Avanza demanda de México contra vendedoras de armas en Tucson
Foto Internet
Viernes 19 de Enero de 2024 8:32 pm
+ -La Corte para el Distrito de Arizona señaló el 22 de febrero como fecha de audiencia para presentar los alegatos orales
En el marco de la demanda presentada
por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyas
prácticas comerciales facilitan el tráfico de esos productos a nuestro país, la
Corte de Distrito para Arizona señaló el 22 de febrero de 2024 como fecha de
audiencia para presentar alegatos orales.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) indicó que la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el
caso y canceló la audiencia originalmente programada para el 28 de agosto de
2023.
Posteriormente, el asunto fue
reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en el cargo en 2014
por el entonces presidente de ese país, Barack Obama.
Adicionalmente, conforme a la
práctica de litigio en Estados Unidos, la Corte solicitó a las diversas partes
información que deberán aportar con antelación a la audiencia, incluyendo una
propuesta de calendario procesal y de la forma en las partes deberán exhibir y
revelar su material probatorio (discovery).
“Este requerimiento refleja un
profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del
asunto, lo cual confirma la seriedad y transcendencia del caso”, indicó la SRE.
La demanda fue presentada en agosto
de 2022 contra las empresas Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG
Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports
(Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); Sprague's Sports, INC. (Yuma).
Según datos de trazabilidad, estas
tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones
criminales en México.
Esta es la segunda demanda de México
en contra de actores de la cadena de comercio de armas.
La primera se presentó en Boston en
2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses, y se
encuentra en etapa de apelación.
“Mientras la demanda en Boston
cuestiona una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y
distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país,
esta segunda demanda atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia
de puntos directos de venta de armas”, indicó la Cancillería.
