“No nos extraña la posición del Poder Judicial en caso Ayotzinapa”, Gobierno federal recrimina liberación de militares
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Lunes 22 de Enero de 2024 8:28 pm
+ -El Gobierno de México indicó que solicitará a la FGR la revisión de las medidas cautelares de los militares y de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión
El Gobierno de México expresó su
coincidencia y suscribió la postura de la Fiscalía General de la República
(FGR), luego de que la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales
en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los
magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández
Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, ordenaran que ocho
militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
A través de la Secretaría de
Gobernación (Segob), el Gobierno de México señaló al Poder Judicial de valerse
de “pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”.
“No nos extraña la posición del Poder
Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades
nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha
dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
“Una vez más el Poder Judicial se
vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos
en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo
Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que
habían sido torturados”, indicó.
Al mencionar a Tomás Zerón de Lucio,
quien se encuentra en Israel, acusó que tampoco han actuado “en contra de
torturadores”.
Denunció además que también
intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, “lo cual se
impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del
Gobierno de México”.
“Ahora, sin ningún fundamento legal,
ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber
participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la
hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera,
seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del
Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad
y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente
políticas”, señaló el Gobierno de México.
“El daño que se ha hecho es
inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de
la verdadera procuración de justicia”, expresó.
Reiteró que para el Gobierno de
México, el Caso Ayotzinapa es un asunto de Estado: “Vamos a pedir a la fiscalía
solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores
de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar
la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero
que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”.
Apuntó que se va a solicitar a la FGR
que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten
todas las líneas de investigación.
El Gobierno de México refrendó su
compromiso con la legalidad y con el derecho a la verdad y la justicia de los
familiares de los estudiantes desaparecidos.
“La búsqueda continuará hasta
encontrarlos”, sentenció.
