Padres de Ayotzinapa se quedan con una promesa incumplida

Jueves 26 de Septiembre de 2024 7:34 am

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A una década de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el presidente López Obrador acusó a El Gil y a la periodista Anabel Hernández de entorpecer la resolución del caso

Con la promesa de esclarecer el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó la causa de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” durante su campaña presidencial.

A una década de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, lo único tangible es el “Memorial a los 43”.

Las familias siguen en la búsqueda de justicia y verdad, mientras el caso ha desnudado los profundos vínculos entre las autoridades, el crimen organizado y la impunidad que permea el sistema judicial del país.

Ni la llamada “Verdad Histórica”, promovida por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ni la versión del “crimen de Estado” que presentó el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, han sido suficientes para resolver el caso.

El 26 de septiembre de 2014, la policía de Iguala detuvo a los estudiantes y, según las primeras versiones, los entregaron al cártel local Guerreros Unidos. De acuerdo a la investigación inicial de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), los estudiantes desaparecidos fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, narrativa que fue conocida como la “Verdad Histórica”. Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada debido a inconsistencias y falta de pruebas concluyentes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) realizaron descubrimientos importantes, como la identificación de restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en un lugar diferente al basurero de Cocula, lo que desmiente la versión oficial. Sin embargo, los avances parecen haberse detenido desde 2021, cuando se comenzó a investigar al Ejército, debido a la negativa del gobierno federal a culpar a las Fuerzas Armadas.

El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a entregar archivos cruciales que podrían esclarecer el destino de los estudiantes, manteniendo el caso en un punto muerto.

López Obrador, aunque ordenó que se entregaran los archivos resguardados por la Sedena y la extinta Policía Federal, al final respaldó el silencio de los militares, ya que se ha dedicado todo su sexenio a buscar la lealtad de las Fuerzas Armadas.

La mañana del 6 de marzo de este año, normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa intentaron ingresar por la fuerza a Palacio Nacional, exigiendo ser recibidos por el presidente López Obrador.

Utilizando una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, el grupo intentó derribar la puerta No. 1 del recinto, causando daños y rompiendo ventanas, pero no logró entrar debido a la activación de un cerco metálico.

Aunque el presidente continuó su conferencia sin interrupciones, fue informado por una reportera sobre la protesta y la demanda del grupo, que asegura no haber sido recibido desde septiembre de 2023, manteniendo un plantón de varios días en el Zócalo de la Ciudad de México.

El mandatario López Obrador respondió que el subsecretario atendería a los manifestantes, pero él no se reuniría con ellos por el momento, argumentando que aún se estaban llevando a cabo investigaciones.

Consideró que la reunión podría darse en 15 ó 20 días más, cuando hubiera más pruebas sobre la manipulación de información y las responsabilidades de los abogados y organizaciones que, según el mandatario, buscan confrontar a su gobierno.

El presidente acusó a estos grupos de usar el caso como “bandera” en su contra, negando que el gobierno busque dividir a los familiares y normalistas, y reafirmó su compromiso de encontrar a los estudiantes.

El 9 de mayo, los ocho militares imputados por la FGR como presuntos responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso fueron liberados por orden judicial. En enero pasado, a los soldados se les había otorgado la libertad provisional por primera vez tras cubrir el pago de una garantía por 50 mil pesos, pero al mes siguiente se les dictó auto de formal prisión acusados de delincuencia organizada.

La liberación de los militares implicados hizo que el 14 de mayo un grupo de jóvenes arrojara explosivos caseros contra la fachada de Palacio Nacional e hiriendo a 26 policías, hecho que el titular del Ejecutivo calificó como “acciones de provocación”.

Los jóvenes, compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, buscaban presionar a López Obrador para que se reuniera con ellos y desbloqueara la investigación, estancada por la negativa del Ejército a entregar documentos clave, con el respaldo del mandatario.

López Obrador también anunció que impugnaría la libertad provisional otorgada a los ocho militares implicados en el secuestro de los normalistas, acusados de desaparición forzada y colaboración con el grupo Guerreros Unidos. La jueza Raquel Duarte Cedillo concedió su liberación a pesar del riesgo de fuga, bajo fianza y otras medidas cautelares. El presidente vinculó esta decisión con las elecciones, acusando al Poder Judicial de favorecer al “bloque conservador”.

Los disturbios se suman a una serie de hechos violentos relacionados con el caso Ayotzinapa, incluyendo ataques en la Fiscalía de Guerrero, la quema de la sede del Poder Ejecutivo del Estado, el asesinato de un normalista por un policía y la renuncia de altos funcionarios en Guerrero.

A pesar de los esfuerzos de López Obrador, la tensión entre las familias de los desaparecidos y el gobierno continúa, y la propuesta del presidente de reunirse con las familias el 3 de junio no fue suficiente para calmar los ánimos.

El 26 de junio pasado, en otra Mañanera, López Obrador anunció que entregaría su propio informe sobre Ayotzinapa a los padres de los 43 estudiantes y deslindó al Ejército al señalar que “no hay pruebas” en su contra.

El 21 de julio, se dio a conocer que el presidente exoneró al Ejército por el caso en el informe que entregó a familiares de los 43 desaparecidos. En el texto, el mandatario denunció una “venganza” en contra de las Fuerzas Armadas, y aseguró que “nunca hemos dejado de buscar a los jóvenes”.

El martes, 24 de septiembre, en una manifestación frente al Senado de la República, padres de los normalistas de Ayotzinapa, acompañados de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y otras organizaciones, protestaron por la falta de resultados y justicia para el caso.

Además, acusaron que el presidente López Obrador es igual que Enrique Peña Nieto, por no cumplir su promesa de hallar a los estudiantes.

Por la noche del martes, en su segundo reporte alusivo a la “Noche de Iguala” sobre el caso, liberado a pocas horas de que se cumpla una década de la desaparición forzada de los 43, el presidente López Obrador acusó al narcotraficante Gildardo López Astudillo, El Gil, y a la periodista Anabel Hernández de entorpecer la resolución del caso Ayotzinapa.

Ni la “Verdad Histórica”, del gobierno de Enrique Peña Nieto, ni la versión del “crimen de Estado”, ambas narrativas provenientes del propio Estado, que intentaron explicar los hechos, llegaron a la verdad que exigen las familias de las víctimas.

Las promesas vacías y los discursos no han llevado a ninguna resolución concreta, perpetuando la impunidad y el sufrimiento de quienes claman por saber la verdad y castigar a los responsables.

¿Cuánto tiempo más pasará para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia? Hoy más que nunca, resuena en todas partes: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

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Sandra Patricia SEVILLA TRUJILLO

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