objetiva del
desempeño de esos cuatro magistrados, para determinar su idoneidad o no en los
cargos, lo que a su vez permitirá establecer la procedencia de su reelección.
Menciona que el procedimiento de evaluación del
desempeño comienza a partir de la publicación de los lineamientos, además que
se llevará a cabo por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, dependencia
que una vez agotada las etapas, someterá al dictamen a la gobernadora Indira
Vizcaíno Silva para su aprobación.
Una vez que la Mandataria estatal confirme el dictamen
y éste sea emitido, será turnado al Congreso del Estado, para que analice y
apruebe las propuestas de ratificación o conclusión de los encargos.
Precisa el Acuerdo que “si en el dictamen en cuestión
la titular del Poder Ejecutivo determina la ratificación del magistrado
evaluado, adjuntará además al Congreso local la propuesta de nombramiento por
reelección”.
Señala que si por el contrario, el dictamen determina
la no ratificación del magistrado evaluado, “adjuntará además la propuesta de
nuevo nombramiento del magistrado que sustituya a la o el no ratificado”.
Subraya que la evaluación del desempeño contemplará si
en el ejercicio de su cargo, los magistrados cumplieron o no con los principios
de independencia y autonomía y con las características de experiencia,
honorabilidad, honestidad invulnerable, diligencia y excelencia profesional.
Para lo anterior, entre muchos otros aspectos, se
tomará en cuenta el número total de asuntos asignados a cada una de las
ponencias del magistrado sujeto a evaluación y el total de asuntos resueltos.
También el número del total de sentencias elaboradas
por las ponencias del magistrado sujeto a evaluación que hubiesen sido
impugnadas, especificando el número de las que hayan sido revocadas y/o
modificadas en cumplimiento de las sentencias de amparo.
Además, el grado de oportunidad legal de la emisión de
las resoluciones correspondientes a las ponencias del magistrado sujeto a
evaluación, señalándose la fecha en que quedó turnado para sentencia el asunto
y la fecha en que se aprobó la misma.
Menciona al documento que la posibilidad de
ratificación pude darse, “siempre y cuando demuestren (los magistrados) suficientemente
poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles designado, así como
que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de
manera pronta, completa e imparcial”.
Cabe destacar que todo este proceso
tendrá una duración aproximada de 3 meses y se contempla la participación de
organizaciones civiles en el rubro de la abogacía, para que emitan opiniones
sobre los magistrados que se encontrarán sometidos a evaluación.
Mario Alberto Solís Espinosa
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