Ocho de las 20 reformas de AMLO ponen en riesgo la competitividad: IMCO
Foto Agencia
Martes 06 de Febrero de 2024 6:20 pm
+ -El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis de ocho de las veinte iniciativas referentes a las pensiones, educación, salario mínimo, empleo, órganos autónomos, poder judicial, político-electoral, así como agua y energía
Tras la presentación del paquete de reformas constitucionales
del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) realizó un análisis de ocho de las 20 iniciativas y
alertó que las referentes a las pensiones, educación, salario mínimo, empleo,
órganos autónomos, poder judicial, político-electoral, así como agua y energía
ponen en riesgo la competitividad.
Al respecto, el Instituto señaló que la reforma al
sistema de pensiones, que propone un fondo de retiro del 100% del último
salario de las personas trabajadoras hasta por un monto de 16 mil 777 pesos con
68 centavos, reduce la edad para exigir una pensión no contributiva, lo cual
crea el Fondo de Pensiones Bienestar financiado con recursos del Gobierno
Federal y atenta al objetivo del sistema de ahorro para el retiro, que es
garantizar la sostenibilidad fiscal del país. “Las pensiones ya representan 22%
del gasto total del sector público federal”, advirtió.
En relación con el salario mínimo, el incremento de
éste, ligado con la inflación, pueden ser un aliciente para la informalidad, la
generación de empleos y ejercer presión sobre los costos para los productores e
influya en la contratación informal.
Por su parte, el programa Jóvenes Construyendo el
Futuro, que busca promover la inserción al mercado laboral por medio de
capacitaciones a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, cuenta
con 2.95 millones de personas beneficiarias (58% mujeres y 42% hombres), de
acuerdo con la la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y ha sido
señalado por su falta de transparencia e inconsistencias relacionadas con el
padrón de becarios al igual que irregularidades en el gasto.
Por tanto, el IMCO concluyó que “se seguirán
destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a
la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada”.
Los órganos autónomos funcionan para la efectividad
gubernamental, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas; por
ello, sus funciones no son fáciles de transferir a otras instituciones. La
propuesta es de eliminar tres órganos constitucionales autónomos (INAI, Cofece,
IFT), dos órganos reguladores coordinados (CRE, CNH) y dos organismos
descentralizados que cuentan con autonomía (Mejoredu y Coneval).
No obstante, el IMCO indicó que “la transferencia de
funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y
telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el
marco del T-MEC (...) de eliminarse el IFT se incumpliría el capítulo 18 del
T-MEC, que establece las obligaciones del organismo regulador de
telecomunicaciones, que debe garantizarse por cada una de las partes del
Tratado”.
Asimismo, con la eliminación del INAI se daría un
retroceso en materia de transparencia. Por último, referente al CRE y la CNH,
la reforma implicaría una concentración de funciones especializadas de
regulación en una secretaría de Estado, cuya imparcialidad sería cuestionable,
aseguró.
En lo que toca a la reforma del Poder Judicial, que
propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos
organismos: uno de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial
en el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los
magistrados de circuito, jueces de distrito, y magistrados del Tribunal de
Disciplina Judicial serían elegidos de manera directa por la ciudadanía, el
Instituto Mexicano para la Competitividad previno que, con esto, se atentaría
contra la independencia del Poder Judicial y también implicaría un retroceso en
materia de profesionalización del Poder Judicial.
En tanto que, la reforma electoral “sugiere que el
INEC, con la estructura descentralizada que posee el INE actualmente -a través
de las Juntas repartidas en los distritos electorales (300) y en cada entidad
(32)-, sea la que lleve a cabo los procesos electorales locales con mayor
homologación”. Con la “eliminación de los cargos plurinominales reafirma el
poder del grupo dominante electoralmente, lo que deja a partidos con menos
representación sin voz en el espectro político”, dijo.
Por último, las reformas energética y de agua que
buscan, respectivamente, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá
prevalencia sobre sus contrapartes privados en el sector eléctrico y en
cuestión del agua cancelar las concesiones para usos distintos al doméstico en
zonas con baja disponibilidad, el IMCO enumeró seis implicaciones capitales
para el manejo de los recursos naturales y la política energética del país:
· Las reformas enviarían
un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones
directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional
como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el
estado de derecho.
· Al desincentivar la
entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan
los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos.
· Favorecer a la CFE por
criterios políticos tendría un impacto negativo en la transición energética al
reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías
renovables.
· Eliminar los mecanismos
de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica
(asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o
Fibra E) obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital
necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes.
· Eliminar el mandato de
la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su
propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de
lucro permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda
pública.
· La redacción de las
modificaciones al artículo 27 abre la puerta no solo a la prohibición de nuevas
concesiones de agua para uso industrial, sino también para uso agropecuario, lo
que impactaría al sector en zonas afectadas por sequías.
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