Padres de Ayotzinapa se quedan con una promesa incumplida
Foto Facebook Tlachinollan
Jueves 26 de Septiembre de 2024 7:34 am
+ -A una década de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el presidente López Obrador acusó a El Gil y a la periodista Anabel Hernández de entorpecer la resolución del caso
Con la promesa de esclarecer el caso, el presidente Andrés
Manuel López Obrador abanderó la causa de los 43 estudiantes desaparecidos de
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” durante su campaña presidencial.
A una década de la desaparición forzada de los 43
normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada
del 27 de septiembre de 2014, lo único tangible es el “Memorial a los 43”.
Las familias siguen en la búsqueda de justicia y verdad,
mientras el caso ha desnudado los profundos vínculos entre las autoridades, el
crimen organizado y la impunidad que permea el sistema judicial del país.
Ni la llamada “Verdad Histórica”, promovida por el
exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ni la versión del
“crimen de Estado” que presentó el entonces subsecretario de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez, han sido suficientes para resolver el caso.
El 26 de septiembre de 2014, la policía de Iguala detuvo a
los estudiantes y, según las primeras versiones, los entregaron al cártel local
Guerreros Unidos. De acuerdo a la investigación inicial de la entonces
Procuraduría General de la República (PGR), los estudiantes desaparecidos
fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, narrativa que fue
conocida como la “Verdad Histórica”. Sin embargo, esta versión fue ampliamente
cuestionada debido a inconsistencias y falta de pruebas concluyentes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) realizaron
descubrimientos importantes, como la identificación de restos de Christian
Alfonso Rodríguez Telumbre en un lugar diferente al basurero de Cocula, lo que
desmiente la versión oficial. Sin embargo, los avances parecen haberse detenido
desde 2021, cuando se comenzó a investigar al Ejército, debido a la negativa
del gobierno federal a culpar a las Fuerzas Armadas.
El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos,
Vidulfo Rosales, denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se
niega a entregar archivos cruciales que podrían esclarecer el destino de los
estudiantes, manteniendo el caso en un punto muerto.
López Obrador, aunque ordenó que se entregaran los archivos
resguardados por la Sedena y la extinta Policía Federal, al final respaldó el
silencio de los militares, ya que se ha dedicado todo su sexenio a buscar la
lealtad de las Fuerzas Armadas.
La mañana del 6 de marzo de este año, normalistas y
familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa intentaron
ingresar por la fuerza a Palacio Nacional, exigiendo ser recibidos por el
presidente López Obrador.
Utilizando una camioneta de la Comisión Federal de
Electricidad, el grupo intentó derribar la puerta No. 1 del recinto, causando
daños y rompiendo ventanas, pero no logró entrar debido a la activación de un
cerco metálico.
Aunque el presidente continuó su conferencia sin
interrupciones, fue informado por una reportera sobre la protesta y la demanda
del grupo, que asegura no haber sido recibido desde septiembre de 2023,
manteniendo un plantón de varios días en el Zócalo de la Ciudad de México.
El mandatario López Obrador respondió que el subsecretario
atendería a los manifestantes, pero él no se reuniría con ellos por el momento,
argumentando que aún se estaban llevando a cabo investigaciones.
Consideró que la reunión podría darse en 15 ó 20 días más,
cuando hubiera más pruebas sobre la manipulación de información y las
responsabilidades de los abogados y organizaciones que, según el mandatario,
buscan confrontar a su gobierno.
El presidente acusó a estos grupos de usar el caso como
“bandera” en su contra, negando que el gobierno busque dividir a los familiares
y normalistas, y reafirmó su compromiso de encontrar a los estudiantes.
El 9 de mayo, los ocho militares imputados por la FGR como
presuntos responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada
y desaparición forzada en el caso fueron liberados por orden judicial. En enero
pasado, a los soldados se les había otorgado la libertad provisional por
primera vez tras cubrir el pago de una garantía por 50 mil pesos, pero al mes
siguiente se les dictó auto de formal prisión acusados de delincuencia
organizada.
La liberación de los militares implicados hizo que el 14 de
mayo un grupo de jóvenes arrojara explosivos caseros contra la fachada de
Palacio Nacional e hiriendo a 26 policías, hecho que el titular del Ejecutivo
calificó como “acciones de provocación”.
Los jóvenes, compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa, buscaban presionar a López Obrador para que se reuniera con
ellos y desbloqueara la investigación, estancada por la negativa del Ejército a
entregar documentos clave, con el respaldo del mandatario.
López Obrador también anunció que impugnaría la libertad
provisional otorgada a los ocho militares implicados en el secuestro de los
normalistas, acusados de desaparición forzada y colaboración con el grupo
Guerreros Unidos. La jueza Raquel Duarte Cedillo concedió su liberación a pesar
del riesgo de fuga, bajo fianza y otras medidas cautelares. El presidente vinculó
esta decisión con las elecciones, acusando al Poder Judicial de favorecer al
“bloque conservador”.
Los disturbios se suman a una serie de hechos violentos
relacionados con el caso Ayotzinapa, incluyendo ataques en la Fiscalía de
Guerrero, la quema de la sede del Poder Ejecutivo del Estado, el asesinato de
un normalista por un policía y la renuncia de altos funcionarios en Guerrero.
A pesar de los esfuerzos de López Obrador, la tensión entre
las familias de los desaparecidos y el gobierno continúa, y la propuesta del
presidente de reunirse con las familias el 3 de junio no fue suficiente para
calmar los ánimos.
El 26 de junio pasado, en otra Mañanera, López Obrador
anunció que entregaría su propio informe sobre Ayotzinapa a los padres de los
43 estudiantes y deslindó al Ejército al señalar que “no hay pruebas” en su
contra.
El 21 de julio, se dio a conocer que el presidente exoneró
al Ejército por el caso en el informe que entregó a familiares de los 43
desaparecidos. En el texto, el mandatario denunció una “venganza” en contra de
las Fuerzas Armadas, y aseguró que “nunca hemos dejado de buscar a los
jóvenes”.
El martes, 24 de septiembre, en una manifestación frente al
Senado de la República, padres de los normalistas de Ayotzinapa, acompañados de
la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y otras
organizaciones, protestaron por la falta de resultados y justicia para el caso.
Además, acusaron que el presidente López Obrador es igual
que Enrique Peña Nieto, por no cumplir su promesa de hallar a los estudiantes.
Por la noche del martes, en su segundo reporte alusivo a la
“Noche de Iguala” sobre el caso, liberado a pocas horas de que se cumpla una
década de la desaparición forzada de los 43, el presidente López Obrador acusó
al narcotraficante Gildardo López Astudillo, El Gil, y a la periodista Anabel
Hernández de entorpecer la resolución del caso Ayotzinapa.
Ni la “Verdad Histórica”, del gobierno de Enrique Peña
Nieto, ni la versión del “crimen de Estado”, ambas narrativas provenientes del
propio Estado, que intentaron explicar los hechos, llegaron a la verdad que
exigen las familias de las víctimas.
Las promesas vacías y los discursos no han llevado a
ninguna resolución concreta, perpetuando la impunidad y el sufrimiento de
quienes claman por saber la verdad y castigar a los responsables.
¿Cuánto tiempo más pasará para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia? Hoy más que nunca, resuena en todas partes: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO
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