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Frenan Cabildos reforma al Tribunal Administrativo



Sábado 01 de Junio de 2024 8:31 am

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Cinco Ayuntamientos rechazaron enmienda al artículo 77 constitucional

Cinco ayuntamientos rechazaron la reforma constitucional iniciada por el Gobierno del Estado, misma que pretendía incrementar de tres a cinco el número de magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En sus respectivas sesiones, los Cabildos de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Comala e Ixtlahuacán rechazaron la enmienda al artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

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Dicha reforma contempla el incremento de magistrados del TJA hasta llegar a cinco integrantes, debido a “la excesiva carga de trabajo” en ese organismo que dirime conflictos entre particulares e instituciones, además que impone sanciones administrativas a funcionarios, por actos de corrupción.

Los Ayuntamientos que rechazaron la enmienda constitucional son gobernados por el PRI-PAN, así como por el Partido Encuentro Solidario (PES), en el caso del municipio de Ixtlahuacán.

Si una reforma a la Constitución local “no obtiene el voto de las dos terceras partes de los diputados o la aprobación de los ayuntamientos, se entenderá desechado el proyecto de ley respectivo”, establece el artículo 129 del máximo ordenamiento local.

En la discusión y aprobación del dictamen de reforma al artículo 77 constitucional, diputados de oposición señalaron que tal modificación no está justificada, pues es innecesario aumentar el número de diputados.

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Señalaron que, en todo caso, es necesario contratar más personal que permita desahogar los expedientes que no han sido analizados, sobre todo aquellos que tienen que ver con actos de corrupción institucional.

También expresaron que con la ampliación del número de magistrados, la administración estatal busca el control de ese organismo que actualmente tiene una mayoría de magistrados nombrados durante la gestión que concluyó en 2021.

Luego de que la mitad de los Ayuntamientos rechazaron la reforma constitucional que había sido aprobada por mayoría calificada en el Congreso del Estado, serán los diputados quienes tengan que determinar lo procedente.

Mario Alberto Solís Espinosa



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