AMLO “recicla” Plan B de Reforma Electoral; busca reemplazar al INE y reducir al Congreso
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Lunes 05 de Febrero de 2024 9:59 pm
+ -El Ejecutivo retoma el intento de suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente
En materia electoral, el presidente Andrés Manuel
López Obrador retoma ideas del llamado “Plan B” como reducir el Congreso,
reemplazar al INE por el INEC y elegir a las consejerías y magistrados por voto
popular.
La iniciativa de reforma del Ejecutivo retoma el
intento de suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de
Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente, que asumiría
la función de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
En los artículos transitorios da un plazo de un año
para renovar las consejerías electorales del INEC y las magistraturas del
TEPJF, a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República
tendrán un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor
del presente Decreto para emitir la convocatoria respectiva.
“Para la integración del INEC, se elegirán a siete
personas consejeras y presidirá el organismo aquélla que haya obtenido la mayor
votación. En lo que respecta a la Sala Superior del TEPJF, se elegirán también
a las siete personas magistradas; la presidencia se definirá por elección de
sus integrantes y se ocupará por un periodo de cuatro años”, expone.
En su reforma constitucional, plantea reducir a los
integrantes del Congreso, de modo que queden 300 integrantes en la Cámara de
Diputados y 64 en el Senado.
La elección se realizaría mediante el sistema de mayoría relativa uninominal, votados de manera directa y secreta por la ciudadanía en cada uno de los distritos electorales, y en el caso de la Cámara de Diputados, la representación no puede ser menos a dos legisladores por estado ver.
Otro punto es la elección de consejerías del INE,
magistrados del Tribunal Electoral, ministros y jueces sean elegidos mediante
el 50% financiamiento público para campañas y prerrogativas de partidos
políticos.
Además, propuso reducir del 40% a 30% la participación
en las consultas populares y revocación de mandado, a fin de que los resultados
sean vinculantes.
Amplía el catálogo de temas que no pueden ser
sometidos a consulta popular, incluyendo el sistema fiscal (sus bases, tasas y
tarifas), así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia
Nacional.
En cambio, plantea que sí puedan ser objeto de
discusión la materia electoral y a las obras de infraestructura en ejecución.
Otros puntos son la disminución de los regidores a
nivel municipal, así como reducir el “uso excesivo” de estructuras burocráticas
electorales.
Busca elevar a rango constitucional el uso de
tecnologías de la información para impulsar el voto electrónico, aunque
advierte que antes de implementarlo en su totalidad “se deberán ensayar tanto
diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y
encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con
tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que
brinden certeza a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los
votos”.
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