Gobierno de AMLO propone reforma constitucional para garantizar abasto de medicamentos que su gobierno no ha cumplido desde 2019
Martes 06 de Febrero de 2024 8:05 am
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El Gobierno
Federal propuso hacer cambios a la Constitución para garantizar el derecho a la
salud, abasto de medicamentos y terapias, a los derechos para los pueblos
indígenas y bajar el requisito de edad para recibir la pensión de adultos
mayores, aunque dentro del paquete de 20 reformas enviado al Congreso se
incluyeron derechos que ya se encuentran en la carta magna.
Destaca la
propuesta de cambiar el artículo 4° constitucional para garantizar el derecho a
la salud, aunque la propia exposición de motivos señala que este gobierno ya
había hecho una reforma en esa materia en 2020.
En esa
ocasión, el gobierno propuso que se garantizara a todas las personas el
“derecho a la protección de la salud” y se especificó que la ley general de
salud definiría cuáles serían las bases y modalidades para que los ciudadanos
tuvieran acceso a los servicios.
Con la nueva
propuesta el artículo 4° quedaría así: “toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. El Estado garantizará atención médica integral,
universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y
los medicamentos necesarios”.
Así,
correspondería a las instituciones públicas garantizar el abasto de
medicamentos, asignación de cirugías y terapias, algo que no se ha podido
concretar en este gobierno.
Para
aumentar la cantidad de personas que reciben pensión para adultos mayores se
pretende hacer otro cambio al artículo 4°; la propuesta es bajar la edad de las
personas que reciben ese estímulo, de 68 a 65 años.
También se
busca elevar a rango constitucional la pensión para personas discapacitadas que
se entregaría hasta los 64 años y, a partir de los 65, se les entregaría la de
adultos mayores.
Ya en este
gobierno, también en agosto pero de 2019, se reformó nuevamente el artículo 2°
para agregar un apartado en el que se reconoce los derechos de los pueblos y
comunidades afromexicanas.
La
iniciativa propone que los pueblos indígenas y afromexicanos sean consultados
cuando se construyan obras en sus territorios, lo que no se hizo en el Tren
Maya; algunos de los amparos que han detenido las obras se otorgaron al
demostrarse que los pueblos no fueron informados ni consultados sobre las
implicaciones de estas.
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