AMLO da al Fonatur hasta el 12 de septiembre para que entregue la administración del Tren Maya a la Sedena
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Sábado 02 de Marzo de 2024 12:30 pm
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Este sábado se publicó un decreto en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) en el que se establece que Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.
debe entregar a más tardar el próximo 12 de septiembre el proyecto del Tren
Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El decreto, firmado por el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, establece que la entrega se debe de hacer a la empresa
Tren Maya, S.A. de C.V., que está a cargo de la Sedena, para continuar con la
construcción, operación, explotación y prestación del servicio público de
transporte ferroviario, de carga y de pasajeros y servicios auxiliares.
El decreto publicado en la edición vespertina del viernes
del DOF también señala que en la entrega del Tren Maya quedan exceptuados “los
Centros de Atención a Visitantes y los bienes relacionados con el Programa de
Mejoramiento de Zonas Arqueológicas que deben entregarse al Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), para su operación y administración.
Asimismo, queda exceptuado “la infraestructura pública
desarrollada para el alojamiento y hospedaje debe entregarse al Grupo Aeroportuario,
Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de
C.V. (operada por la Sedena) para su operación y administración”.
“La referida entrega debe realizarse mediante los
procedimientos jurídicos y administrativos que correspondan, conforme al
presente decreto, a los lineamientos expedidos para tal efecto y demás
disposiciones jurídicas aplicables”.
El documento también establece que la entrega estará bajo
la supervisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 785.2 millones de pesos de
presuntos daños a la Hacienda Pública en auditorías realizadas a la
construcción en los siete tramos del Tren Maya.
La ASF reportó pagos en exceso, deficiente planeación,
pagos no justificados por liberar derecho de vía, trabajos que no cumplen con
lo indicado, así como falta de acreditación de su programa de vigilancia
ambiental y del proyecto.
